Las propuestas de los presidenciables deberían abarcar, no sólo medidas urgentes, sino también soluciones a problemas estructurales que perpetúan la fragilidad del sector eléctrico, aseguran los expertos.  

POR: Juan Camilo Escobar

Los planes de gobierno presentados al Consejo Nacional Electoral por los 16 candidatos presidenciales para las elecciones del 9 de febrero no abordan de manera suficiente la vulnerabilidad del sector eléctrico, según expertos consultados por Ecuador Chequea. Señalaron que las propuestas carecen de estrategias claras para enfrentar los desafíos estructurales y de sostenibilidad que enfrenta el sistema eléctrico del país tras las tres series de apagones entre octubre de 2023 y diciembre de 2024.

Aunque algunos candidatos incluyen referencias generales a la necesidad de fortalecer la infraestructura, no presentan planes concretos que detallen soluciones específicas para los riesgos que afectan al sector, como la obsolescencia y el mantenimiento deficiente de las centrales generadoras, las normas que dificultan un control efectivo sobre la ineficiencia y la politización de las empresas e instituciones del sector, el impacto del cambio climático, la dependencia de fuentes limitadas de energía o el mantenimiento insuficiente de la red.

Los expertos consultados advirtieron que la falta de atención al sector eléctrico resulta crítica en un contexto donde su estabilidad es fundamental para el desarrollo económico y social. Puntualizaron las prioridades que deberían contemplarse tanto en las propuestas presidenciales como en la agenda del próximo Gobierno.

REINSTITUCIONALIZACIÓN

El sector eléctrico enfrenta una crisis estructural que exige reformas urgentes, según Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Acuña destacó que la prioridad número uno para el próximo Gobierno debe ser proponer a la Asamblea reformas legales que permitan “reinstitucionalizar” el sector eléctrico.

El experto señaló que las empresas e instituciones del sector operan bajo un esquema marcado por la politización y la falta de eficiencia. “Las pérdidas técnicas superan el 20% de la energía producida, un indicador crítico de la ineficiencia del sistema”, advirtió.

Acuña también subrayó la importancia de garantizar el cumplimiento del Plan Maestro de Electrificación, un instrumento diseñado para orientar el desarrollo sostenible del sector pero que ha sido incumplido en varios de sus objetivos claves.

Para enfrentar estos desafíos, Acuña propone disposiciones concretas, como la creación de una nueva Ley del Servicio Eléctrico de Ecuador, que fortalezca la gobernanza del sector, elimine prácticas de injerencia política y establezca mecanismos de control estrictos para reducir las pérdidas técnicas y optimizar los recursos disponibles.

Propone la restauración del Ministerio de Electricidad con mayor fortaleza técnica y autonomía para establecer políticas nacionales. Actualmente, recordó, esta entidad opera como un viceministerio dentro de una cartera que abarca tres grandes áreas.

También destacó la necesidad de crear una agencia de regulación independiente, encargada de cumplir con la planificación nacional del sector eléctrico. Según señaló, la actual agencia no ejerce control efectivo, lo que ha contribuido a grandes pérdidas en el sector y a la falta de ejecución de los planes de desarrollo.

«Es urgente que esta agencia realice un control adecuado, para evitar los riesgos que enfrenta el sector eléctrico y garantizar el cumplimiento de las políticas y planes establecidos», concluyó, tras recordar que algunas de las principales instituciones del sector eléctrico, como el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), que han sido manejadas como “botín político” por varios gobiernos.

DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL

La segunda prioridad en la agenda del próximo gobierno debe ser la realización de un diagnóstico técnico exhaustivo sobre el verdadero potencial de generación eléctrica del país, tanto de las fuentes hídricas tradicionales como de las alternativas, según destacó Acuña.

“Sin un diagnóstico actualizado y preciso, no es posible establecer un plan concreto que aproveche de manera eficiente nuestros recursos energéticos”, afirmó. Así, recordó que, de acuerdo con estudios técnicos realizados por los gremios del sector, Ecuador cuenta con un potencial estimado de generación de 90.000 megavatios (Mw) de fuentes hidroeléctricas. Además, se calcula un potencial de 1.900 Mw en fuentes fotovoltaicas, una cifra similar en fuentes eólicas y 2.000 Mw en fuentes geotérmicas.

Acuña señaló que, aunque estas cifras muestran un panorama alentador, la ausencia de un plan estratégico limita el aprovechamiento de estos recursos. “El próximo Gobierno debe priorizar la planificación energética con metas claras y plazos específicos para diversificar y fortalecer la matriz energética nacional”, añadió.

Acuña también destacó la importancia de considerar los megavatios instalados a través del ‘Factor de planta’, un indicador que mide la eficiencia y el rendimiento de las centrales de generación eléctrica. “Es esencial evaluar cuánto de lo que se genera con cada sistema —tanto de fuentes tradicionales como alternativas— se entrega efectivamente. Todos estos parámetros deben ser parte de una planificación integral, pero en los últimos años hemos vivido una suerte de improvisación”, comentó. “Pero en estos últimos años hemos vivido una suerte de hacer las cosas al susto”, agregó.

REINGENIERÍA DE TARIFAS

Una tercera prioridad para abordar los problemas estructurales del sector eléctrico es la «reingeniería de las tarifas», coincidieron Fernando Salinas, investigador universitario y presidente del Foro Energético del Ecuador, y Hugo Arcos, investigador universitario y experto en materia energética.

Arcos destacó la necesidad de un nuevo esquema para el mercado eléctrico, que facilite tanto inversiones privadas como públicas en el sector. Para ello, explicó, es esencial garantizar la transparencia en los costos reales de producción, transmisión y distribución de electricidad, los cuales, según él, no están cubiertos por las tarifas actuales y dificultan la atracción de nuevas inversiones.

Salinas dijo que “las tarifas que pagamos todos los ecuatorianos por el servicio público de electricidad  son deficitarias, ya que no cubren todos los costos de generación, transmisión y distribución, lo cual no ha sido considerado por el Gobierno ni por los candidatos. Y, si no se hace una reingeniería en la estructura, no habrá inversión pública o privada en generación, transmisión y distribución”.

MEDIDAS COYUNTURALES

Fernando Salinas, destacó que, además de planificar a mediano y largo plazo para abordar los problemas estructurales y aprovechar el potencial energético del país, el próximo Gobierno debe aplicar medidas urgentes para enfrentar problemas coyunturales.

Entre las principales medidas urgentes, sugirió la recuperación y el mantenimiento de las centrales hidroeléctricas HidroPaute y Molino, así como de las centrales térmicas Termo Esmeraldas y Termo Gas Machala. “La necesidad de que las centrales hidroeléctricas Hidro Paute y Molino, que se ha postergado por tres años, ha afectado la generación de 370 megavatios. Y lo mismo pasa con las obras de emergencia de la central Coca Codo Sinclair (la más grande del país, con una capacidad teórica de 1.500 megavatios) para evitar que se comprometa su captación de aguas”.

Salinas recordó que hay plantas que, a pesar de las recientes crisis energéticas con apagones que paralizaron al país, no se han logrado reactivar, como Termo Esmeraldas 1 y Termo Esmeraldas 2.