Los abogados del presidente, Daniel Noboa, aseguraron en la audiencia ante el TCE que las pruebas presentadas no tienen ese componente de “género”, que es el eje de las acusaciones. Su misión a Israel es el origen de todo este conflicto. 

POR: Hugo Constante

Haberla mandado en un exilio forzoso a Israel, un país que está en guerra; subordinarle a la autoridad de la canciller, Gabriela Sommerfeld; retirarle la seguridad en territorio extranjero; generar una tendencia para evitar que le reemplace en el cargo por ausencia temporal; ordenar su traslado a Turquía para impedir que ejerza sus funciones son parte de las ocho acusaciones que la vicepresidenta, Verónica Abad, presentó en contra del presidente, Daniel Noboa, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). 

La audiencia de pruebas y alegatos se desarrolló hoy y estuvo presidida por el juez electoral Guillermo Ortega. La acusación en general es por presunta violencia política de género, que constituye una infracción electoral muy grave. 

La audiencia 

Durante la presentación de pruebas de cargo, Damián Armijos, abogado de Abad, presentó una serie de notas de prensa que detallan la situación que se vive en Israel por el conflicto que mantiene con Hamás. Las notas de prensa internacional hacen referencia al número de ataques en esa región, de fallecidos, heridos y daños materiales. De igual manera notas referentes a que países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Dinamarca, España, entre otros, ordenaron la evacuación de sus ciudadanos que estaban en Israel por la gravedad de la situación en esa región. 

Para Armijos, fue evidente que Noboa tenía pleno conocimiento de la situación en ese país, y que, a pesar de eso, ordenó a Abad que se hiciera presente físicamente para desempeñarse como “embajadora por la paz”, en una evidente maniobra, según el abogado, para evitar que ejerza sus funciones como vicepresidenta y, evidentemente, pueda reemplazarlo por ausencia temporal. Noboa es candidato a la reelección y aún está en discusión si debe o no pedir licencia en enero, durante la campaña electoral.

“Buscó intimidarle para que no se trasladara a un país en situación de guerra y renuncie al cargo”, manifestó Armijos. Para sustentar otras acusaciones presentó decretos ejecutivos. Por ejemplo, el referente a la reestructuración de la Vicepresidencia. Armijos argumentó que cada una de esas actuaciones de Noboa constituyeron violencia política de género. 

Por su parte, Mercedes Mediavilla, abogada de Noboa, pidió que las pruebas sean declaradas inadmisibles, inútiles e impertinentes, ya que no tienen el componente de “género”; es decir, que los hechos estén relacionados  a su condición de mujer. “La violencia política contra las mujeres comprende todas las acciones u omisiones de personas, servidores públicos que se dirigen a una mujer en razón del género. Nos estamos olvidando de que la infracción que supuestamente se pretende imputar a los hoy demandados tiene que ver con violencia política de género”, dijo. Añadió que las noticias que se presentaron como pruebas no demuestran que se haya agredido a Abad en razón de su género y que los decretos exhibidos son potestad de Noboa, en ejercicio de su cargo.

Otros demandados 

En esta misma causa están demandados, bajo la misma acusación, la canciller, Gabriela Sommerfeld; la asesora presidencial Diana Jácome y el entonces viceministro de Gobierno Esteban Torres.  

A Sommerfeld le acusa de incurrir en actos que restringieron su libertad de expresión y de opinión, de propiciar expresiones tendientes a propiciar el menoscabo de su imagen pública y de negarle el derecho al uso de vacaciones.

Mientras que a Torres y a Jácome les acusa de emitir expresiones para menoscabar su imagen pública. Hasta el cierre de esta nota la audiencia continuaba en el TCE. Antes de instalarse, uno de los abogados de los demandados pidió que se declarara en abandono la causa, ya que Abad no estaba en la audiencia de manera presencial. Sin embargo, a través de Secretaría se leyó un documento remitido por Abad, en el que explicaba que tenía toda la intención de estar de manera física, por lo que había presentado un oficio para que se le dé licencia con cargo a vacaciones del 5 al 10 de noviembre, pero no tuvo respuesta y pidió que se le permita seguir la audiencia vía Zoom, lo que fue aceptado por el juez. 

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