El Gobierno suspendió actividades mineras en Napo y plantas mineras en El Oro, Loja y Napo. Sin embargo, hay cuestionamientos a la capacidad del Estado para ejercer su autoridad y realizar controles efectivos
La decisión del Gobierno de Daniel Noboa de suspender la actividad minera en Napo y restringir las operaciones en plantas de beneficio o tratamiento minero en Napo, El Oro y Loja genera dudas sobre la capacidad real del Estado para frenar la minería ilegal sin golpear a la minería formal y, a la vez, controlar los focos históricos de contaminación y daños al ambiente y a comunidades asociados al procesamiento de minerales.
Desde Tena, capital de Napo, el periodista David Granja, director de noticias de Radio Stereo Ideal, describió una expectativa marcada por el escepticismo de la gente.
“Los moradores nos preguntamos si existirá una verdadera autoridad capaz de ejecutar esta nueva decisión y si, efectivamente, la prohibición señalada se logrará extender a las operaciones que se desarrollan de manera ilegal”, comentó.
Granja añadió que la población espera resultados judiciales pendientes por operativos anteriores: recordó que en febrero de 2022, en las orillas del río Jatun Yaku, se incautaron más unidades de maquinaria pesada y afirmó que, pese al tiempo transcurrido, las investigaciones no avanzan.
Granja aseguró además que un tramo de 18 kilómetros del Jatun Yaku “continúan ocupados por la minería ilegal” y afirmó que “las cuencas de casi todos los ríos de la provincia de Napo están contaminadas”, en muchos casos con “daños irreversibles”, que atribuyó en su mayoría a la minería ilegal “permitida con la complicidad de los propios organismos de control”.
Por su parte, Franklin Soria, representante del Observatorio de Política Minera, calificó como “acertada” y “meritoria” la parte de la medida que, según su criterio, apunta al cierre de plantas de beneficio de El Pache, en El Oro, por considerar que “han sido contaminantes durante décadas” y que “por fin, un gobierno toma una decisión tan necesaria”.
Sobre la suspensión en Napo con el objetivo declarado de contener la minería ilegal, Soria sostuvo que el objetivo “es saludable”, pero advirtió que el mecanismo debe probar su eficacia: “la minería ilegal no opera por decreto, sino por hechos; por lo tanto, es mediante hechos que debe ser controlada”.
Soria respaldó los operativos como “positivos”, aunque dijo que persisten “problemas de ineficacia” y apuntó a causas estructurales. Así, afirmó que la Agencia de Regulación y Control de la Minería, ARCOM, en Napo no tendría personal suficiente para ejercer control y que el Viceministerio de Minas contaría con “un solo observador técnico” para la provincia, “quien vive y trabaja en Quito”.
En esa línea, pidió que el control no termine afectando a la “incipiente minería formal” en Napo y señaló que, según él, existe presión de sectores antimineros por “homogeneizar” minería formal e ilegal, lo que “termina culpando a todos por igual”.
La orden
La medida consta en la Resolución Nro. MAE-MAE-2026-0005-RM, firmada hoy, 2 de febrero de 2026 por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. El texto reconoce contaminación ambiental en El Oro y Loja y, “en virtud de los principios de prevención y precaución”, dispone la suspensión total de actividades en plantas de beneficio ubicadas en esas provincias.
En el mismo documento, el Ministerio también reconoce afectación ambiental en Napo “ante la presencia de minería ilegal” y ordena la suspensión total de actividades mineras en concesiones aledañas a la cuenca hidrográfica del río Napo, bajo el principio de precaución.
En un comunicado, el Ministerio de Energía y Ambiente sostiene que la medida responde a informes técnicos que evidencian impactos sobre ecosistemas sensibles y fuentes hídricas y cita la detección de metales pesados y cianuro en concentraciones por encima de límites permisibles en ríos vinculados a la cuenca Puyango–Tumbes.
La resolución incluye un sustento técnico específico de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA): un informe fechado el 22 de enero de 2026 menciona incumplimientos de parámetros de cianuro total, arsénico, cobre y plomo en puntos de muestreo y describe incrementos críticos en el tramo donde se concentra la operación de plantas de beneficio, incluyendo aumentos porcentuales reportados de 535,60% en plomo y 465,79% en cianuro total.
Además de la suspensión, el acto administrativo ordena iniciar procedimientos sancionatorios a través de direcciones zonales del Ministerio en un plazo máximo de 10 días; realizar verificaciones en 3 días sobre autorizaciones ambientales, registro para uso de cianuro y permisos vinculados al recurso hídrico; y ejecutar inspecciones cada 15 días para comprobar el cumplimiento de la suspensión.
También dispone que ARCOM coloque sellos y decomise material mineralizado en concesiones y plantas de beneficio de El Oro, Loja y Napo, e instruye controles periódicos para garantizar la “inviolabilidad” de los sellos. En paralelo, ordena a ARCA monitoreos de sedimentos y calidad de agua con plazos inmediatos y de hasta dos meses, y plantea que titulares de plantas y concesiones presenten “inmediatamente” un Plan de Acción.
Para Soria, el problema es que el éxito de una suspensión “depende de la capacidad de control”, por lo que planteó medidas que van más allá del anuncio ministerial: pidió “mejorar la gobernanza minera” con un viceministro de Minas titular y dijo que se debe controlar el “precio especulativo de los explosivos”.
Así, sostuvo que la minería formal llegaría a pagar “hasta un 300% más”, mientras, según él, la minería ilegal accede de forma irregular a esos insumos. También propuso “depurar” instituciones: ARCOM, Viceministerio de Minas, Viceministerio del Ambiente y Empresa Nacional Minera del Ecuador, para una coordinación real entre fomento a la minería formal y combate a la ilegal.
La minería ilegal de oro ha devastado al menos 1.740 hectáreas de riberas de ríos y bosques en la provincia de Napo, en la Amazonía ecuatoriana, entre 2017 y diciembre de 2024, una superficie equivalente a unas 2.500 canchas de fútbol profesional, según datos de un informe de la iniciativa Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), de la organización Amazon Conservation, citados por la revista Mongabay.
El estudio documenta la expansión sostenida de esta actividad ilegal en una de las zonas más biodiversas del país, donde la minería aurífera ha alterado de forma significativa los ecosistemas fluviales y forestales, con impactos que se extienden más allá de los sitios intervenidos.
