Una nueva serie de operativos concentrados en 32 ejes viales, 15 de los cuales son “críticos” por la violencia criminal anuncia la Policía Nacional. Transportistas denuncian asaltos y piden controles permanentes.
La Policía Nacional anunció como nueva prioridad, frente al clima de violencia criminal en las vías, el aumento de 3.100 a 4.300 policías destinados a operativos de control y seguridad vial, mediante acciones denominadas “3D”, orientadas a debilitar, desarticular y desorganizar a las organizaciones criminales.
En una rueda de prensa convocada hoy en Quito, el director nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial, Williams Barreno; el supervisor de Ejes Viales, Germán Barreiros; y el comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, Nelson Armendáriz, confirmaron que esta nueva estrategia se puso en marcha hace 15 días e incluye operativos de control permanentes en 32 puntos, de los cuales 23 son fijos estándar y nueve fijos priorizados, además de patrullajes continuos en 15 tramos críticos identificados mediante análisis de inteligencia criminal.
Barreno explicó que la medida busca interrumpir los flujos ilícitos asociados al transporte interprovincial, la carga pesada y el traslado de encomiendas utilizadas para el tráfico de drogas, armas, municiones y explosivos en carreteras nacionales, peajes, terminales terrestres y estaciones de servicio.
Según indicó, el objetivo es afectar de forma directa la movilidad, la logística y la capacidad operativa del crimen organizado.
Asimismo, señaló que los controles se ejecutan bajo el modelo de intervención focalizada, una estrategia basada en inteligencia que apunta a incidir en la toma de decisiones y en el comportamiento de las estructuras delictivas, especialmente en corredores viales considerados nodos logísticos del crimen organizado.
El despliegue incluye, además, ocho puntos de interdicción especializados, orientados a interceptar e interrumpir el transporte de mercancías ilícitas, como droga, en carreteras y puntos críticos, a cargo del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), enfocados en el registro de vehículos con posible transporte de sustancias sujetas a fiscalización.
Los puntos de control están distribuidos en al menos 22 provincias, entre ellas Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, Imbabura, Carchi y Sucumbíos. En tanto, los 15 tramos priorizados se concentran en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, consideradas zonas de alta incidencia delictiva en rutas estratégicas.
Desde el sector de los transportistas de carga pesada, la medida es vista como necesaria, pero insuficiente si no se mantiene de forma permanente. Carlos Bastidas, presidente de la Federación de Transportistas Pesados de Carchi, sostuvo que la presencia policial en las carreteras “da seguridad”, pero advirtió que los controles siguen siendo esporádicos.
“El pedido nuestro es que la Policía y las Fuerzas Armadas estén las 24 horas en las vías, especialmente en los puntos más críticos. Ahí es donde se producen los robos de mercadería”, dijo Bastidas, al recordar un asalto hace un par de semanas a un tráiler con una gran cantidad de mercadería en la vía Santo Domingo–Ambato.
Transportistas consultados coincidieron en que la inseguridad sigue siendo una amenaza diaria. Rafael Lisa, conductor que cubre rutas entre Cuenca, Quito, Guayaquil y Tulcán, relató que compañeros suyos fueron asaltados la semana anterior en el tramo Riobamba–Ambato.
“Estamos complicados. No hay apoyo policial en las vías. Si van a hacer operativos, deberían hacerlo siempre, no solo anunciarlo”, afirmó.
Una percepción similar expresó Samuel Cagua, transportista que circula por la vía Cuenca–Guayaquil, a la que calificó como “una de las más peligrosas del país”.
“Nos intentaron asaltar hace cuatro días. No hay vigilancia, es insoportable trabajar así”, dijo, y mencionó también altos niveles de delincuencia en la ruta Quevedo–Santo Domingo–Alluriquín.
Para el analista de seguridad, Wagner Bravo, el refuerzo de los controles en carreteras es “positivo y necesario”, dado que Ecuador funciona principalmente como país de tránsito del narcotráfico y otras economías ilegales.
“Si la droga no se produce aquí y tampoco las armas o explosivos, entonces entran por las fronteras y se mueven por las vías terrestres hacia los puertos. Controlar las carreteras es clave”, explicó.
Bravo advirtió, sin embargo, que el impacto de la estrategia dependerá de su sostenibilidad y de que no se limite a controles aislados. A su criterio, el Estado debe priorizar el desmantelamiento de las economías ilegales que financian a las organizaciones criminales, dentro de un enfoque de seguridad integral.
