Desde la gestión de cargos y contratos hasta una condición de Rafael Correa para detener a funcionarios de Moreno, las nuevas revelaciones de Fiscalía muestran el camino de lo que ha sido este caso, cuya audiencia preparatoria de juicio está prevista para mañana.
La investigación por delincuencia organizada llevada a cabo desde la Fiscalía en el caso ‘Encuentro’ sigue dando de qué hablar. Esta vez, tras las revelaciones llevadas a cabo contra funcionarios públicos y otros personajes. Y es que tras casi cuatro meses desde que inició el proceso, la institución reveló nuevos chats y transcripciones esta semana, contando más acerca de esta trama.
En estos documentos constan nuevos nombres de políticos, funcionarios públicos, periodistas, empresarios e influencers que aparecen o son nombrados en la trama. Además, se ven plasmados posibles tratos bajo la mesa por contratos con empresas públicas y tratos judiciales. Las conversaciones publicadas por la Fiscalía se dieron en la casa de Gabriel Naim Massuh, un empresario acusado en este caso.
Te contamos más sobre estas nuevas revelaciones:
Correa y motines carcelarios
El nombre de Rafael Correa también sonó en los últimos documentos emitidos por la Fiscalía como revelaciones del caso. Y es que el expresidente, prófugo de la Justicia, habría estado involucrado en la planificación de detención de políticos y posibles motines en las cárceles del país.
Una conversación revelada por las autoridades muestra al general de Policía en servicio pasivo Víctor Arauz, teniendo una conversación con Correa, expresando sus ganas de ser candidato por su partido. Pero esta solicitud venía acompañada de una condición puesta por Correa: encarcelar a varios funcionarios del Gobierno de Lenín Moreno, entre los que estaba el nombre de María Paula Romo.
En la transcripción, grabada en 2022, se ve que la voz de un hombre, quien sería Arauz, dice claramente: “¡Espérate! ¿Y cuál es la otra condición? Me dijo, textualmente, —y eso no se lo puedo contar a cualquier persona—: «Lo quiero ver caminando a Lenín Moreno, pero entrando a Latacunga», o sea un sarcasmo, no sé si te lo imaginas que entre caminando (…) Y hacemos una celda mixta con María Paula Romo con (Juan Sebastián) Roldán, con (Andrés) Michelena y me dio otro nombre de otra man y la mujer de Lenín. Y armamos un amotinamiento y los…”.
Pero esta no es la única declaración que se hizo pública con relación a Correa. Los chats también incluyen el nombre del exfuncionario al asegurar que el correísmo blindaría a personajes involucrados por el caso ‘Danubio’.
Tanto Correa como Lenín Moreno se pronunciaron en redes sociales sobre estas revelaciones. En el caso del expresidente prófugo de la justicia, negó haber tenido acercamientos con Víctor Araus para una candidatura de la mano del correísmo. Esto, luego de catalogar a las revelaciones como una “cortina de humo”.
Asimismo, Lenín Moreno publicó en sus redes sociales un breve comunicado:
“Sabía que extirpar el socialismo del siglo XXI del Ecuador y evitar que seamos otra Venezuela tendría un costo muy alto en mi vida. Pero celebro haberlo hecho porque fue el inicio para cambiar el rumbo del país, que todavía tiene un largo camino por enderezar. La verdad siempre saldrá a la luz. La persecución empezó desde el día uno de mi Gobierno, cuando Ronny Aleaga inició la denuncia en mi contra; y hasta hoy han puesto denuncias sin argumentos para tratar de llevarme a la cárcel y asesinarme, esa siempre fue su intención y por eso recibo amenazas permanentes”, dijo el expresidente.
La Justicia
Esta es una de las aristas importantes de las nuevas revelaciones: maniobras para influir en la Justicia a través de acuerdos y acercamientos entre funcionarios. Casos como ‘Danubio’, acciones de protección a favor de alias ‘Fito’ y otros cabecillas de bandas delincuenciales y la relación con altos cargos.
En agosto de 2022, por ejemplo, uno de los implicados en el caso, denominado como VM1 (voz masculina 1) asegura que una de las fiscales provinciales está de su lado y que conoce el nombre de una de las nuevas juezas en la zona donde se llevará a cabo un proceso en el que estaría interesado Rubén Cherres, uno de los protagonistas del caso ‘Encuentro’ y quien presuntamente operaba la gestión de cargos públicos y de sentencias judiciales a favor de sus allegados e involucrados en esta trama.
Asimismo, en otra de las transcripciones recopiladas de noviembre de 2022 se puede ver cómo uno de los involucrados habla de pagar a un fiscal que lleva el caso ‘Danubio’ $50.000, para lo cual pensaban encontrarse en Quito.
A lo largo de las transcripciones también se denota la grave preocupación que tenía Rubén Cherres por el caso ‘Danubio’, en el que la Fiscalía investiga una presunta red de corrupción en la que los procesados tenían presuntos acercamientos con funcionarios con aparente poder de mando en ciertas unidades de instituciones públicas para acceder a cargos. Y es que, al parecer, la investigación llevada por la Fiscalía inquietó a los involucrados en el caso ‘Encuentro’, que se movían en sectores estratégicos durante el Gobierno de Guillermo Lasso.
En esta misma dinámica sobre la Justicia, en una extracción del agosto de 2022, uno de los involucrados habla sobre una grabación comprometedora de Rubén Cherres que buscan eliminarla pagando al juez y al fiscal de turno, en Guayaquil.
La influencia en los procesos judiciales también llegó a niveles menores de corrupción. Por ejemplo, en una de las transcripciones los involucrados hablan sobre la emisión de un certificado médico falso para evitar acudir a dar una versión y alargar más el proceso penal llevado a cabo desde la Fiscalía, con el objetivo de que los abogados del implicado pudieran revisar mejor ciertos procedimientos.
Asimismo, insinuaciones sobre pagos o favores con el sector Justicia se continúan nombrando en la mayor parte de las diez transcripciones publicadas por la Fiscalía. Y es que justamente una de las líneas de investigación de la institución va enfocada en el entramado que generaron estos grupos de delincuencia organizada en la justicia para así salir bien librados de los procesos iniciados en su contra.
Vínculos con el narcotráfico
En una de las conversaciones, grabada el 11 de noviembre de 2022 se expone la lucha y la disposición del narcotráfico en el país por captar puestos de carácter público. En este ejemplo, uno de los involucrados, de quien tampoco se da el nombre, habla del puesto de subgerente de operaciones en las aduanas, “el puesto más importante de las aduanas”.
Aquí, una voz masculina asegura que este es el “puesto por el que el narcotráfico está dispuesto a pagar, por el que el contrabandista está dispuesto a pagar, no uno, dos, no tres, sino varios millones de dólares, porque es el puesto que controla los patios, el que controla las revisiones, controla los aforos automáticos”. Esto, haciendo referencia al manejo de cargamentos de contrabando y droga que salen por aduanas y poniendo en entredicho el manejo de esta institución.
Enseguida la misma voz habla sobre cómo se ha gestionado este cargo, que ostentaba “la señora Carola” y quiénes están detrás del puesto.
En el mismo documento se habla de gestiones aduaneras y las comisiones que los involucrados se iban a llevar por estas ‘ayudas’ al narcotráfico. “A mí me van a pagar 500.000 de comisión, Carlitos. Y ahí vamos a estar. Estoy haciendo esto de los veinte para gastar, porque, si no, me toca pagar con el blanqueo acá y pagar con el blanqueo de ustedes”, continúa una de las voces que aparecen en el video de la cámara de seguridad de la casa de Naim Massuh de ese día.
En el mismo documento se asegura que Rubén Cherres le diría de amigo a uno de los “capos de capos” albaneses, llamado Tony. Además, dice textualmente: “El negocio del banano es una mafia, todos; rusos, albaneses, lituanos, todos son igualitos”. Además, se afirma que Danilo Carrera recibía $50.000 al mes de estos negocios que se llevaban a cabo por la organización. Aunque en una de las transcripciones, uno de los involucrados asegura que se negaron a transportar cocaína, las grabaciones revelan un vínculo con narcotraficantes.
Repartición de cargos y contratos
Este es otro de los temas comunes en las diferentes transcripciones. Desde temas aduaneros, donde se habla de poner nombres a dedo y según los intereses políticos y del narcotráfico, hasta ganancias de contratos con empresas como CNT son parte de las conversaciones.
En una conversación grabada de septiembre de 2022, un hombre no identificado dice claramente: “Ya me dieron luz verde en CNT, estoy oficiando, o sea voy a armar el oficio de riesgo a CNT para ver la Ley de seguridad de riesgo. Más adelante se agrega que las licencias de seguridad para el proyecto con la empresa pública tienen un valor de $7.000 pero que podrían costar $10.000 para sacar los $3.000 de ganancia.
El mismo día, los involucrados hablan sobre una posible concesión para radares: “Ya tengo el convenio con los proveedores de que ellos nos podrán dar en concesión… No creo que todo el proyecto sea más de $360.000”. En este contrato también se pensaba ganar un porcentaje para los involucrados, según las conversaciones.
La misma empresa también tuvo otros contratos involucrados en las transcripciones. Uno de estos, según se detalla en el documento seis, también se enfocaba en la venta de un sistema de administración de contratos a CNT. En esta conversación aparece el nombre de “Cynthia”, sin especificar quién es, asegurando que ella siempre se llevaba el 10% de los contratos.
Los implicados gestionaban reuniones directas con CNT para vender estos servicios y programas a ‘Susana’, otro de los nombres que aparecen en la conversación, sin especificar apellidos ni más detalles. En este mismo esquema, se habla de la supuesta venta de un software para aduanas, del que también sacarán provecho económico, para el que se tiene un presupuesto de un millón de dólares. En las conversaciones también se revela que Hernan Luque tenía la plena libertad para ejecutar su influencia en estos contratos, con el objetivo de garantizar sus ganancias.
En este estrato también se asegura que “Pozo es dueño de los negocios de los radares”, relacionados con la vialidad. Aquí aseguran que los radares que se colocan en las vías están amañados para multar a un carro cada siete que pasan. “Por eso es que hay 300 millones de dólares en facturación al año, un radar produce 2.000 o 3.000 dólares mensuales”, asegurando que todo esté negocio estaría en manos de Edwin Pozo.
Sobre los contratos, las escuchas también hablan sobre contratos municipales y con el IESS que se llevaban a cabo en su beneficio. En la misma línea, también se cita un negocio que consistía en comprar paracetamol y revenderlo al IESS con sobreprecio.
Volviendo a los cargos, otro de los que se habla en las conversaciones es la dirección de CNEL. En una conversación que pertenece al mismo documento, uno de los implicados asegura que Rubén Cherres debe estar de acuerdo con quién se coloque en ese cargo para tener la plena confianza de ejecutar ciertos negocios. Lo mismo ocurre en el caso de CELEC. Los dos son sectores estratégicos del Estado. Además, aunque no especifican cargos, en una escucha se asegura que se han gestionado al menos ocho cargos en diferentes empresas y que estos ya han sido pagados.
En una de las transcripciones, además, se hace referencia a que Carrera y Cherres se moverían en el sector eléctrico, pero se aclara que no son los únicos.
Los mismos involucrados en el caso, en otra de las conversaciones, aseguran que el Gobierno de Guillermo Lasso ha sido uno de los más corruptos de la historia. Las conversaciones también insinúan que los tratos podrían haber llegado hasta Diego Ordóñez, alto cargo de Lasso.
Cabe recordar que el caso ‘Encuentro’ involucra a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Rubén Cherres con una trama de corrupción que operaba dentro del Gobierno con gestión de cargos, injerencia en la justicia y vínculos con el narcotráfico. Este continúa tramitándose en la justicia y se espera que la audiencia preparatoria de juicio se realice entre mañana y el viernes.
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