Ecuador cumple hoy un año desde la declaratoria de conflicto armado interno, tras la toma violenta de TC Televisión. A puertas de las elecciones, ¿cuáles deben ser las prioridades de los candidatos en materia de inseguridad? Los expertos ven una debilidad: las propuestas, hasta ahora han sido más enunciados que acciones concretas.
POR: Juan Camilo Escobar
Inestabilidad política. Crisis económicas crónicas. Desigualdades sociales. Gran parte de la población económicamente activa sumida en la informalidad. El próximo 9 de febrero, los ecuatorianos regresarán a las urnas, enfrentando los mismos desafíos que han marcado al país durante décadas.
¿La novedad? Una crisis de inseguridad sin precedentes que ni el Estado ni la sociedad han logrado contener. Esto, a pesar de que hace un año, el presidente, Daniel Noboa, adoptó una medida extraordinaria: declarar oficialmente la existencia de un conflicto armado interno, un hecho sin precedentes en la historia reciente de Ecuador.
La declaratoria, que hoy cumple un año, evidencia la magnitud de la crisis de seguridad. Pese a las estadísticas oficiales positivas de supuesta reducción de homicidios —que el Gobierno presenta cada vez que tiene cámaras en frente— el país continúa enfrentando un clima de violencia y de fortalecimiento de organizaciones criminales, cuya influencia se extiende incluso a cárceles que, en teoría, están bajo control militar.
Frente a este contexto complejo y a la espera de las respuestas que los electores esperan de los 16 presidenciales, especialistas consultados por Ecuador Chequea señalan que las propuestas deben ajustarse al actual contexto de inseguridad.
Daniel Pontón, investigador y catedrático de políticas de seguridad en América Latina, señala que en este año de conflicto amrado la actuación y el rol desempeñado por las Fuerzas Armadas ha dejado una preocupación en la ciduadanía, especialmente en materia de respeto de los derechos humanos, tal como lo confirmó el caso de la desaparición, asesinato y calcinamiento de 4 menores de edad en Guayaquil, luego de que fueran detenidos por una patrulla militar hace un mes.
“Esto ha generado inquietud y temores por los costos en materia de derechos humanos, que son indicios de que hay algo sistemático que el Estado no ha hecho nada por revertir, sino simplemente ocultar y callar.
Otro tema de preocupación común entre los expertos consultados al evaluar el año de la declaratoria es el descuido en el cumplimiento del rol principal de las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras, donde los flujos ilícitos de personas y mercancías agravan la situación. También señalan la falta de claridad en las actividades y en las reales capacidades de los organismos antinarcóticos, especialmente en los puertos, donde muchos escáneres de control no están operativos.
Un año después de la declaratoria, el manejo de las cárceles sigue generando dudas, no sólo sobre la efectividad de las medidas implementadas, sino también sobre la transparencia en la intervención de la fuerza pública, consideró Fernando Sánchez, experto en temas penitenciarios y exdirector del SNAI (Servicio nacional a cargo de las cárceles). Así, el experto recordó las diferencias de cifras de las personas que el Bloque de Seguridad asegura haber detenido en sus operativos y las estadísticas estadísticas oficiales del SNAI de internos en las cárceles.
Daniela Oña, también investigadora de temas carcelarios, coincidió con este criterio y señaló que el balance del manejo de las cárceles durante el año de conflicto armado interno “ha sido más negativo que positivo”.
La estrategia del Gobierno de Daniel Noboa para controlar las cárceles ha caído en un “populismo penal”, afirmó Oña, al referirse a la propuesta que el año anterior presentó el presidente, de excluir a los presos de los grupos de atención vulnerable del Estado, medida que no fue calificada por la Corte Constitucional.
“Al pueblo se le presentó la idea de que dejaríamos de gastar en presos para priorizar a los niños en la distribución de recursos. Este discurso, aunque atractivo para una población golpeada por la inseguridad, ignora las responsabilidades internacionales del país y del Estado sobre la integridad de las personas privadas de libertad”, señaló Oña.
La experta subrayó que, aunque la propuesta pudo generar respaldo popular, el enfoque del Gobierno pone en riesgo compromisos internacionales y derechos fundamentales, lo que añade una dimensión crítica al debate sobre la política penitenciaria en Ecuador.
PUNTUALIZACIONES
Frente a este complejo contexto, los votantes se plantean dos preguntas claves antes de tomar una decisión informada: ¿Qué ha cambiado en el país? ¿Cuáles deben ser las prioridades de los candidatos presidenciales en materia de seguridad?
Pontón, Sánchez y Oña coincidieron en que, a diferencia de las soluciones de «mano dura» que suelen proponer los políticos en Ecuador y en otros países de América Latina, las propuestas para resolver la inseguridad no deben limitarse a la movilización de la fuerza pública. Deberían incluir estrategias a mediano y largo plazo que aborden las causas sociales y económicas subyacentes de los problemas de seguridad.
Así, los expertos consideran indispensable que los 16 binomios no respondan generalidades, sino que puntualicen acciones y planes concretos para enfrentar la inseguridad.
Pontón indica que los presidenciables deben enfocarse en precisar un tema muy poco abordado en los planes de gobierno, como las políticas que proponen respecto a la planificación de seguridad a largo plazo en el país: “Y que ellos podrían decir con nombres cuáles serán los mecanismos de ejecución de esas estratégias y cómo los van a financiar“.
Pontón también opina que los postulantes deben responder con qué medidas y con qué propuestas de reformas van a garantizar la independencia de las funciones del Estado, en especial de la función judicial y evitar la impunidad en casos de corrupción.
Todos los expertos consultados señalan que los planes frente a la inseguridad deben conectarse, de manera indispensable, con planes económicos y sociales, no sólo a escala nacional, sino, sobre todo, provincial y cantonal. Para ello, insistieron, es indispensable que se pregunte a los candidatos, cómo prevén coordinar iniciativas para promocionar la reactivación económica con prefecturas y municipios.
“Deben indicar cómo van a ser los niveles de coordinación con autoridades locales para enfrentar políticas de seguridad que traspase el ámbito represivo y vaya hacia lo social, tomando en cuenta que hoy se habla de reclutamiento de niños y adolescentes en bandas criminales”, comentó.
CONTEXTO DE VIOLENCIA
Entre enero y el 24 de noviembre de 2024, Ecuador reportó 6.052 homicidios, lo que refleja una disminución del 17,3%, en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando se registraron 7.318 muertes violentas, según las más recientes estadísticas disponibles del Ministerio del Interior.
A finales de octubre, la cifra acumulada de homicidios ascendía a 5.552, lo que implica una tasa aproximada de 31,02 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta cifra representa una reducción del 14,97% respecto al mismo período en 2023, que registró 6.530 homicidios. Sin embargo, a pesar de la disminución, 2024 sigue siendo el segundo año más violento de Ecuador desde el inicio del siglo.
En 2023, Ecuador se posicionó como el país más violento de América Latina y el cuarto a nivel global, incluyendo el Caribe, con una tasa de 44,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la organización InSight Crime.
Octubre de 2024 fue el más violento del año, con 679 homicidios, lo que representó una reducción del 16% en comparación con octubre de 2023, cuando se reportaron 809 muertes violentas.
ACTIVIDAD CRIMINAL Y LAVADO DE ACTIVOS
Ramiro García, penalista y expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, señala que el combate a los problemas estructurales de inseguridad que continúan afectando al país no dependen solamente de la intervención de policías y militares, sino de que se diseñen y apliquen verdaderas políticas de prevención de delito y de efectividad e independencia de las instituciones que administran justicia, algunas de las cuales funcionaron a favor de organizaciones criminales relacionadas con empresarios y políticos.
A pesar de su importancia, ambos temas se señalan en términos generales, o simplemente no se abordan en los planes presentados de manera obligatoria por los candidatos al Consejo Nacional Electoral, lamentó García. “Los candidatos presidenciales deben responder qué medidas concretas implementarían en la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) para que pueda ejercer mejor su labor de control”.
“Nos hemos convertido en una potencia mundial del narcotráfico, específicamente de la cocaína. Y, específicamente, gran parte de ese dinero se reinvierte en el mercado, generando serias distorsiones en el sistema económico, que afectan a las actividades lícitas. Las burbujas inmobiliarias, el fenómeno inflacionario por el flujo de dinero resultado de las actividades delictivas, son entre otras, varias de las consecuencias que generan estas actividades económicas delictivas, por tanto se requiere cambios al ordenamiento jurídico para evitarlas”, agregó García.
LAS CÁRCELES, TRAS UN AÑO DEL CONFLICTO
El 12 de noviembre de 2024, una masacre en la Penitenciaría de Guayaquil dejó al menos 15 muertos y desmanteló por completo la narrativa oficial que el Gobierno había intentado construir meses antes.
El 9 de febrero, un mes después de la declaratoria oficial del conflicto armado interno, el Gobierno difundió fotografías y videos de militares fuertemente armados, promocionando la versión oficial de que habían logrado imponer orden y control en todas las cárceles, en particular en la Penitenciaría, la más grande y peligrosa del país.
Sin embargo, los sangrientos hechos de noviembre revelaron la fragilidad de esa estrategia. Esa cárcel, que debía estar bajo el control total de las autoridades militares, volvió a ser escenario de una nueva masacre en el sistema penitenciario ecuatoriano, poniendo en entredicho la efectividad de las medidas implementadas para enfrentar la crisis de seguridad en los centros de reclusión.
La crisis penitenciaria es uno de los temas más sensibles y complejos que heredará el próximo gobierno, y los candidatos presidenciales deberán presentar propuestas técnicas y concretas para enfrentarlo, según señalaron Daniela Oña y Fernando Sánchez, expertos en materia penitenciaria, en declaraciones a Ecuador Chequea.
Ambos expertos coincidieron en que los planes presidenciales deben incluir diagnósticos integrales que analicen, no sólo las condiciones en las cárceles y el sistema que las administra, sino también los contextos sociales y económicos que contribuyen a la problemática. Factores como la pobreza, el desempleo, el subempleo y la falta de inversión pública afectan a una gran parte de la población y están intrínsecamente ligados al aumento de la criminalidad, explicaron.
“Sin un diagnóstico adecuado, es imposible establecer objetivos, metas y estrategias claras. Esa es una falla grave”, advirtió Sánchez. También señaló la necesidad de desagregar los problemas específicos del sistema carcelario, en particular las estrategias de prevención de delitos tanto para adolescentes como para adultos.
“No se trata sólo de atender los efectos de la crisis, sino de abordar sus causas estructurales. Esta lógica no está presente en ninguno de los planes analizados hasta ahora. Es indispensable esta lógica de prevención que evite que haya más ciudadanos que se dediquen a delinquir”, dijo Sanchez, exdirector del SNAI.
El experto también cuestionó la falta de claridad en los planes presentados por los candidatos presidenciales. “Hacen grandes declaraciones, pero los candidatos deben indicar cómo financiarán sus propuestas. Sin mecanismos específicos, más allá de renovar o ampliar las deudas externa e interna, es crucial mejorar la recaudación fiscal y obligar a los contribuyentes, especialmente a quienes están en mora, a pagar sus impuestos”, afirmó Sánchez.
Oña y Sánchez insistieron en que, sin datos precisos y un análisis profundo de las realidades sociales, será difícil definir políticas efectivas que mejoren la administración y el control de las cárceles en Ecuador, un desafío que se mantiene en el centro del debate de seguridad para el próximo período presidencial.
Oña indicó que los presidenciables deben puntualizar qué medidas concretas proponen, no sólo para fortalecer el sistema penitenciario, sino de los procesos de rehabilitación: “Se ha hecho muy popular tener una visión de mano dura y no creer en los procesos de rehabilitación; entonces, se debe conocer qué visión tienen los candidatos de los sistemas penales, lo que va muy de la mano de la seguridad”.
Asimismo, la experta consideró indispensable que las propuestas de los candidatos respondan cómo va a funcionar el SNAI, que “ha sido debilitado en su institucionalidad”, si pasaría a depender de un ministerio o se crea una nueva subsecretaría con mayor autonomía técnica y financiera.
HACINAMIENTO CARCELARIO
Según las más recientes estadísticas disponibles del SNAI, actualizadas a septiembre anterior, el hacinamiento en las cárceles de Ecuador ha alcanzado niveles críticos en 2024. Así, entre enero y septiembre, la población penitenciaria creció un 9,5%, pasando de 30.762 internos el 5 de enero a 33.669 el 27 de septiembre, lo que representa un incremento de 2.907 personas.
Este aumento ha disparado el índice de hacinamiento, que pasó del 11,63% al 21,50%, es decir, prácticamente se ha duplicado en menos de nueve meses. La capacidad carcelaria de Ecuador es de 27.714 personas, por lo que hasta septiembre había 5.955 internos adicionales, más del doble de lo permitido.
El incremento ha sido progresivo a lo largo del año. En enero, el déficit de espacio era de 3.206 plazas; para marzo, superaba las 4.700, y en junio llegó a las 5.463. Para septiembre, la brecha alcanzó las 5.955, marcando el mayor nivel de hacinamiento del año.
En cuanto a la composición de la población carcelaria, los presos con sentencia representaban el 60,7% del total en septiembre, con 20.455 internos. Los procesados constituían el 36,9%, con 12.436 personas, lo que sumaba el 97,6% de la población penitenciaria. El resto estaba compuesto por contraventores y personas detenidas por apremio, cuyas cifras, aunque menores, también mostraron un leve incremento.
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