En Esmeraldas, por ejemplo, la percepción es que la inseguridad ha disminuido; el Gobierno es optimista y habla de una reducción del 18% en muertes violentas; sin embargo, las dudas sobre sus cifras persisten.

Mañana, Ecuador alcanza los primeros seis meses desde la declaratoria del conflicto armado interno, que incluyó una orden a militares y policías para «neutralizar» a una veintena de bandas criminales catalogadas como terroristas. 

Este periodo, la medida más significativa en la historia del país en la lucha contra la violencia criminal y el narcotráfico, ha producido resultados variados según a quién se consulte. El presidente, Daniel Noboa, en sus breves pronunciamientos sobre el tema, ha mantenido un discurso de éxito del Gobierno en la lucha contra la inseguridad, destacando como suyas,  incluso, competencias que corresponden a la Fiscalía, como el inicio de investigaciones.

El mensaje principal del Ejecutivo es una supuesta reducción de homicidios. Sin embargo, las estadísticas oficiales sobre esta materia ya no están disponibles para consulta abierta por parte del público. Esto, debido a que en meses recientes se han dejado de publicar los informes estadísticos periódicos tanto en el portal de datos abiertos del Gobierno así como en el micrositio de analística de la Fiscalía.

Las autoridades del denominado Bloque de Seguridad, es decir los ministros del Interior y de Defensa y el comandante de la Policía han anunciado en semanas recientes diferentes porcentajes de reducción de homicidios en diferentes períodos de este año en comparación con el año anterior.

Por ejemplo, este Bloque informó hoy desde Manta que hasta la semana 27 del 2024 se han registrado 658 muertes violentas, lo que equivale a una reducción del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

El comandante de la Policía, César Zapata, indicó que se han capturado «nueve objetivos de alto valor y 121 de intermedio valor», es decir, cabecillas o personas relacionadas con grupos delincuenciales.

En días anteriores, el mismo Bloque informó que hasta la semana 25 de este año, las muertes violentas se redujeron en un 27% en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

Estas cifras son presentadas por el Gobierno como uno de los resultados más destacados de las acciones emprendidas tras la declaración del conflicto armado interno. Aunque estos operativos han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos, que denuncian abusos de poder por parte de los militares y problemas en la información sobre el paradero y las condiciones de los detenidos trasladados a distintas cárceles.

Además de estos cuestionamientos en materia de derechos humanos, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales dos decretos de estado de excepción, con los cuales el Gobierno buscaba ampliar los operativos mencionados.

Así, las estadísticas con las que el Ejecutivo declara como exitosa la lucha de la fuerza pública contra la violencia criminal atribuida a una veintena de organizaciones catalogadas como criminales resultan ensombrecidas por estos cuestionamientos legales y de derechos humanos.  

El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado señaló que las estadísticas del Gobierno no reflejan con precisión la magnitud de las muertes violentas en el país. Según el Observatorio, la Policía aún no ha respondido a su solicitud de información detallada sobre las zonas geográficas donde el Gobierno reporta reducciones, las cuales coinciden con áreas que ya mostraron menos casos de muertes violentas el año pasado, especialmente en distritos como Guayaquil, Samborondón y Durán.

Además de cuestionar las estadísticas, las críticas también abarcan el alcance y la eficacia de los operativos de la fuerza pública para asegurar la seguridad en el país, tanto a corto como a mediano y largo plazo.

En declaraciones a Ecuador Chequea, Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, criticó los resultados «insuficientes» del primer semestre desde la declaración de conflicto armado interno.

Rivera explicó que la estrategia de seguridad del Gobierno ha priorizado los operativos de la fuerza pública, descuidando el diseño e implementación de políticas sociales necesarias para fortalecer las instituciones de salud, educación pública y prevención del delito en el país.

“Sin estas políticas, planificadas sobre la base de evidencia científica y criterios técnicos, existe el riesgo de que el éxito en la reducción de las muertes violentas dependa cada vez más de pactos o alianzas entre las organizaciones criminales y no de la capacidad del Estado para controlar la violencia”, dijo Rivera.

Además, indicó: “Cuándo ese pacto o alianza entre organizaciones criminales se rompe, los homicidios vuelven a aumentar”.

A criterio de este especialista en seguridad interna en el contexto ecuatoriano, el primer semestre de la declaratoria de reconocimiento de la existencia del conflicto armado ha evidenciado las debilidades del Estado ecuatoriano para enfrentar el crimen organizado.

Rivera señaló que el Gobierno ha empleado a los militares como medida de auxilio y como herramienta populista, evidenciando la ausencia de estrategias sólidas para combatir estos desafíos.

Más horas de trabajo

Dos fuentes del sector turístico en Esmeraldas, una de las zonas más afectadas por la violencia en años recientes, coincidieron en que la presencia militar en las calles ha contribuido significativamente a reducir la inseguridad. Esto ha permitido que muchas zonas comerciales extiendan su horario de cierre de las cinco de la tarde a las ocho de la noche, y en el caso de la zona turística de Las Palmas, hasta las diez de la noche, según dijeron a Ecuador Chequea.

Para comparar este cambio, la presidenta de la Cámara Provincial de Turismo de Esmeraldas, Sonia Valencia dijo que en noviembre del 2023, dos meses antes de la declaratoria de conflicto armado e inicio de los patrullajes militares en las calles esmeraldeñas, “solo teníamos 20 hoteles y restaurantes afiliados que permanecían activos en el gremio. Hoy, con esta mejor percepción de seguridad que han dado los militares en las calles, tenemos más de 50 y cada vez hay más interés”

“A las cinco de la tarde toda la ciudad quedaba abandonada, con todos los locales de todo tipo de comercio cerrados en pleno centro de la ciudad. Esto afectó muchísimo al turismo por la percepción de inseguridad, pero los operativos, que antes eran masivos y muy frecuentes, ayudaron a cambiar todo. Hoy ya no son tantos, pero siguen los operativos”, dijo la dirigente gremial.

Jorge Espinosa, empresario turístico y propietario de un hotel con 24 habitaciones en plena zona turística, expresó un criterio similar. Indicó que desde el inicio de los patrullajes militares, la ciudad ha experimentado un “cambio radical”.

«Hoy son menos, pero diría que más precisos, van más directo hacia donde tienen que ir, donde hay disputas entre las organizaciones criminales. Entonces, al recuperarse esta percepción de un poco más de seguridad, también se está reactivando el turismo, diría que hasta en un 35% en ciertas épocas altas,» dijo Espinosa. 

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