En menos de 24 horas, el presidente del Consejo de la Judicatura solicitó licencia en medio de un juicio político, el Pleno designó a un nuevo titular y la Fiscalía detuvo al alcalde de Guayaquil. Analistas jurídicos y políticos señalan que la coincidencia temporal de estos hechos vuelve a poner en discusión la relación entre el Ejecutivo y el sistema de justicia.
Ecuador registró este martes 10 de febrero una secuencia de decisiones institucionales que alteraron el escenario político y judicial. La licencia solicitada por Mario Godoy en plena fase decisiva de su juicio político, la designación de un nuevo titular en el Consejo de la Judicatura y la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ocurrieron en un mismo periodo de tiempo.
El juicio político contra Godoy —relacionado con presuntas presiones a jueces en un caso que involucra a Jezdimir Srdan— entró en una etapa determinante. Godoy solicitó una licencia sin sueldo del 9 al 13 de febrero, lo que activó el mecanismo de reemplazo temporal. Aunque inicialmente la sucesión correspondía a la vocal Alexandra Villacís, se registró un “impedimento para ejercer cargo público” que bloqueó su posesión. Posteriormente, el Pleno designó a Damián Larco, exdirector del Servicio de Rentas Internas durante el gobierno de Daniel Noboa.
Para el analista político Giuseppe Cabrera, el contexto actual debe analizarse en una trayectoria más amplia. “La interferencia ejecutiva ha existido siempre, desde Correa hasta Noboa. Lo que es distinto ahora es la desfachatez y el cinismo”, afirma. En relación con designaciones anteriores, agrega: “Correa puso a Gustavo Jalkh, quien tenía una trayectoria jurídica importante. Siempre se trató de legitimar al candidato. Ahora, el Gobierno sostiene a Godoy pese a que su patrimonio está comprometido y su esposa defendió a narcotraficantes que amenazan jueces… No hay un argumento moral, técnico o ético; simplemente lo sostienen ‘porque pueden’”.
Sobre la designación de Larco, Cabrera sostiene: “Larco es el delegado de la función ejecutiva, más evidente no podría ser”. También cuestiona el procedimiento aplicado a la vocal Villacís: “Justo el sistema del Ministerio de Trabajo se cayó en las horas en las que Larco tenía que ser designado y no se pudo comprobar que ella no tenía impedimentos, pese a que el SRI decía que no tenía deudas. Se inventaron lo que sea para poner a quien ellos querían”.
Respecto a la detención del alcalde de Guayaquil, Cabrera señala: “En democracia no se justifica llevar preso a un alcalde en funciones; eso sería una locura hasta en los Estados Unidos de Trump, es lo que hace Maduro”. Y añade: “Muchísimas autoridades electas votan con el gobierno por miedo. Yo tendría miedo de votar en contra porque sé que, por mi ‘rabo de paja’, me van a perseguir. No hay una línea roja que Noboa no pueda superar”.
El analista político Gabriel Hidalgo también se refirió a la designación en la Judicatura. “No son desconocidos los vínculos empresariales entre el encargado y el Presidente. Da la sensación de que es Noboa el que da el ‘viserazo’ final”, afirma. Sobre la coyuntura política, añade que al Primer Mandatario “le importa un rábano el juicio político, la Asamblea y las votaciones”.
En relación con la detención de Álvarez, Hidalgo sostiene: “Esto ratifica que el discurso de la ‘Mano Dura’ es mentira; es mano dura contra los adversarios, no contra la inseguridad”. Y concluye: “Noboa está cavando su tumba” y “Lo que está haciendo Noboa es unir a todos sus enemigos para que le ganen”.
Por su parte, el politólogo Santiago Basabe considera que la situación refleja un problema estructural. “La salida de Godoy no soluciona absolutamente nada. Los mismos intereses políticos se van a reorientar alrededor de otra persona. Hay que cambiar todo para que todo siga igual”, afirma. Sobre la designación de Larco, señala: “El director del SRI es designado por el Presidente. Si esa persona ahora dirige la Judicatura, hay un vínculo importantísimo”.
Basabe recuerda que situaciones similares han ocurrido en el pasado: “En el primer Consejo de la Judicatura transitorio de Correa, el presidente era ingeniero en sistemas”. A su juicio, el problema radica en la designación de perfiles alineados políticamente: “Se coloca gente que es grata con la designación, gente que jamás habría llegado a cargos de este tipo sin el favor político”.
En cuanto a la detención de Álvarez, afirma: “En política no hay coincidencias” y añade que “no es coincidencia esta diligencia de la Fiscalía… quedan serias dudas de la imparcialidad”. Sobre la lógica del poder político, señala: “Nuestros actores políticos son súper cortoplacistas, ‘Yo manejo la justicia hoy, y cuando pierda el poder, vendrá otro’”. También afirma: “Noboa se debe sentir menos alcanzable por la justicia cuando esté sin el poder. Él es ciudadano americano. Mañana termina el periodo, se toma un vuelo a Miami y en tres horas está en su país, donde no lo van a extraditar”. Y concluye: “Es el mensaje histórico del país, ‘Yo manejo la política y la justicia, así que se alinean a mi proyecto o las consecuencias están con juicios y órdenes de prisión’”.
Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sostiene que la ciudadanía percibe el contexto con claridad. “No comen cuentos, tienen clara la película. Es un actor político haciendo lo que le viene en gana con impunidad total”, afirma. Sobre la detención del alcalde, señala: “No sé si es una moneda de cambio, pero hay que recordar que Mario Godoy, en su intervención del 5 de enero en la Asamblea, ya se refirió precisamente al tema de Aquiles Álvarez”. Y agrega que, de cara al escenario político, “nada está dicho”.
Finalmente, el jurista Felipe Rodríguez Estévez interpreta la coyuntura en clave institucional. A su juicio, lo que ocurre no es una “anomalía coyuntural”, sino una “patología estructural”. Sostiene que el Consejo de la Judicatura se ha convertido en un “dispositivo de gobierno” que redefine la independencia como una “independencia condicionada”. Añade que el juicio político ha sido “vaciado de densidad estructural” y que en el sistema se ha instalado un “habitus de cautela judicial”. En ese marco, advierte que la justicia puede oscilar entre la presión política y la tutela administrativa, lo que describe como una lógica de “administración del riesgo político”.
