Para ayer se anunció una reunión de su buró político para tratar el tema tras la publicación de nuevas revelaciones del caso Metástasis de conversaciones entre la alcaldesa María Fernanda Vargas y el narcotraficante Leandro Norero. El caso reactiva el debate sobre filtros en las organizaciones políticas. Analistas advierten que partidos priorizan fama y financiamiento sobre ética y probidad.
La Revolución Ciudadana, RC, no ha adoptado hasta ahora ninguna resolución sobre la situación de la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda “Mafer” Vargas, pese a las expectativas generadas tras las nuevas revelaciones del caso Metástasis, de penetración del crimen organizado en la justicia y la política.
La secretaria ejecutiva del movimiento, Melissa Zambrano, explicó que el caso se encuentra en análisis preliminar por parte del Comité de Ética y Disciplina del Buró saliente, pero sin una decisión vigente, y que cualquier determinación formal quedará en manos del nuevo Buró Político, una vez que sea oficialmente reconocido por el Consejo Nacional Electoral, CNE.
“No hemos tomado una resolución”, dijo Zambrano al ser consultada por Ecuador Chequea sobre el anuncio oficial de RC de que su Buró Político se iba a instalar ayer para tratar este tema. “Apenas nosotros estemos posicionados oficialmente ante el CNE, estaremos dándole paso al proceso a través de nuestra nueva comisión de ética”, señaló.
La dirigente detalló que dicha comisión estará presidida por Gustavo Jalkh y será la instancia encargada de recabar información, escuchar a la alcaldesa y analizar sus descargos antes de recomendar una decisión al movimiento.
Las declaraciones se producen luego de que la presidenta electa de RC, Gabriela Rivadeneira, anunciara ayer en el noticiero Primera Plana que el Buró Político se reuniría para abordar el caso, lo que elevó la expectativa pública sobre una posible sanción o incluso una expulsión de la alcaldesa.
Rivadeneira no solo confirmó el inicio de una investigación sino que no descartó una posible expulsión de Vargas del movimiento.
Sobre eventuales pedidos de separación de Vargas, la secretaria ejecutiva negó que existan solicitudes formales dentro del movimiento. “No hemos tenido ningún pedido formal de ninguna acusación a ella, más que lo que se ha llevado a cabo en los medios de comunicación”.
Por ahora, Zambrano aclaró que, aunque la nueva dirigencia fue electa en convención partidaria el fin de semana pasado, el proceso de transición aún depende de los plazos legales del CNE. “Tenemos que esperar los plazos del Consejo Nacional Electoral para hacer la transición entre el buró anterior y nosotros”, explicó.
Zambrano sostuvo que las decisiones que adopte RC se mantendrán bajo escrutinio público, dada la relevancia política del movimiento. “Las decisiones van a estar siempre en el ojo público y nosotros estaremos en respuesta a nuestra militancia y al Ecuador entero”, concluyó.
En cualquier caso, las nuevas revelaciones del caso Metástasis que se dieron a conocer esta semana, a partir de un video que registra conversaciones entre la ahora alcaldesa de Simón Bolívar, Guayas, María Fernanda Vargas, y el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en octubre de 2022, no solo han generado numerosos cuestionamientos a la RC, sino que abrieron un debate más amplio sobre la ética y los filtros que aplican los partidos para seleccionar candidaturas.
Así, mientras el correísmo sostiene que investigará este caso, analistas consultados por Ecuador Chequea advierten que el episodio evidencia una falla estructural del actual sistema de partidos políticos.
La controversia surgió tras la publicación de chats, audios y videollamadas extraídos del teléfono celular de Norero e incorporados a expedientes de la Fiscalía dentro del caso Metástasis. En esos registros constan pedidos de dinero para el pago de artistas durante la campaña electoral de Vargas, además de intercambios de carácter personal e íntimo.
A raíz de esas revelaciones, la propia alcaldesa ha manifestado públicamente su disposición a colaborar con cualquier investigación. Esto debido a que en ocasiones anteriores ha negado vínculos con Norero, pero ayer emitió un comunicado público en el que declaró estar dispuesta a colaborar con las autoridades con cualquier investigación que se considere necesario.
“Si alguna autoridad considera que existe algún aspecto de mi pasado que deba ser examinado, me pongo en total disposición. Colaboraré con absoluta transparencia en los canales correspondientes, pues mi gestión se basa en el respeto estricto a la ley”, manifestó en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Así, por ahora, la expectativa se centra ahora en qué tipo de investigación interna realizará RC, con qué alcance y en qué tiempo.
¿Y la ética?
Para Rubén Zapata, analista y docente universitario de comunicación política, el caso no es una anomalía aislada sino la consecuencia de una brecha entre el discurso ético y la práctica real de los partidos.
“La ética sí funciona siempre y cuando exista un proceso de formación que vaya de la mano con la formación política”, afirmó, al recordar que las organizaciones políticas deberían formar a sus nuevos líderes con preparación en administración pública, contratación pública y conducta ética.
Zapata sostuvo que, en la competencia por ganar curules y gobiernos locales, muchos partidos priorizan el rendimiento electoral y reclutan perfiles sin formación política, lo que termina convirtiendo la ética “en una moneda común”. A su juicio, esa carencia “pasa factura” cuando emergen escándalos que involucran a autoridades electas y a operadores políticos.
El analista planteó que el problema requiere reformas normativas y culturales, como ajustes al Código de la Democracia para fortalecer la coherencia partidaria y la responsabilidad política.
“La ética no es un concepto etéreo; debe ser una práctica”, dijo, respaldada por reglas que exijan cuentas claras y una vida a prueba para elevar la calidad de los perfiles que llegan al poder.
¿Prima la fama sobre los filtros?
El abogado constitucionalista y analista político Giuseppe Cabrera fue más contundente al afirmar que en Ecuador no existen comités ni instancias internas eficaces que garanticen la probidad de los candidatos.
“Claramente se priman dos factores: el nivel de conocimiento público y la capacidad de financiamiento”, señaló, al sostener que los partidos priorizan a quienes pueden sostener sus campañas.
Cabrera calificó como una falta de respeto al electorado la presentación de candidaturas cuestionadas y dijo que, cuando estallan los escándalos, la reacción habitual es el desmarque: atribuir la decisión a directivas locales o a recomendaciones externas. En su crítica incluyó tanto a RC como a otras fuerzas políticas, al sostener que el problema es sistémico.
El analista enmarcó el fenómeno en una crisis más amplia de la moralidad política, donde lo “políticamente incorrecto” gana espacio, y subrayó la necesidad de contrapesos externos. En ese punto, llamó a los medios y a espacios de verificación a ejercer una vigilancia más exigente, ante la debilidad de los filtros partidarios.
En este caso, el máximo líder de esa organización política, Rafael Correa, promocionó su candidatura e incluso la defendió frente a las críticas a su perfil. “No se la pone ahí por mujer, se la pone por capaz”, dijo Correa.
Presión inmediata y definición de candidaturas
Más allá del debate ético, Cabrera planteó acciones concretas: presionar a la Revolución Ciudadana para que se pronuncie con claridad sobre el caso Vargas y detalle cómo actuará, especialmente de cara al calendario en el que se definirán precandidaturas seccionales. La pregunta central, dijo, es si la alcaldesa tendría o no respaldo para una eventual reelección u otra postulación.
