Por Juan Camilo Escobar y Yalilé Loaiza
En Las Malvinas, una franja caliente del sur de Guayaquil donde conviven el miedo, la pobreza y la presencia intermitente del Estado, la noche del 8 de diciembre de 2024 quedó suspendida en el aire como un presagio. Cuatro niños de 11, 13, 14 y 15 años desaparecieron tras un operativo militar. Dieciséis días después aparecieron calcinados, convertidos en evidencia muda de un país que no ha logrado proteger a su propia infancia.
Doce meses después, Ecuador sigue sin respuestas convincentes. Lo ocurrido no fue solo una tragedia: fue el síntoma radical de un país militarizado que está comenzando a tratar ciertos cuerpos —pobres, racializados, aislados— como descartables.
Las voces recogidas para este reportaje coinciden en algo esencial: Las Malvinas no fue un accidente. Fue la consecuencia lógica de un modelo que privilegia la fuerza sobre la protección.
La noche que se partió en dos: la versión desde el balde de la camioneta
Carlos E., colaborador eficaz, narró ante el Tribunal el momento en que todo se quebró: encendió la cámara porque “las cosas se estaban saliendo de control”. Lo que vio desde el balde no deja espacio para metáforas.
Contó que uno de los militares golpeó a un menor con la trompetilla del fusil. Que otro, con el fusil en la mano, lanzó una amenaza que heló la camioneta: “Agradece que no te pego un tiro”.
El recorrido avanzó hacia el peaje Durán–Tambo. Allí, dijo Carlos E., un cabo obligó a dos adolescentes a bajar, los tiró al suelo y los golpeó “por más de cinco minutos”. Uno de los niños sangraba. El pantalón del uniformado quedó manchado.
Para el académico Fernando Carrión, esa escena no es excepcional: es el resultado previsible de una militarización acelerada. “Meternos en seguridad ciudadana ha generado no solo este problema sino varios adicionales”, explica.
Y mientras lo dice, la memoria regional aparece como un recordatorio no deseado: México vivió algo parecido cuando, desde 2006, el Ejército multiplicó denuncias por abusos bajo el pretexto del combate al narco. En Tlatlaya, soldados ejecutaron a civiles ya rendidos. En Nuevo Laredo, adolescentes desaparecieron tras ser detenidos por marinos. Los golpes sin registro, las detenciones sin documentación, los videos ocultos: los patrones coinciden, país tras país.
Lo que Carlos E. relata desde una camioneta ecuatoriana encuentra su espejo, sin quererlo, en operaciones mexicanas donde la violencia estatal se camufló como “seguridad”.
Correazos en Taura: la barbarie que confirma a los expertos
Según Carlos E., en un camino oscuro de Taura, el subteniente John Z. dio entre “20 y 30 correazos” al menor de los niños y ordenó que los cuatro se desnudaran. Relató también que días después oficiales superiores les indicaron que “había que decir que no pasó nada” y que debían borrar los videos.
Para el experto en seguridad Daniel Pontón, esta escena no es solo un exceso: es una renuncia doctrinal. “Un Estado jamás puede plantearse que el combate al crimen debe realizarse en el mismo tono en el que se desenvuelve el crimen: la barbarie, la ausencia de normas”, sostiene.
Los correazos de Taura, bajo esta lectura, dialogan con otros episodios regionales: las “intervenciones” policiales en Río de Janeiro que dejaron decenas de adolescentes muertos; la niña Ágatha Félix, de ocho años, baleada por policías que luego inventaron un enfrentamiento inexistente; los operativos en favelas donde la desnudez forzada de jóvenes pobres se volvió rutina, no excepción.
Es la misma ecuación: jóvenes racializados más militarización sin controles igual a tragedias anunciadas.
Los quejidos en la oscuridad: cuando la escena recuerda a otros países
Alex Q., otro colaborador eficaz, agregó un matiz aún más estremecedor. Dijo que se escuchaban “los quejidos de los menores que eran golpeados”.
Relató que vio a los cuatro adolescentes “completamente desnudos” en el suelo mientras el subteniente John Z. los grababa con su celular, presionando con su bota a uno de ellos. También dijo que prendas de los jóvenes fueron arrojadas a un sitio con “llamas y cenizas”.
Fernando Bastias, del Comité Permanente de Derechos Humanos, reconoce en estos relatos una arquitectura familiar en América Latina: “Hay pequeñas muestras de lo que realmente pasó, pero los hechos siguen sin esclarecer”. Y añade una frase que en Ecuador todavía incomoda: “Si se usa fuerza letal sin justificación y luego se presenta información falsa, ahí podríamos hablar de falsos positivos”.
Los paralelos no son abstractos. En Colombia, cientos de jóvenes pobres fueron asesinados y presentados como bajas en combate. En Honduras, entre 2010 y 2014, militares ejecutaron a adolescentes en barrios catalogados como “zonas rojas”. En El Salvador, menores murieron bajo custodia estatal durante el régimen de excepción. En Filipinas, la “guerra contra las drogas” de Duterte incluyó niños a quienes la policía llamó “sospechosos”.
El testimonio de Alex Q. —los quejidos, la desnudez, las grabaciones, la orden de omitir detalles— podría insertarse sin disonancia en cualquiera de estos expedientes.
La versión militar que niega todo: el Estado dividido en dos relatos
Mientras los colaboradores eficaces describen golpes, desnudez y videos borrados, otros militares procesados ofrecen una historia totalmente distinta.
Bryan N. sostiene: “Nunca privamos de la libertad a los menores … no se dejen llevar por la presión mediática o política”. En la misma línea, Líster L. afirma que un árbol bloqueó el camino hacia la UPC y que decidieron liberar a los adolescentes cerca de una vivienda: “Nunca retuvimos a nadie”. En cambio, John T. responde a todo lo anterior con una frase tajante: “Ellos están mintiendo” y Sergio V. asegura: “Yo nunca aprehendí ni golpeé a nadie”.
Para Pontón, esta disputa interna refleja la falta de conducción política: “Lastimosamente, el procesamiento político del tema fue tardío, casi una lavada de manos”. Por su parte, Carrión añade un elemento que corroe desde dentro: “Ya ha transcurrido un año y hasta ahora la justicia no ha logrado resolver el problema”.
El conflicto no es solo entre militares: es entre el relato institucional y la realidad forense.
La niñez en peligro: la lectura que falta
Mientras las versiones chocan, la especialista en derechos de la niñez Verónica Pólit observa la imagen completa: “Es uno de los momentos más oscuros del país… Nada justifica lo que sucedió”.
Para ella, el problema no es solo la violencia estatal sino la ausencia total de un enfoque de seguridad humana. “Los niños requieren protección reforzada… Estos conflictos suelen generar una primera respuesta armada, pero es momento de ampliar la visión”, indica.
Desde Colombia, Hilda Molano completa el panorama: “Siempre que existe conflicto armado existe reclutamiento… y también existe riesgo para la vida de los niños”.
Lo que ocurrió en Las Malvinas —dicen ambas— es el síntoma inequívoco de un país que está entrando en un ciclo regional conocido: militarización, impunidad, violencia contra jóvenes pobres.
Un año después: el espejo que nadie quiere mirar
Bastias es directo: “El presidente Noboa es responsable político de las violaciones cometidas en 2024… un disparo por detrás de la cabeza no es uso legítimo de la fuerza. La detención injustificada de niños y su desaparición tampoco lo es”.
Hoy, al cumplirse un año, la pregunta sigue sin respuesta: ¿Qué ocurrió exactamente la noche del 8 de diciembre? Al mismo tiempo otra pregunta, más profunda, se abre paso: ¿Es este el país que Ecuador está permitiendo que crezca?
“No podemos reparar el dolor de los padres, pero sí asegurar que ninguna otra familia humilde vuelva a vivirlo”, dice Bastias.
Para los expertos, el aniversario de la tragedia de los niños de Las Malvinas no es un cierre. Es una herida abierta, un espejo y un aviso.
