La reunión convocada por la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional para “fiscalizar” la conmoción social generada por la sentencia 4-24-CN/26 de la Corte Constitucional abrió una duda clave de interés público: ¿la Asamblea realmente puede fiscalizar a la Corte o revisar los efectos de una sentencia? La respuesta, a la luz de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de la LOGJCC y del propio contenido del fallo, es acotada: la Asamblea sí puede debatir políticamente un tema, pedir información y, si considera que existe un problema normativo, impulsar reformas legales o incluso mecanismos de reforma constitucional; pero no puede revisar una sentencia de la Corte, dejarla sin efecto, modificarla por control político ni someter a juicio político a los jueces constitucionales.
El punto de partida: qué resolvió realmente la sentencia
La sentencia 4-24-CN/26 no creó un permiso general e irrestricto para que cualquier adolescente cambie el dato de género en su cédula. Lo que hizo fue resolver una consulta de constitucionalidad sobre el artículo 94 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que condicionaba esa rectificación a la mayoría de edad. La Corte concluyó que esa exigencia etaria, aplicada automáticamente, puede ser inconstitucional en un supuesto específico: cuando la solicitud la presenta una persona adolescente, con acompañamiento de sus representantes legales y con informes psicosociales que acrediten, tras una evaluación individualizada, un grado suficiente de madurez para adoptar una decisión libre, informada y voluntaria sobre su identidad de género.
El caso concreto nació por la negativa del Registro Civil a una solicitud presentada por la familia de un adolescente. Según la sentencia, esa negativa se fundó en el artículo 94 de la ley, que solo permitía la rectificación al cumplir la mayoría de edad. La Corte analizó ese requisito, también reproducido en el reglamento, y lo examinó a partir de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad y al principio de autonomía progresiva.
¿Qué dice la Constitución sobre la Asamblea y la Corte?
La Asamblea tiene competencia de fiscalización, pero esa atribución no es ilimitada. El artículo 120 numeral 9 de la Constitución dice que puede “fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias”.
Sin embargo, la misma Constitución establece un límite específico para la Corte Constitucional. El artículo 429 la define como “el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia”, y el artículo 431 dispone que sus miembros “no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen”.
Ese diseño constitucional no es casual. Busca proteger la independencia del órgano encargado de interpretar la Constitución y resolver controversias constitucionales. En términos prácticos, significa que la Asamblea no puede usar la fiscalización como una vía indirecta para revisar sentencias o ejercer presión política sobre el contenido de las decisiones judiciales y constitucionales. Esa es también la lectura predominante en las tres entrevistas que compartiste.
¿Por qué la “fiscalización de la conmoción social” tiene un alcance jurídico muy débil?
El constitucionalista Gonzalo Muñoz sostiene que la convocatoria no puede entenderse como fiscalización en sentido estricto, porque la “conmoción social” sería consecuencia de la sentencia, y no se puede fiscalizar la consecuencia sin entrar a revisar la causa, algo que la Constitución impide respecto de la Corte. En su criterio, lo convocado por la Comisión de Transparencia “no es una fiscalización, es un conversatorio”, porque “no tiene ningún efecto jurídico”.
Alex Valle coincide en lo esencial. Señala que el artículo 120 numeral 9 no incluye a la Función Judicial ni a la Corte Constitucional dentro del núcleo directo de fiscalización, precisamente para resguardar la independencia judicial. Aunque admite que la Asamblea podría intentar ampararse en la facultad de requerir información a servidores públicos, subraya que la convocatoria sobre “conmoción social” no tiene un anclaje jurídico claro y que sus efectos prácticos serían “ninguno” en el plano jurídico: no cambiaría en nada lo decidido por la Corte.
Mauricio Alarcón va en la misma línea: recuerda que la fiscalización parlamentaria no recae sobre “todas las instituciones” ni sobre “objetos abstractos”, y sostiene que una sentencia, precisamente por ser un acto jurisdiccional y no una autoridad política sujeta a censura legislativa, no es objeto de fiscalización. En su lectura, hablar de fiscalización de los efectos de una sentencia es, sobre todo, una acción política sin consecuencias jurídicas directas sobre el fallo.
Con esos elementos, la conclusión jurídica más sólida es esta: la Asamblea puede reunirse, convocar expertos, escuchar posiciones, emitir exhortos o resoluciones políticas, pero no puede alterar la validez ni la fuerza obligatoria de la sentencia 4-24-CN/26.
¿Qué sí puede hacer la Asamblea?
Que no pueda revisar una sentencia no significa que la Asamblea esté jurídicamente anulada frente al tema. Sí tiene varias vías de acción institucional.
La primera es el debate político. Las comisiones pueden convocar comparecencias, pedir informes y discutir públicamente los alcances de una decisión. La propia Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé comparecencias y análisis de informes de ciertas autoridades ante el Pleno o comisiones.
La segunda es la función legislativa. Si la Asamblea considera que la regulación actual del Registro Civil requiere mayor precisión o salvaguardas, puede proponer reformas legales. Eso sí: cualquier reforma debe respetar los parámetros constitucionales fijados por la Corte. No puede legislar en abierta contradicción con la sentencia sin exponerse a nuevas acciones de inconstitucionalidad. La Constitución, además, obliga a adecuar las normas a los derechos reconocidos en ella.
La tercera, si se quisiera modificar el marco constitucional de fondo, sería activar mecanismos de enmienda o reforma constitucional. La propia Ley Orgánica de la Función Legislativa regula que los proyectos de enmienda o reforma parcial deben remitirse a la Corte Constitucional para el dictamen de procedimiento.
¿Qué no puede hacer la Asamblea?
No puede someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, porque la Constitución lo prohíbe expresamente.
No puede dejar sin efecto la sentencia ni suspender sus consecuencias jurídicas por resolución legislativa o por una comisión. La Corte es el máximo órgano de interpretación constitucional y sus decisiones, en el ámbito de sus competencias, no están sujetas a apelación política.
Tampoco puede convertir la idea de “conmoción social” en una causal jurídica para revisar el contenido del fallo. La expresión “grave crisis política y conmoción interna” existe en la Constitución, pero está prevista para la eventual destitución presidencial por la Asamblea, no para abrir control político sobre sentencias constitucionales.
Un dato importante: la propia sentencia ya contempló resguardos
La Corte no eliminó toda cautela. De hecho, insistió en que debe existir evaluación individualizada, acompañamiento de representantes legales, criterios técnicos y mecanismos de escucha efectiva. También aclaró que su decisión tiene efectos entre las partes y para casos análogos, con un supuesto fáctico definido. Es decir: no abrió una puerta sin condiciones, sino que construyó una excepción constitucionalmente delimitada a la regla general de mayoría de edad.
Algunas preguntas clave:
¿La Asamblea puede “fiscalizar” una sentencia?
No en el sentido de revisarla, corregirla o dejarla sin efecto. Puede debatir políticamente sus impactos, pero no ejercer control político sobre el contenido jurisdiccional del fallo.
¿La Comisión de Transparencia puede anular lo resuelto por la Corte?
No. Una comisión legislativa no tiene facultad para anular ni suspender una sentencia constitucional.
¿La Asamblea puede pedir información?
Sí, puede requerir información en el marco de sus competencias. Pero pedir información no equivale a tener potestad para revisar la decisión judicial o constitucional.
¿La Asamblea puede impulsar cambios después de la sentencia?
Sí. Puede debatir reformas legales o incluso promover reformas constitucionales por las vías previstas en el ordenamiento. Pero esos cambios deben seguir el procedimiento constitucional y no alteran por sí solos la sentencia ya emitida.
¿La sentencia permite cualquier cambio de género en adolescentes?
No. Exige acompañamiento de representantes legales, informes psicosociales y evaluación individualizada de madurez suficiente.
Entonces…
La convocatoria de la Asamblea tiene un valor político, pero no un efecto jurídico directo sobre la sentencia 4-24-CN/26. En el diseño constitucional ecuatoriano, la Corte Constitucional ocupa una posición reforzada de independencia precisamente para evitar que sus decisiones puedan ser revisadas por mayorías políticas coyunturales. La Asamblea puede discutir, cuestionar, pedir información y legislar dentro de sus competencias. Lo que no puede hacer es usar la fiscalización como sustituto de un recurso que la Constitución no contempla. Para la ciudadanía, esta distinción importa porque evita confundir debate político con poder jurídico real: no todo acto ruidoso del Parlamento produce consecuencias legales, y no toda controversia pública habilita a revisar una sentencia constitucional.
Fuentes
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 4-24-CN/26.
- Constitución de la República del Ecuador, arts. 120, 429 y 431. Asamblea Nacional del Ecuador.
- Ley Orgánica de la Función Legislativa. Asamblea Nacional del Ecuador.
- Entrevista a Gonzalo Muñoz.
- Entrevista a Alex Valle.
- Entrevista a Mauricio Alarcón.
