Las críticas siguen sumando, principalmente a que el Consejo de Participación, un organismo tan cuestionado y con vínculos políticos tan expresos, tenga la última palabra. Los abogados piden que se los reciba para exponer sus observaciones.

POR: Hugo Constante

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, aseguró que el reglamento del concurso para la designación del Fiscal General del Estado está sujeto a una revisión técnica por parte de la Coordinación General Jurídica del organismo. Fantoni indicó  que el objetivo es que el documento cumpla con todos los estándares normativos, previo a su publicación en el Registro Oficial.

El pasado 11 de septiembre, el Pleno del Consejo aprobó el reglamento que regirá el desarrollo del concurso, como fases, requisitos, inhabilidades, puntajes, entre otros. Sin embargo, varios abogados, colectivos y gremios han cuestionado algunos aspectos del reglamento. La Federación Nacional de Abogados y el Colegio de Abogados de Pichincha han solicitado a Fantoni una audiencia para tratar temas relativos a los reglamentos de designación de autoridades, veedurías ciudadanas y la participación activa de los profesionales del Derecho y de la Academia en estos procesos de selección. 

Por su parte, el colectivo Juristas por la Democracia envió un oficio al Consejo en el que aseguran que el reglamento no aporta para la designación de un Fiscal General con un perfil de elevados méritos académicos y profesionales, por lo que también piden ser recibidos por el Pleno para detallar sus sugerencias de reforma. El oficio está firmado por 16 abogados de este colectivo, que se autodefine como una iniciativa que busca generar ideas para fortalecer el Sistema de Justicia Ecuatoriano.

Por esa falta de claridad en la construcción del reglamento, según manifiestan, presentaron una petición de acceso a la información pública, para que se les entregue el detalle de todos los proyectos de reglamento que se presentaron al Pleno y sus textos íntegros, los nombres y hojas de vida de los integrantes de quienes redactaron el reglamento aprobado, los videos de las sesiones o reuniones que se hayan desarrollado para la construcción del documento. 

El Consejo aprobó una resolución para que se solicite a Marcela Estrella que explique si firma el oficio a título personal o a nombre del colectivo, antes de cumplir con lo solicitado. 

Fantoni recordó que fueron tres proyectos los que se presentaron para la elaboración del reglamento de consenso. “Nuestro compromiso es con la transparencia y el acceso a la información pública. Como Consejo somos guardianes de la participación ciudadana y la transparencia institucional”, dijo. Pero defendió la potestad del organismo de elaborar la normativa para los concursos. “Es atribución exclusiva de este Consejo aprobar los actos normativos que regulan cada proceso de selección de autoridades”, manifestó Fantoni.

Preocupaciones puntuales

Anabell Guerrero, abogada en libre ejercicio, tiene una gran preocupación de inicio: el que sea el Pleno del Consejo el que tenga la última palabra en el proceso de designación. Y su preocupación nace porque considera que el Consejo ha sufrido un desgaste muy fuerte, ha perdido credibilidad y se ha debilitado institucionalmente producto de sus permanentes pugnas internas. “Es un Consejo con permanentes mayorías móviles, que no son independientes, no responden a la ciudadanía. A lo largo de su trayectoria nos ha demostrado que quien ocupa una consejería no está libre de vínculos políticos”, dijo Guerrero. En cuanto a la construcción del reglamento, considera que la gran falencia que presenta es que el Consejo de Participación Ciudadana no dio paso a una construcción participativa del reglamento; es decir, no se contó con gremios, colectivos, federaciones, juristas o académicos para que, por lo menos, aporten con observaciones. Por lo que considera que el reglamento tiene que ser reformado, ya que, “tal como está, no sirve para tener un Fiscal con legitimidad, con ética, capacidad y conocimiento”. 

Mientras que el colectivo Juristas por la Democracia tiene nueve observaciones, entre ellas  que se establezcan criterios de acción afirmativa que no favorecen a grupos tradicionalmente excluidos, como las mujeres, inobservando el principio de paridad. 

Y desde todos los sectores encuentran una gran contradicción en el reglamento: por un lado se prohíbe postularse a abogados que hayan patrocinado causas relacionadas con el crimen organizado, pero, por otro, no se prohíbe la participación de quienes tengan abiertos procesos relacionados con esos casos. La prohibición expresa es para quienes hayan sido sancionados con sentencia condenatoria ejecutoriada por algún delito contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. Esta contradicción en el reglamento, dicen los abogados, abre la puerta para que personas que carecen de probidad notoria sean Fiscal General. “Así, una persona procesada en casos de corrupción o crimen organizado podría llegar al cargo, pues se impide la participación solamente cuando ya la persona tiene una condena en firme”, indican los juristas. 

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