La propuesta de Ley establece que el Sistema Nacional deberá generar políticas de trabajo en los centros carcelarios.
El informe para segundo debate del proyecto de Ley reformatoria para el fortalecimiento del sistema penitenciario será tratado mañana por el pleno de la Asamblea, esta vez sesionará en Cuenca.
La Comisión de seguridad, de mayoría oficialista, destacó que este último informe se incorporó la obligación de establecer políticas públicas para la rehabilitación de los presos a través de actividades laborales y productivas.
«Hemos generado una disposición transitoria para que las personas privadas de libertad generen sus propios recursos y puedan sustentar sus necesidades», manifestó Inés Alarcón (ADN), presidenta de la Comisión.
¿Qué dice la disposición?
El oficialismo ha destacado esta propuesta como un logro para que los reos trabajen y generen sus propios recursos.
La mencionada disposición señala que en el plazo máximo 36 meses, el Sistema Nacional de Rehabilitación Social incorporará la política pública de trabajo interno para las personas privadas de libertad, a fin de garantizar el ejercicio del derecho a la rehabilitación social, mediante el desarrollo de actividades laborales y productivas en estricto cumplimiento a los derechos y garantías contempladas en la Constitución.
El Organismo Técnico determinará, conforme a criterios técnicos, de seguridad, salud, aptitud y régimen de rehabilitación, cuáles son las personas privadas de libertad aptas para participar en dichas actividades.
A lo largo del proyecto de Ley no hay ninguna otra mención al tema, ni condiciones, ni bajo qué régimen de trabajo estarían ejerciendo sus actividades.
Expertos en temas legislativos califican a la propuesta de demagogia, ya que señala que los presos deben trabajar, pero no dice cómo ni quién les dará trabajo. Recuerdan que los reos están privados de la libertad, por lo que si se les da trabajo, alguien debe asumir la remuneración, riesgos del trabajo, la seguridad social. Sin embargo, el proyecto de Ley no desarrolla esos temas.
Annabell Guerrero, del Centro de Justicia y Género, considera que cualquier reforma sobre el sistema penitenciario debería estar enfocado a que el Estado recupere el control de los centros de rehabilitación social. Guerrero recuerda que las prisiones enfrentan grave crisis en las condiciones de salud y dignidad.
«Cómo hablar de temas de trabajo si no hay la garantía de la vida, de la alimentación, de no morir por estar en condiciones insalubres en esos espacios», comentó. La también abogada en libre ejercicio agregó que los espacios de trabajo deben desarrollar en ambientes de calidad y que no hay trabajo forzado. «Preocupa que la propuesta deje a discreción del organismo técnico temas que tienen que ver con mujeres gestantes, en periodo de lactancia o que tengan enfermedades catastróficas», dijo Guerrero.
