Que la justicia no sea independiente del poder político no es ninguna novedad en el Ecuador. Este es un mal que nos aqueja desde el nacimiento de la República y que no hemos logrado superar. Pero que haya períodos donde exista más o menos sometimiento, incluso llegando al secuestro de los jueces, es aún más dramático, y es lo que otra vez estamos padeciendo.
Esta semana, dos jueces de la Corte Nacional de Justicia resolvieron declarar el error inexcusable (que a la vez es causal de destitución) de los jueces que revocaron la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil y de otros procesados en el caso “Goleada”.
En dicho caso, un juez había ordenado la prisión preventiva y, al resolver el recurso de apelación, los jueces hoy perseguidos emitieron una amplia resolución en la que argumentaron que no se cumplía con los requisitos legales para dictar la prisión; particularmente, que no existía una alta probabilidad de condena, toda vez que la Fiscalía acusaba por el delito de delincuencia organizada y los jueces sostuvieron que no se había demostrado la existencia de ese delito bajo los estándares requeridos para dictar la medida cautelar, y por tanto la revocaron.
El poder político pataleó y se presentaron las respectivas quejas y denuncias penales con argumentos absurdos, como que los jueces no debían verificar si había alta probabilidad de condena en función del delito acusado, sino que solo debían verificar el peligro de fuga. Una tesis insostenible que no se sustenta en la lógica elemental. El rol más importante de los jueces es verificar si el hecho que se acusa es de aquellos que están previstos en la ley como delito, lo que los penalistas llamamos ejercicio de tipicidad o subsunción.
Tanta razón tenían los jueces hoy perseguidos, que el propio fiscal del caso “Goleada” cambió la acusación de delincuencia organizada por lavado de activos, acogiendo, de esta manera, el argumento de los jueces superiores.
Sin embargo, sorpresivamente, al resolver las quejas presentadas, dos jueces de la Corte Nacional de Justicia —deformando el derecho, la doctrina, la ley y hasta las propias resoluciones de la Corte, incurriendo ellos sí en un error inexcusable— acogieron los absurdos argumentos de los denunciantes y declararon el error inexcusable. Un juez valiente y conocedor del derecho emitió un voto salvado.
Con este antecedente, una vez más los jueces se inclinan ante el poder y se convierten en escribanos de este. Al resto de los jueces, si no tienen la suficiente entereza, les queda la lección de someterse al poder o atenerse a las consecuencias: el exilio, la destitución o la cárcel.
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