Hay 15 militares investigados por intentar meter objetos prohibidos en la cárcel de ‘La Roca’, pero no es el primer caso, hay un antecedente en Cotopaxi. La rotación del personal, acción eficiente de Inteligencia militar y pruebas de confianza podrían ser claves.
Un militar enfrenta prisión preventiva mientras que otros 14 han mantienen medidas sustitutivas, como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse dos veces por semana ante el fiscal del caso. Esas son las medidas dictadas en el proceso en el que se investiga el ingreso ilegal de artículos prohibidos, incluyendo teléfonos celulares y dinero, a la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como La Roca, este fin de semana por parte de personal militar.
¿Este incidente es un caso aislado? ¿Refleja un potencial riesgo de «contaminación» entre militares después de seis meses de operaciones contra el crimen organizado?
La Fiscalía ha presentado como evidencias fajos de dinero en efectivo, unos veinte teléfonos celulares, una tableta y otros dispositivos electrónicos. Estas pruebas desmintieron una versión que circulaba en redes sociales, que afirmaba que se trataba de «efectos personales» de los militares involucrados. En un comunicado, la Fiscalía señaló que, luego de un registro en el que también participó un grupo de guías penitenciarios, los militares fueron detenidos por la Policía y, junto a las evidencias encontradas, trasladados a la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo, donde quedaron a disposición de la Fiscalía.
Analistas y expertos en seguridad y defensa ofrecieron diversas perspectivas sobre el tema: no existe una respuesta única ni una solución simple para prevenir este tipo de situaciones, sugiriendo desde la rotación del personal hasta la implementación de pruebas de confianza y un mayor enfoque en la “inteligencia militar interna”.
En última instancia, los expertos indicaron que es responsabilidad de la ciudadanía denunciar cualquier actividad inusual en este ámbito y exigir a las Fuerzas Armadas que actúen con rectitud y transparencia.
No se trata de un primer hecho. Existe el antecedente registrado el 25 de abril, cuando el Ejército reconoció que dos militares eran investigados por intentar ingresar tres celulares a la cárcel de Latacunga. El hecho, según se informó, fue descubierto durante una revisión del personal, en la que se detectaron tres móviles, con cables y cargadores, en el interior de los chalecos de combate de los uniformados.
INDICIOS
Diego Pérez, profesor en la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, destacó la importancia de revisar los antecedentes históricos de la fuerza pública con relación al crimen organizado, señalando casos anteriores que describió como «indicios de contaminación».
«Si retrocedemos algunos años atrás, encontraremos casos que involucran a miembros de la Marina en la contaminación de drogas en contenedores de exportación, así como miembros del Ejército vinculados al tráfico de armas, e incluso el caso del capitán Telmo Castro, quien tuvo roles prominentes en las cárceles», detalló Pérez.
Sin embargo, Mario Pazmiño Silva, exjefe de Inteligencia del Ejército y director del Security College US para América Latina, calificó los incidentes de este fin de semana y de abril como «aislados» y afirmó que no se han evidenciado casos sistemáticos «semana a semana».
«Pueden considerarse hechos completamente aislados; no podemos hablar de una contaminación institucional», comentó Pazmiño. «Sin embargo, lamentablemente, siempre existen estos procesos cuando las instituciones deben enfrentar organizaciones del crimen organizado. Por eso, las rotaciones de personal son siempre necesarias».
Para Pazmiño, estas rotaciones de personal deben ser periódicas y complementarse con las «pruebas de confianza». Estas últimas, explicó, consisten en preguntas y respuestas tanto generales como específicas sobre el trabajo realizado por los militares, las relaciones personales que establecen y las amenazas que perciben.
«Estas medidas son fundamentales para mantener la integridad institucional», afirmó Pazmiño. «Las rotaciones regulares y las pruebas de confianza ayudan a mitigar riesgos y garantizar que las fuerzas militares puedan enfrentar eficazmente las amenazas del crimen organizado».
AMENAZAS
Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército y exconsejero presidencial de seguridad, sugirió que, en ambos casos, los militares pudieron haber actuado bajo fuertes presiones del crimen organizado, ya sea por coerción o amenazas. Agregó que la misión de las Fuerzas Armadas no es controlar las cárceles, y que los problemas de inseguridad y fallas administrativas en estos centros deben ser resueltos mediante la institucionalización y profesionalziación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores SNAI.
Este último caso debería investigarse de manera exhaustiva, reclamó el exalto oficial militar, luego de recordar que las Fuerzas Armadas únicamente colaboran con el SNAI en las cárceles, pero es a esta institución la que le corresponden establecer más controles: “En este momento las FF.AA. están ayudando al SNAI, no son las responsables. Debe haber más controles, no puede ser que lleguemos a este nivel porque, despúes de las Fuerzas Armadas, ¿quién estaría para ayudar?”.
Bravo expresó su preocupación por la falta de liderazgo y voluntad política para institucionalizar la entidad.
MAGNITUD DEL PROBLEMA
Pérez advirtió la magnitud del problema en cuestión: «No es un hecho nuevo, pero las condiciones actuales han aumentado la vulnerabilidad. Esto significa que hay mayores probabilidades de que miembros de las Fuerzas Armadas terminen vinculándose a este tipo de hechos. Es preocupante cómo un problema de seguridad institucional no se resuelve simplemente con el despliegue de policías y militares en las calles».
Según Berta García, profesora emérita de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y coordinadora del boletín semestral Democracia, Seguridad y Defensa, una de las principales causas radica en las deficiencias y problemas institucionales del Estado, como la falta de un sistema de inteligencia criminal y una administración eficiente de las cárceles.
Esto, dijo García, ha llevado a la situación excepcional de que los militares manejen las cárceles internamente, algo inusual a nivel mundial. “Esta medida se ha implementado de manera precipitada debido a la falta de alternativas viables. Esto refleja una descomposición dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.
ESTRATEGIA URGENTE
Los analistas consultados coincidieron en enfatizar la necesidad de una «depuración» tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, como una de las estrategias urgentes para abordar estos problemas y asegurar que los esfuerzos contra el crimen produzcan resultados efectivos.
Diego Pérez advirtió que «ninguna estrategia de seguridad será viable si ignoramos la urgencia de implementar mecanismos de depuración institucional en las Fuerzas Armadas». Otro consenso entre los expertos es la urgencia de implementar medidas preventivas para evitar la repetición de estos incidentes.
García destacó que «la única forma de prevenir es que los militares no tengan acceso a este tipo de misiones». Sin embargo, lamentó que en este momento el Estado esté desarticulado y carezca de los instrumentos necesarios para abordar este problema. García señaló que este desafío se ha agravado durante más de 30 años, con ningún gobierno logrando entender y prevenir estas situaciones, debido a la arraigada presencia del crimen organizado en el país.
MÁS SOLUCIONES
Fernando Carrión, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y especialista en seguridad en Ecuador, formuló tres recomendaciones mínimas para prevenir acciones indebidas de los militares en la lucha contra el crimen organizado. Estas medidas básicas aún son necesarias seis meses después de que se reconociera oficialmente la existencia de un conflicto armado interno, especialmente en medio de la confrontación entre entidades estatales responsables de la seguridad pública:
1. Rotación del personal con políticas explícitas por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
2. Introducción de inteligencia militar dentro de las Fuerzas Armadas.
3. Implementación de sistemas y técnicas de detección de mentiras para evaluar al personal.
«Si no se realiza inteligencia adecuada ni se rota al personal con una política explícita, las estructuras institucionales pueden terminar siendo cooptadas por grupos criminales, como parece estar ocurriendo», expresó el especialista. «En este sentido, es crucial que las Fuerzas Armadas establezcan una política clara para evitar que esto vuelva a suceder».
Hasta el cierre de esta nota, aún no habíamos recibido respuesta por parte del Ministerio de Defensa respecto a nuestra solicitud de información sobre las medidas implementadas o previstas para prevenir la mencionada contaminación dentro de sus filas.
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