El pueblo originario asegura que en 461 puntos de su territorio todavía hay en sembrada pentolita, producto de la actividad petrolera.
Dirigentes del pueblo Sarayaku informaron que el 18 de este mes acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José, Costa Rica, para estar presentes en la audiencia de cumplimiento de la sentencia del Caso Sarayaku vs. Ecuador.
Daniel Santi presidente del pueblo originario kichwa explicó que en 2012 la Corte IDH dictó un fallo histórico a favor de su pueblo al reconocer violaciones al derecho de la consulta previa, libre e informada por parte del Estado, al imponer proyectos extractivos.
«Han pasado 14 años de la sentencia y las autoridades de turno han mostrado un desinterés absoluto y una total falta de voluntad para dialogar y ejecutar las reparaciones» , manifestó el dirigente.
Mario Melo, abogado del pueblo indígena, agregó que la sentencia ordenaba al Estado el retiro de 1.460 kilogramos de pentolita sembrados en 461 puntos de su territorio. «Estos explosivos constituye una amenaza actual para la vida y la integridad de los miembros de Sarayaku», dijo el abogado. Agregó que tampoco se ha cumplido la medida de regular el derecho a la consulta previa, libre e informada de acuerdo a los estándares interamericanos.
Según la comunidad indígena, en 2024 la Corte Constitucional reconoció el incumplimiento del fallo y otorgó seis meses para realizar la consulta previa, libre e informada.
Durante la audiencia ante la Corte IDH, Sarayaku expondrá dos situaciones que afectan a su territorio.
Una es el peligro por los explosivos abandonados y la otra es la expansión de la frontera petrolera ya que asegura que el Estado mantiene procesos para la protección de nuevos bloques petroleros en las regiones subandina y suroriente, situación que, aseguran, amenaza directamente los territorios de los pueblo y nacionalidades indígenas.
Betsy Santi, dirigente de la Mujer del pueblo Sarayaku, dijo que la situación preocupa ya que como mujeres tienen una vinculación directa con la tierra, en la que trabajan día a día.
Según la documentación de la Corte IDH, en la década de 1990, sin que se les hubiese consultado previamentev y sin su consentimiento, el Estado otorgó permisos a una empresa petrolera privada para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en territorio del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku. Así, se iniciaron las fases de exploración petrolera, inclusive con la introducción de explosivos de alto poder en varios puntos del territorio indígena, creando con ello una alegada situación de riesgo para la población, ya que durante un período le habría impedido buscar medios de subsistencia y le habría limitado sus derechos de circulación y de expresar su cultura.
