El mundo de Liam cabía en dos objetos pequeños: su mochila de Hombre Araña y su gorra tejida azul de largas orejas como un conejo. Con cinco años, el trayecto de la escuela a la casa es parte de una rutina simple entre dos lugares seguros. Pero ese 20 de enero, el recorrido se interrumpió sin previo aviso.
No fue en la frontera ni en un cruce irregular. Esa tarde fría en Minneapolis, en Minnesota, Estados Unidos, Liam y su padre fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).
Liam golpeó la puerta de su casa. Desde dentro, su madre escuchaba, mientras los agentes le pedían que no saliera para evitar ser detenida. Afuera, el niño seguía aferrado a su mochila escolar. Ese fue el inicio de una secuencia que transformó un regreso a casa en custodia, espera y encierro.
La escena no es excepcional. Forma parte de una realidad que atraviesa a niños ecuatorianos en Estados Unidos, cuyas infancias transcurren entre procesos migratorios, audiencias judiciales, cambios forzados de escuela y un estado permanente de incertidumbre.
En enero de 2026, según cifras oficiales de la Cancillería de Ecuador, 32 menores ecuatorianos se encontraban bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en Estados Unidos. Todos estaban en procesos de reunificación familiar o retorno. La institución aseguró que reciben acompañamiento consular y que no existen denuncias oficiales de menores ecuatorianos desaparecidos en territorio estadounidense.
Pero los números no alcanzan a explicar el problema. No existen protocolos públicos específicos de seguimiento consular en niñez migrante ni un sistema articulado que integre educación, salud mental y protección frente a riesgos de violencia, discriminación o trauma.
Liam Conejo Ramos, el pasado 20 de enero, sujetado por un agente del ICE al ser detenido.
Tras la detención, Liam fue trasladado junto a su padre a un centro de detención familiar en Texas. Mientras tanto, su nombre empezó a circular más allá del ámbito familiar. En Minneapolis, donde ya se registraban protestas contra las redadas migratorias, miles de personas salieron a marchar bajo la nieve. En carteles improvisados aparecían conejos, dibujos de Spiderman y una pregunta repetida: ¿por qué un niño de cinco años?
Desde Ecuador, el canciller encargado Alejandro Dávalos afirmó en Teleamazonas que el gobierno mantiene activos protocolos permanentes de atención a compatriotas en el exterior, aunque sin detallar mecanismos especializados para niños ni criterios de intervención en casos de detención migratoria.
En los días posteriores al caso de Liam, Chloe Renata Tipán Villacís, de dos años, fue arrestada junto a su padre mientras regresaban de hacer compras. Aunque un juez ordenó inicialmente que no fuera trasladada por riesgo de “daños irreparables”, ICE la llevó a Texas antes de que finalmente fuera devuelta a su madre.
Por otro lado, Keyli Camila Espín Vaca, una niña ecuatoriana de 5 años, no fue la persona detenida directamente, sino que quedó bajo custodia temporal o separada de su madre tras un operativo de inmigración. Su madre, Mayra Vaca Latacunga, fue detenida por agentes de ICE el 23 de enero de 2026 tras un control vehicular en Biddeford, Maine.
Según testimonios de sus familiares recogidos por The Boston Globe. “Yo quiero estar con mi mamá”, pedía insistentemente la menor.
La detención ocurrió en medio de una ofensiva migratoria en Maine que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) denomina “Operation Catch of the Day”, un operativo que fue anunciado oficialmente coen el objetivo arrestar a unas 1.400 personas y que ya había superado los 200 arrestos en sus primeros días.
Así, el gobierno federal sostuvo que la operación apunta a personas con antecedentes criminales graves.
Vaca Latacunga dejó a su hija en la escuela primaria de Biddeford y luego salió a hacer compras cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron su vehículo y le solicitaron documentos. Su hermano dijo al Globe que los agentes la esposaron al no contar con la documentación requerida y posteriormente la trasladaron a Massachusetts.
Estos casos se inscriben en un contexto de intensificación de operativos migratorios en el interior de Estados Unidos. Aunque ICE sostiene que no tiene como objetivo arrestar menores, en la práctica los niños quedan bajo custodia cuando sus padres son detenidos y no existe un adulto con estatus legal inmediato que pueda hacerse cargo.
Legalmente, estas situaciones se denominan “custodia administrativa”. Para los niños, el efecto es otro: separación familiar, encierro y ruptura violenta de su vida cotidiana.
La presión pública en torno al caso de Liam escaló rápidamente. Los congresistas Jasmine Felicia Crockett (30.º distrito de Texas) y Joaquín Castro (20.º distrito de Texas), ambos pertenecen al Partido Demócrata y desempeñan sus cargos en la Cámara de Representantes, visitaron el centro de detención, organizaciones civiles cuestionaron el procedimiento y las versiones oficiales se contradijeron con los testimonios de los maestros y vecinos del niño ecuatoriano. Finalmente, después de doce días, el juez federal Fred Biery ordenó el retorno inmediato de Liam y su padre a casa. En su fallo, fue explícito:
“El caso tiene su origen en una persecución mal concebida e incompetentemente aplicada por parte del gobierno para cumplir cuotas diarias de deportación, incluso si ello supone traumatizar a los niños”.
Para la psicóloga experta en infancia Guisella Chicaiza, la exposición repetida de niños a situaciones de amenaza —detenciones, evacuaciones escolares, discursos de odio o separación familiar— tiene efectos profundos y duraderos. Ansiedad, alteraciones del sueño, dificultades de aprendizaje y miedo persistente son consecuencias documentadas.
“No se trata solo del momento de la detención”, explica. “Es el entorno que se construye después. Los niños crecen aprendiendo que su rutina puede romperse en cualquier momento”.
Desde una perspectiva jurídica, la abogada experta en niñez Sybel Martínez es aún más directa: “La detención migratoria no es neutral cuando hay niños. Daña y puede enfermar”.
Martínez señala síntomas frecuentes como vómitos, dolor abdominal, hipervigilancia, miedo a los uniformes y rupturas abruptas de identidad. “El niño no va a recordar el texto de la ley. Va a recordar el frío, el encierro, el silencio y el miedo”, afirma. Los síntomas que describe la experta fueron los mismos que tuvo Liam durante su detención.
El domingo 1 de febrero, Liam volvió a casa. Un día después, su escuela suspendió actividades por una amenaza de bomba que, según la policía local, tenía motivaciones raciales y políticas. La detención no terminó con la liberación: se prolongó en un entorno marcado por miedo y hostilidad.
En medio de las historias, la interpelación hacia las autoridades sigue siendo la misma: ¿Qué hace Ecuador por estos niños una vez que son detenidos?
Para Martínez, la obligación del Estado es clara y no se extingue aunque las familias rechacen apoyo consular. “Debe exigir medidas alternativas a la detención, monitorear condiciones de salud, garantizar seguimiento médico y psicológico y sostener una posición diplomática activa”, sostiene. “No se puede normalizar que un centro de detención sea tratado como un lugar seguro para un niño”.
Mientras tanto, Liam ha vuelto a casa a encontrarse con los conejos de origami que las profesoras de su ciudad hicieron, con la esperanza de reencontrarse con sus compañeros de prescolar, con una mochila nueva y con un futuro que merece más protección y humanidad.
