El alcalde de la capital aseguró que presentará una denuncia de violación de garantías constitucionales ante la Asamblea Nacional. En ese sentido, el Concejo Metropolitano emitió una resolución que asegura que la Asamblea no tiene competencias constitucionales para fiscalizar a los gobiernos autónomos descentralizados.
El Concejo Metropolitano de Quito rechazó la intención de la Asamblea de fiscalizar la actuación del alcalde Pabel Muñoz (Revolución Ciudadana) y de las autoridades de las empresas públicas metropolitanas en los procesos de contratación pública y gestión administrativa vinculados a la adquisición de 60 trolebuses eléctricos.
Por iniciativa del bloque de ADN, el 20 de enero el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución en la que dispuso a la Comisión de Relaciones Internacionales que inicie un proceso integral de fiscalización sobre este tema.
Según la Asamblea, la resolución se fundamentó en las facultades de fiscalización y control político de la Función Legislativa, sin que ello implique intromisión alguna en las competencias exclusivas de otras funciones del Estado.
La posición del Concejo
La respuesta del Concejo se adoptó está mañana a través de una resolución en la que expresa que la actuación de la Asamblea constituye un atropello al orden constitucional, una invasión de competencias propias del régimen autónomo y una vulneración directa al principio de autonomía que rige a los gobiernos autónomos descentralizados.
Según el Concejo, «el modelo constitucional reconoce a los gobiernos autónomos descentralizados como entidades del régimen autónomo, dotadas de un estatus constitucional propio, diferenciado y separado del nivel central del Estado», por lo que gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y ejercen sus competencias de manera directa, sin subordinación ni injerencia de otros niveles de gobierno.
El Concejo señala además que la aacultad de fiscalización de la Asamblea se limita de manera expresa a las funciones del Estado y a los órganos del poder público, sin que dicha atribución se extienda a los gobiernos autónomos descentralizados, a sus autoridades ni a sus empresas públicas metropolitanas.
«En consecuencia, cuando la Asamblea dispone iniciar un proceso integral de fiscalización sobre el Alcalde de Quito y sobre autoridades de empresas públicas metropolitanas, no ejerce una competencia constitucional, sino que incurre en una extralimitación de funciones, una arrogación indebida de competencias y una intromisión directa en el ámbito propio del régimen autónomo», consta en el texto aprobado.
Según los ediles que aprobaron está resolución, la actuación de la Asamblea pretende desviar la atención «con un nuevo show» por la falta de fiscalización al Gobierno Central en temas tan graves y complejos como los conocidos PROGEN (Progen Industries LLC), ATM (Austral Technical Management), HealthBird, entre otros.
En este sentido, la resolución del Concejo rechaza «la impertinente injerencia e intromisión de la Asamblea» en las competencias y atribuciones del Concejo Metropolitano de Quito, denuncia la vulneración del principio constitucional de Autonomía Política, Administrativa y Financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y ratifica que el órgano natural, legítimo y competente de fiscalización política y administrativa es el Concejo Metropolitano.
