Para el domingo está convocada la sesión para tratar en segundo debate el proyecto de Ley de energía, que se da por descontado que sea aprobado por la coyuntura. Conoce qué contiene el texto.
POR: Hugo Constante
El carácter de urgente para su tratamiento con que el presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Asamblea el nuevo proyecto de energía, pasó del papel a la realidad ante el incremento de los horarios de los apagones que afecta al país.
Hasta ayer por la tarde, cuando se aprobó el informe para segundo debate en la Comisión de Fiscalización, su tratamiento en el Pleno estaba previsto para el lunes. En horas de la noche, el Gobierno informó que los apagones ya no serían de seis y cuatro horas, como lo había prometido hasta hace poco, sino que los cortes de luz, por problemas de caudales en las centrales hidroeléctricas, serían de 14 horas diarias desde este viernes.
La respuesta de la Asamblea no se hizo esperar. Convocó para este domingo y de manera presencial, algo no tan común para ese día, para conocer en segundo y definitivo debate el mencionado proyecto. En un comunicado oficial, la Asamblea da a conocer que la convocatoria para la sesión del domingo de debe “a la grave crisis energética que se vive en el país y el contradictorio nuevo anuncio de ampliación de apagones diarios de 14 horas” y que se garantiza el tratamiento de esta Ley para “crear las condiciones que solucionen la grave crisis que atraviesa el país”. “La Asamblea va a coadyuvar todo el esfuerzo necesario para el bienestar de los ciudadanos”, indicó la presidenta de esta Función del Estado, Viviana Veloz (correísmo), en un video institucional.
Las posturas de los bloques
La coyuntura ha generado que este proyecto de Ley, aunque con ciertos reparos, tenga todas las posibilidades de ser aprobado el domingo, a pesar de que los asambleístas también están conscientes que no solucionará los actuales apagones.
En la Comisión, donde están representados el oficialismo, el correísmo, los socialcristianos y un sector de independientes, el informe se aprobó por unanimidad y esa tendencia se podría reflejar el domingo en el Pleno, donde se necesitan 70 votos para aprobar este proyecto de Ley.
Jorge Acaiturri, del Partido Social Cristiano, destacó que, pese a las diferencias ideológicas, se ha demostrado que se puede llegar a consensos y que, aunque el proyecto de Ley no resolverá los problemas inmediatos, permitirá establecer un marco jurídico para soluciones a futuro. Destacó que este nuevo marco jurídico permitirá una mayor participación del sector privado nacional e internacional en la generación de energía, pero con regulación estatal. “A la larga, a la gente no le importa quién hace la obra o quién mejora el servicio: si el Estado o el inversor privado. Le importa tener la obra y el servicio para poder vivir bien, y es lo que buscamos todos”, manifestó Acaiturri.
Los tres asambleístas del correísmo que integran la Comisión dijeron que se han acogido gran parte de las observaciones que habían planteado para el primer debate y en el transcurso de la construcción del informe para segundo debate. Blasco Luna coincidió en que el proyecto de Ley no solucionará de inmediato la presente crisis, pero que busca dar soluciones para que no se vuelva a repetir. Indicó que en la Comisión se dio un debate profundo y propositivo, buscando alternativas favorables al desarrollo energético.
Mientras que Pedro Velasco (independiente) aseguró que se ha logrado trabajar en un proyecto técnico, más que político. “No hay leyes perfectas. Quisiéramos recoger el criterio de todos los participantes que han venido a la Comisión, pero es muy difícil, casi imposible poderlo hacer porque se haría una Ley tan amplia que en vez de simplificar procesos, los estaríamos entorpeciendo”, indicó el legislador.
El oficialismo, naturalmente, destacó la importancia de esta propuesta. Karina Subía, dijo que son pasos firmes para ofrecer soluciones de energía renovables y superar la crisis actual, optimizando recursos.
El proyecto
Busca fomentar la inversión privada en energías limpias, facilitar el desarrollo e implementación de proyectos de generación eléctrica de diferentes fuentes de energía renovable y energías de transición. Además, busca optimizar el uso de energía eléctrica.
Dispone que las personas jurídicas podrán importar gas natural, siempre y cuando sea para procesos productivos, así como aquellas que tengan como fin generar energía eléctrica y sustituir el uso de hidrocarburos.
Los proyectos en trámite con límites de 10 MW podrán solicitar una revisión de sus permisos para adaptarse a los nuevos límites de potencia. En cambio los proyectos que al momento operan bajo el límite de 10 MW podrán solicitar un ajuste de potencia.
Los gobiernos seccionales deberán implementar sistemas de gestión de residuos que incluyan el procesamiento de basura para la generación de energía, que podrá ser vendida al Sistema Nacional Interconectado.
Las empresas eléctricas deberán ejecutar de manera progresiva el plan de renovación de alumbrado público para reemplazar las luminarias actuales por luminarias de tecnología LED y solares.
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