La jueza electoral Ivonne Coloma considera que se ha probado que la vicepresidenta, Verónica Abad, utilizó en 2022 sus redes sociales para promocionar de manera anticipada su candidatura a la Alcaldía de Cuenca. ¿Cuál es la situación de la segunda mandataria?
POR: Hugo Constante
El uso de redes sociales por parte de Verónica Abad para promocionar su candidatura a la Alcaldía de Cuenca, para las elecciones seccionales de 2013, fue sancionado por la jueza electoral, Ivonne Coloma, con una multa equivalente a 20 salarios básicos (8.500 dólares).
La Vicepresidenta de la República tiene 30 días para pagar la multa impuesta, aunque aún puede apelar la sentencia, ya que es de primera instancia.
El proceso
La denuncia en contra de Abad fue interpuesta por el consejero de Participación Ciudadana Juan Esteban Guarderas, por infracción electoral grave, por actos de precampaña.
En su sentencia, Coloma asegura que quedó probado que la denunciada efectuó actos de campaña anticipada en sus redes sociales, por lo que le impone la multa máxima prevista en el artículo 278 del Código de la Democracia, pero sin llegar a la suspensión de sus derechos de participación por dos años, como lo había solicitado Guarderas en su denuncia.
El consejero aseguró que Abad, en su calidad de candidata a la Alcaldía de Cuenca, realizó múltiples publicaciones y actividades de promoción electoral a través de sus redes sociales Facebook e Instagram antes del inicio oficial del periodo de campaña electoral, lo que le otorgó, según el denunciante, una ventaja indebida sobre sus competidores y vulneró los principios de equidad y transparencia que deben regir el proceso electoral.
Durante la audiencia oral de pruebas y alegatos, el denunciante presentó publicaciones en Instagram y en Facebook donde Abad aparece en videos difundidos entre el 6 y el 31 de diciembre de 2022, promocionando su imagen con frases como “En nuestras manos está el poder para poder cambiar la historia de nuestra ciudad”, “Verónica Abad, alcalde”, ”liderazgo, empatía, potencia”, entre otras. La campaña electoral para las elecciones seccionales de 2023 se cumplió formalmente entre el 3 de enero y el 2 de febrero de 2023, según el calendario electoral vigente para ese proceso.
Por su parte, la defensa de Abad argumentó que las pruebas presentadas carecían de validez y que se limitaron a la exhibición de enlaces sin detallar cada uno de los elementos probatorios necesarios para respaldar la denuncia. Además, argumentó que los mensajes no constituían propaganda porque no establecían una ideología o plan de trabajo.
La decisión
Con todos los elementos expuestos durante la audiencia de pruebas y alegatos, Coloma concluye que las publicaciones de Abad de esa época, como candidata a la Alcaldía de Cuenca, utiliza eslóganes y frases propias de una campaña electoral; emplea símbolos, colores y logotipos identificativos de su candidatura y emite mensajes dirigidos al electorado con el propósito de influir en sus preferencias y captar votos a su favor.
“Es importante señalar que la conducta de la denunciada no constituyó un hecho aislado, sino una serie de acciones reiteradas en diferentes fechas, lo cual evidencia tanto un desconocimiento de la normativa electoral, como una omisión a las reglas establecidas por el órgano rector en dicha materia”, señala la sentencia.
La situación
Aparte de esta sentencia, que todavía puede ser apelada, la Vicepresidenta de la República tiene aún dos denuncias en su contra en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE): la de la canciller, Gabriela Sommeferld, y la de la asesora presidencial Diana Jácome. Los dos casos son por violencia política de género y, aparte de la multa, las denunciantes piden que se les suspendan los derechos de participación. Las causas todavía están en trámite en el órgano de justicia electoral. Además, Abad tiene abierto un sumario administrativo por parte del Ministerio del Trabajo.
A su vez, Abad también presentó una denuncia por violencia política de género en contra del presidente de la República, Daniel Noboa; Esteban Torres, a esa fecha viceministro de Gobierno; y en contra de Sommerfeld y Jácome, que tampoco se han resuelto.
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