Periodistas, medios y organizaciones pidieron la derogatoria inmediata de los lineamientos de acreditación del Comando Conjunto de las FF.AA., al considerar que incluyen evaluaciones sobre línea editorial y configuran una restricción indirecta a la libertad de expresión.
Más de 50 periodistas, medios y organizaciones de la sociedad civil suscribieron un pronunciamiento público en el que exigen la derogatoria inmediata de los lineamientos de acreditación y acceso de prensa emitidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al considerar que el esquema incorpora evaluaciones sobre la línea editorial y clasificaciones de medios que vulneran la Constitución y los estándares internacionales de libertad de expresión.
El documento, publicado ayer, jueves 12 de febrero y dirigido al jefe del Comando Conjunto, general de división Henry Santiago Delgado Salvador, sostiene que el mecanismo propuesto “configura una forma de censura previa y de restricción indirecta”, al condicionar el acceso a eventos oficiales a valoraciones institucionales sobre el tratamiento informativo histórico y la “postura” de los medios respecto de las Fuerzas Armadas.
Según el pronunciamiento, el esquema de acreditación no se limita a criterios técnicos, logísticos o de seguridad. Por el contrario, incluye instrumentos de clasificación de medios, como “afines, neutrales o críticos”, una matriz de evaluación con puntajes para determinar si un medio es “apto” y una serie de indicadores, entre ellos el “porcentaje de cobertura positiva”, el “respeto al mensaje institucional” y la “validación indirecta”. También se prevé la “inclusión selectiva” de medios no afines bajo criterios estratégicos.
Los firmantes advierten que este sistema supone un régimen de acceso condicionado tanto por el contenido como por la valoración institucional de la crítica. “En democracia, ninguna entidad del Estado puede calificar, puntuar o discriminar a periodistas y medios por su enfoque editorial o por el sentido de sus coberturas previas”, señala el texto. Añade que, cuando el acceso a información pública depende de afinidades o de evaluaciones sobre la actitud crítica, se produce una restricción indirecta: no se prohíbe publicar, pero se controla quién puede preguntar, verificar y observar.
El pronunciamiento enfatiza que no desconoce la necesidad de protocolos razonables para garantizar el orden y la seguridad en actos institucionales. Sin embargo, rechaza que la acreditación sea utilizada como herramienta para “premiar coberturas favorables” o condicionar el periodismo a la alineación con un “mensaje institucional”.
Entre sus demandas, los firmantes solicitan: la derogatoria inmediata de los lineamientos y sus anexos; una disposición pública y expresa de no aplicar estos criterios en procesos de acreditación presentes o futuros; la adopción de un protocolo basado exclusivamente en criterios objetivos, como capacidad logística, cupos, seguridad e identificación, con reglas claras y vías de reclamo; y garantías de no discriminación para periodistas y medios, sin evaluaciones sobre su línea editorial o coberturas previas.
El documento está suscrito por organizaciones como Fundamedios, Fundación Periodistas Sin Cadenas, Reporteros Sin Fronteras, GK y Ecuador Chequea, además de decenas de periodistas y representantes de medios.
