El más reciente estado de excepción y la “Ofensiva Total” pueden reducir la violencia a corto plazo, pero analistas advierten que sin inteligencia, control carcelario y ataque a economías ilegales los resultados no serán sostenibles.
El más reciente estado de excepción que el presidente Daniel Noboa decretó el 31 de diciembre para 9 provincias y tres cantones y el reciente despliegue masivo del Bloque de Seguridad en Guayas, Los Ríos y Manabí pueden generar una baja temporal de la violencia en los puntos intervenidos, pero difícilmente sostendrán resultados si el Estado no golpea la rentabilidad de las economías ilegales, fortalece inteligencia y corrige vacíos institucionales, advirtieron los analistas de seguridad consultados por Ecuador Chequea Diego Pérez y Lorena Piedra.
Esto luego de que esta semana el gobierno anunciara el inicio de nuevos operativos, llamados Ofensiva Total, con el movimiento de cerca de 10.000 militares hacia las tres mencionadas provincias costeras en un intento de contener la violencia y presionar a estructuras delictivas.
Estos operativos se enmarcan en el estado de excepción por grave conmoción interna que rige por 60 días para Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, además de La Maná (Cotopaxi) y Las Naves y Echeandía (Bolívar)
La medida suspende, en esas jurisdicciones, el derecho a la inviolabilidad de domicilio y a la inviolabilidad de correspondencia. En el texto, el Ejecutivo sostiene que la suspensión de domicilio habilita allanamientos inmediatos cuando existan “indicios objetivos y razonables” de ocultamiento de integrantes de estructuras criminales, armas u otros elementos vinculados a delitos, y exige que las intervenciones se documenten y respeten principios de necesidad y proporcionalidad.
Sobre la correspondencia, el decreto prevé acceso “excepcional” y “caso por caso”, con informe motivado y foco en información estrictamente pertinente para prevenir o neutralizar amenazas relacionadas con los hechos que motivan la declaratoria.
El propio decreto menciona que busca articular una respuesta “integral” y uniformar acciones del Bloque de Seguridad, citando informes técnicos y reservados de inteligencia.
“Juego del gato y el ratón”
Pérez calificó el despliegue como una medida con “efecto claramente mediático” que puede mostrar voluntad estatal, pero no debe presentarse como solución final. A su juicio, el problema estructural está anclado a la naturaleza ilegal y altamente rentable del narcotráfico y otras economías criminales.
En la práctica, dijo, el mayor impacto probable es una mejora de indicadores “en el corto plazo” en las zonas donde se concentre la fuerza, con el riesgo de que los grupos trasladen operaciones a otras áreas: “un poco el juego del gato y el ratón”, describió.
Pérez sostuvo que el “tema de fondo” “definitivamente sigue intacto” mientras las organizaciones mantengan réditos, y cuestionó la consistencia de la política pública y la capacidad real de sostener presión territorial sin descuidar otros focos.
Operativos con inteligencia sí, decreto “solo” no
Piedra coincidió en que los efectos pueden ser puntuales y dependen menos del decreto en sí que de la estrategia detrás. Señaló que en Los Ríos se han observado impactos cuando fuerzas especiales llegan con inteligencia previa, ejecutan incursiones en “blancos específicos” y detienen “personas consideradas clave” dentro de redes criminales.
Pero advirtió que una declaratoria “por declaratoria” tiende a diluirse si no está acompañada de una estrategia interinstitucional: si se militariza sin más, aparece el “efecto cucaracha”, en el que las estructuras se mueven a otras provincias, se pausan y reconfiguran, o cambian de rutas.
Piedra planteó que el Estado debe aprovechar la coyuntura para profesionalizar inteligencia, con le Centro Nacional de Inteligencia, CNI, como “agencia centralizadora”, enfrentar los problemas de inseguridad en “lugares críticos” de las cárceles a cargo del Serviciop Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, e impulsar políticas de prevención desde municipios para reducir reclutamiento y economías de supervivencia que alimentan a las bandas.
Piedra consideró que la exposición pública de un “mapa” de seguridad atribuido al excandidato presidencial, Jan Topic, puede servir para el debate sobre información de inteligencia por fuera del Estado. En días recientes, Topic presentó la “plataforma OSINT 360” alojada en transforma.ec, que, según Topic, busca mapear y monitorear hechos delictivos con fuentes abiertas y reportes ciudadanos.
Para Piedra, esto abre preguntas sobre qué capacidades geográficas e informacionales pueden tener organizaciones criminales con financiamiento, y sobre los vacíos legales para regular inteligencia privada y exigir resultados visibles a la institucionalidad pública.
El estado de excepción y la “Ofensiva Total” pueden reducir la violencia a corto plazo, pero analistas advierten que sin inteligencia, control carcelario y ataque a economías ilegales los resultados no serán sostenibles.
