¿Sabías que tienes el derecho absoluto de consultar, buscar, solicitar y acceder libremente a la información generada por entidades públicas y servidores que manejen fondos del Estado? Lo dice la Constitución en el artículo 18, numeral 2.
Esto significa que puedes pedir información para fines investigativos (eso hacemos los periodistas) o por pura curiosidad, porque una de las características de los funcionarios públicos es que están, deben saber que están, y debemos saber que están dentro de un escrutinio permanente de la sociedad que es el primer fiscalizador.
Por soltar un dato, el Estado ecuatoriano recaudó 21.500 millones de dólares en impuestos, solo en 2025. El que diga que el ecuatoriano no aporta a la sociedad, está un poco equivocado. Entre el uso que se hace de ese dinero se incluye, por ejemplo, el pago de sueldos de asambleístas, alcaldes, concejales, prefectos―personas elegidas por voto popular, es decir por decisión de una parte mayoritaria de esos mismos contribuyentes de impuestos― ministros, profesores, médicos y hasta de la señora amable que siempre saluda en los baños de la Plataforma Gubernamental del Norte.
Entonces, digo, lo mínimo sería tener la posibilidad de preguntar el sueldo del concejal de mi municipio, del alcalde, saber con cuánto patrimonio entró a su cargo y con cuánto salió. Si ha pagado los impuestos que le corresponden, si es un buen ciudadano estando en el poder. A esto se le llama transparencia.
En Ecuador la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) ―la burocracia del mundo ama los nombres raros y largos― es la que regula que toda esta información sea actualizada constantemente, en un portal o sitio web y que se encuentren en formatos digitales abiertos para la persona curiosa que quiera saber cómo se maneja el dinero público.
Hasta ahí, todo correcto ¿verdad? Bueno, resulta, que la Contraloría General del Estado, decidió el 15 de abril de 2026 que, para acceder a las declaraciones patrimoniales juramentadas de los funcionarios públicos, el ciudadano debe ingresar su número de cédula, la fecha de expedición de su cédula, su correo electrónico, que asegure que no es un robot y, esperar unos segundos a que la Contraloría le envíe una clave para ingresar al documento que, además, ya ni se puede descargar.
Conversando de esto con fuentes y expertos en temas digitales, una especialista me dice ―con voz de confesión― “yo, la verdad, no ingresé mi cédula por miedo. No pude comprobar qué información me iba a dar la Contraloría”. Sí, leyó bien: miedo.
Por si acaso, yo, como periodista, tuve que ingresar mi número de cédula, mi fecha de expedición y mi mail para comprobar si era cierto esta forma de restricción velada de acceso a la información: al azar solicité la declaración juramentada del alcalde de Quito. No serán malitos, no me acusarán de nada, fue por pura comprobación.
La LOTAIP es clara al establecer que la transparencia activa al acceso de la información NO necesita “requerimiento alguno por parte de autoridad competente o de las personas”
Poner un requisito así para solicitar información pública se vuelve un impedimento porque podría haber represalias en quien consulte lo que quiera consultar.
Ya en 2024 hubo un intento de instalar en todo portal público un formulario para que quien quiera solicitar información lo llene. Fundamedios fue parte de los accionantes contra esta medida que la Corte Constitucional declaró como inconstitucional debido al riesgo para la ciudadanía. Y sin embargo…
Tampoco está claro dónde se alojará la información personal que dejemos en Contraloría. Esto me despierta un miedo adicional si tomamos en cuenta los acercamientos y la relación del presidente Daniel Noboa con Palantir, la empresa de software que procesa miles de datos en tiempo récord, a la que se le atribuye la captura de Osama Bin Laden y que tiene una mala reputación internacional por aportar a la vigilancia estatal.
Si en Contraloría dejo mi número de cédula y mi mail, no solo estoy dejando esos datos, sino que abro la puerta para que puedan rastrear mi ubicación, IP, cuentas de banco. Lo demás está en Facebook.
Insisto, ¿por qué debemos dejar nuestros datos para solicitar información que es pública y nos pertenece como ecuatorianos?
La corrupción, la falta de claridad, la opacidad en la gestión pública puede alimentar a las mafias y volverlas más violentas, que las armas.
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