Las dudas que se han generado en torno al concurso para la Corte Nacional de Justicia llevan al Colegio de Abogados de Pichincha a hablar de poca transparencia, no sólo por el tema de las pruebas de confianza, sino también otros aspectos.

El Colegio de Abogados de Pichincha exigió al Consejo de la Judicatura que declare de manera inmediata la anulación total del concurso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia. 

El proceso de selección pasó la fase de pruebas de confianza, pero está en suspenso, ya que sería una empresa “fantasma” la que realizó dicha pruebas, por lo que el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, presentó una denuncia ante la Contraloría para que realice una auditoría a Métricas Web, responsable de las pruebas del concurso de méritos y oposición. 

Anabell Guerrero, vicepresidenta del gremio de abogados, aseguró que el sistema de justicia vive una crisis sin precedentes que no ha podido ser superada. Recordó que la Justicia ha sido permeada por intereses políticos y grupos de delincuencia organizada y que ahora se presenta un concurso lleno de irregularidades, no sólo en la realización de las pruebas de confianza. “Quiero recordarle al país que el anterior concurso que se realizó, cuando Wilman Terán ejercía la presidencia de la Judicatura, también fue viciado y nosotros presentamos una acción de protección para que ese concurso fuera declarado nulo. Hoy este nuevo concurso, lamentablemente, también tiene irregularidades”, dijo Guerrero. 

Agregó que no hay una sola fase en la que no se hayan detectado errores, irregularidades administrativas o hasta presunción del cometimiento de delitos como concusión por parte de funcionarios del  Consejo de la Judicatura.

Otros cuestionamientos 

El abogado Gonzalo Realpe aseguró que es uno de los afectados por las irregularidades. Informó que postuló al cargo de juez nacional tanto en el proceso que estuvo a cargo de la Judicatura presidida por Terán como en la que estuvo presidida por Álvaro Román, pero que fue eliminado por una palabra omitida en su declaración juramentada, lo cual fue subsanado rápidamente, pero no le permitieron continuar en el proceso, cuando había postulantes con peores omisiones a los cuales se les dejó continuar. “Soy una víctima directa de las irregularidades de este concurso”, declaró Realpe. 

El también abogado Ciro Guzmán aseguró que el concurso estuvo “manchado” desde el inicio, llegando al punto de que algunos concursantes fueron beneficiados con puntajes que subieron de un momento a otro y mientras otros con mejores calificaciones fueron eliminados del proceso. “Todo esto es escandaloso”, dijo Guzmán. 

Los abogados coincidieron en señalar que la Corte Nacional de Justicia necesita magistrados probos, que se hayan ganado el derecho de ejercer la más alta magistratura a través de un concurso límpido e imparable. Añadieron que la declaratoria de nulidad debe ser inmediata y no esperar los resultados del examen que realice la Contraloría. 

Indicaron que un nuevo concurso debe llevarse a cabo con la vigilancia de una veeduría ciudadana independiente conformada por delegados de la Federación de Abogados del Ecuador y de la Academia. 

Por su parte, el Pleno de la Judicatura resolvió que los informes sobre la prueba teórica regresen a las áreas técnicas, hasta que haya un pronunciamiento de la Contraloría.

La Contraloría informó que ya emitió la orden de trabajo para el inicio del examen especial a la selección del proveedor para contratar el servicio de un aplicativo web para la implementación de las pruebas de competencias laborales y de honestidad en el Consejo de la Judicatura. El examen especial se realizará sobre el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y 15 de agosto de 2024. 

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