Dirigentes empresariales de Ecuador y Colombia exigieron suspender los aranceles recíprocos del 50% y abrir un diálogo urgente. Alertan que 7.600 importadores ecuatorianos, 2.700 empresas colombianas y cerca de 300.000 empleos están en riesgo. Proveedores médicos advierten que insumos de diálisis podrían encarecerse hasta 50% y el sector avícola prevé alzas en el pollo y los huevos.
En un intento por desescalar la guerra comercial entre Ecuador y Colombia, marcada por incrementos recíprocos del 50 % en los aranceles, los principales dirigentes de los gremios productivos de ambos países se reunieron de forma virtual este lunes y exigieron a sus gobiernos suspender las alzas, priorizar el diálogo y activar los canales diplomáticos.
Del lado ecuatoriano, los dirigentes gremiales fueron insistentes en exhortar a los gobiernos de Ecuador y Colombia a iniciar un diálogo inmediato y dejar sin efecto el alza arancelaria como medida prioritaria y que, por ahora, no prevén presentar demandas a nivel nacional o internacional.
Eso sí, de los dos lados advirtieron que las medidas ya encarecen productos, frenan operaciones y elevan el riesgo de informalidad y contrabando en la frontera.
En ruedas de prensa simultáneas en Quito y Bogotá, los representantes empresariales afirmaron que cerca de 7.600 importadores ecuatorianos han sido afectados por una reducción del 70 % en las importaciones desde Colombia y que están en riesgo cerca de 200.000 empleos. Del lado colombiano, señalaron los dirigentes empresariales, estarían en riesgo 2.700 empresas y aproximadamente 100.000 empleos.
En cualquier caso, se trata del segundo pronunciamiento conjunto de organizaciones privadas de ambos países. El primero ocurrió el 3 de febrero, cuando transportistas y operadores logísticos marcharon desde Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador) y se encontraron en el puente internacional de Rumichaca. Entonces plantearon la misma demanda: suspender los incrementos arancelarios y abrir una negociación para abordar el impacto en consumidores, empleo, economía y seguridad fronteriza.
Los empresarios emitieron este pronunciamiento pocas horas después de que el Gobierno colombiano publicara un proyecto de decreto para reciprocar la medida que Ecuador puso en vigencia a partir de hoy y, en consecuencia, subir del 30 % al 50 % el arancel aplicable a productos ecuatorianos, además de ampliar el universo de subpartidas alcanzadas. El borrador menciona 281 subpartidas con el nuevo nivel. El documento señala que el ajuste busca equiparar la tarifa al nivel fijado por Ecuador y prevé que entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, una vez finalice la etapa de comentarios ciudadanos.
Por ahora, los dirigentes gremiales ecuatorianos indicaron que para mañana martes está prevista una reunión de ministros vinculados al comercio y la producción de ambos países. Los transportistas y empresarios esperan que el encuentro marque el inicio de una desescalada que permita restablecer el flujo comercial en una región donde la economía depende, en gran medida, del intercambio binacional.
El pedido más dramático debido a un impacto crítico en el servicio de salud lo formularon los representantes de los proveedores de insumos médicos al advertir que el incremento de los aranceles amenaza con encarecer hasta en un 50% insumos críticos para tratamientos médicos y profundizar el desabastecimiento que ya enfrenta el sistema público.
Así, Cristina Murgueytio, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim), dijo que Ecuador depende casi por completo del abastecimiento externo: “El 99%” de dispositivos e insumos médicos son importados, incluyendo desde mascarillas y bajalenguas hasta reactivos, equipos y material para diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Según la dirigente, Colombia representa alrededor del 15% del mercado de importación de estos productos y es el cuarto origen más importante.
La mayor alerta, sostuvo, está en la diálisis: “aproximadamente el 50%” de los insumos requeridos para estas terapias proviene de Colombia, y parte de los propios prestadores de servicios también se abastecen allí. “Este incremento generará un desfase adicional al desabastecimiento que ya existe, así como un aumento de costos”, señaló en entrevista con este medio.
En Ecuador, alrededor de 20.000 pacientes reciben diálisis y 101 en centros. en su mayoría privados que venden el servicio al sistema de salud, sostienen la atención, según cifras del gremio. Murgueytio advirtió que, si no hay ajustes en tarifas y contratos, “el impacto recaerá directamente en estos pacientes”, al tratarse de terapias urgentes e impostergables.
Costos al alza en insumos básicos
Consultada sobre el golpe en precios, la representante de Asedim dijo que el arancel afecta el “paquete completo” requerido para hemodiálisis: equipos, filtros, solución salina, además de consumibles de alto volumen como apósitos, sondas y jeringuillas. “Estos productos podrían encarecerse hasta en un 50%”, afirmó. Como ejemplo, mencionó una sonda cuyo costo rondaba los 60 centavos y que “podría pasar a costar casi un dólar o más”, con un impacto acumulado por compras masivas.
El aumento de costos también alcanzaría a la contratación pública, por la forma en que se abastece el Estado: las empresas suelen importar después de adjudicados los procesos, lo que deja a proveedores con “compromisos adquiridos” que, bajo el nuevo esquema, tendrían que absorber incrementos significativos, sostuvo Murgueytio.
Tarifa congelada desde 2014 y deudas pendientes
La dirigente afirmó que el Estado paga cerca de 1.456 dólares por sesión de hemodiálisis, una tarifa que, según Asedim, no ha sido revisada desde 2014. Además, dijo, existen atrasos por “37 millones de dólares” por compra de dispositivos médicos a empresas asociadas y “20 millones” por servicios de diálisis. En años recientes, asociaciones y reportes de prensa han advertido que la deuda pública con dializadoras ha alcanzado montos mucho mayores a escala sectorial, con riesgos de suspensión o reducción de atención.
Impacto en el agro
La imposición de un arancel del 50% a productos importados desde Colombia amenaza con trasladarse de forma inmediata al precio del pollo y el huevo, básicos de la canasta familiar, debido a la alta dependencia del sector avícola ecuatoriano de material genético proveniente de ese país, alertó la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave).
Daniela Espín, directora ejecutiva del gremio, afirmó que el 80% del material genético avícola, reproductoras, abuelas y líneas genéticas necesarias para la producción de carne y huevos, se importa desde Colombia, lo que genera una “afectación directa al costo final de la producción”.
“Tenemos una preocupación absoluta”, señaló Espín. “No es posible buscar otros orígenes de manera inmediata. La planificación productiva del sector se realiza con al menos 24 meses de anticipación y responde a compromisos comerciales previamente establecidos”.
Impacto inmediato en precios
Consultada sobre los efectos inmediatos, Espín indicó que el incremento podría trasladarse en al menos 5% al producto final. Aunque el porcentaje parece moderado frente al arancel aplicado, el impacto es relevante al tratarse de alimentos de alto consumo y bajo margen, donde variaciones pequeñas se reflejan rápidamente en el bolsillo de los hogares.
Espín advirtió además que la cadena avícola genera alrededor de 300.000 empleos directos a nivel nacional, entre producción, incubación, balanceados, procesamiento y comercialización. “Estamos hablando de un producto que está dentro de la canasta básica; lo más preocupante es la afectación al consumidor”, sostuvo.
El sector opera bajo ciclos biológicos y contratos internacionales de largo plazo. A diferencia de otros insumos industriales, la genética avícola no puede sustituirse con rapidez sin comprometer estándares sanitarios, productividad y rendimiento. Cambiar de proveedor implica procesos de certificación, adaptación técnica y planificación que toman al menos dos años, según advierte el gremio.
En la frontera
Los transportistas de carga pesada del Carchi paralizaron sus actividades, con bloqueos de vías, que habían anunciado el fin de semana. En su lugar, realizaron una caravana que recorrió durante más de cuatro horas cuatro de los seis cantones de la provincia fronteriza para exigir la suspensión de los aranceles.
Más de 400 vehículos participaron en la movilización, que atravesó Tulcán, Montúfar, Bolívar y Espejo sin que se reportaran cierres de carreteras ni incidentes, según organizadores y reportes de medios locales. Los dirigentes del transporte pesado anunciaron que presentarán un pedido formal a las autoridades nacionales para que se ponga fin a lo que califican como una “guerra comercial” y reclamaron respuestas inmediatas del Ejecutivo.
Los transportistas sostienen que las medidas y las restricciones adoptadas en Colombia como represalia han reducido hasta en 95% el transporte de mercancías hacia ese país y han afectado a más de 2.000 familias vinculadas a la cadena logística en la zona de integración fronteriza.
“El transporte de mercancías hacia Colombia se redujo en un 95% durante febrero”, afirmaron dirigentes del sector. Wilson Rosero, transportista de Carchi, dijo que antes realizaba entre 10 y 15 viajes mensuales y que ahora concreta apenas dos o tres. Wilson Mejía, otro conductor, aseguró que el alza arancelaria incrementó los costos y mantiene a buena parte del gremio sin carga.
