Cinco grandes temas aprobados por la ciudadanía en las urnas deben pasar por tratamiento legislativo para entrar en total vigencia. La mayoría de asambleístas prefieren una mesa multipartidista, pero esperarán a que lleguen los proyectos de reformas desde el Ejecutivo. 

La Asamblea aún no define si aquellas reformas aprobadas en la consulta popular del 21 de abril que necesitan del trámite legislativo para su vigencia, deben ser tratadas por comisiones permanentes o por una sola comisión ocasional. 

La asambleísta de Construye Alexandra Castillo, integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL), manifestó que la decisión se tomará en el momento en que el presidente de la República, Daniel Noboa, les haga llegar los textos de reforma. “Veamos cómo llega la propuesta al CAL y, según eso, se tomará una decisión”, indicó Castillo. 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó los resultados numéricos y está a la espera de una certificación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de que no existan interpuestos recursos contra esos resultados, para que estos queden en firme. 

Según los anexos de las preguntas aprobadas, el presidente Noboa, en el plazo máximo de cinco días posteriores a la publicación de resultados, remitirá a la Asamblea los proyectos de Ley reformatorios que correspondan. 

Toman posiciones 

En la Asamblea hay cuatro bancadas oficialmente constituidas: Construye, Revolución Ciudadana (correísmo), Partido Social Cristiano (PSC) y ADN, que representa al oficialismo. A ellos se suman un buen número de asambleístas que pertenecen a diferentes grupos políticos como Pachakutik, Gente Buena y Claro que se puede. 

Mariana Yumbay (Pachakutik) asegura que su agrupación política no tendría inconveniente para que las reformas sean tratadas por una comisión ocasional, para evitar la dispersión en el trabajo legislativo, pero que esta comisión debe ser multipartidista y no sólo a nivel de bancadas. “Nosotros somos cinco asambleístas de Pachakutik y, si se arma esa comisión, tenemos que participar con un delegado de nuestro grupo, eso sería lo óptimo. Tomar sólo en cuenta a las bancadas sería excluyente”, dijo Yumbay.

Ramiro Vela, asambleísta oficialista, espera que en los próximos días el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), determine el camino que se va a seguir. “La bancada está de acuerdo con que sea una comisión especial multipartidista la que pueda trabajar en el tema, para no cargarle de trabajo a otras comisiones, como la de Justicia”, dijo. 

Por su parte, el socialcristiano Otto Vera manifestó que Vicente Taiano, coordinador del bloque, es quien les podría representar en la comisión, ya que tiene amplia experiencia en materia legal, específicamente en el ámbito penal, que es lo que se tratarán en las reformas.

Mientras que Jorge Peñafiel (Construye) considera que son las comisiones permanentes las que deben tratar las reformas, pero que es una decisión que debe adoptar el Pleno de la Asamblea. “Nos interesa tener esa claridad en el momento en que se ejecute ya este tema. Por lo pronto, nuestra decisión es esa, pero no nos cerramos al diálogo”, indicó. 

Los temas de las reformas

Cinco temas necesitan de reformas que se trabajen en la Asamblea tras los resultados de la consulta popular:

• Incremento de penas en los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros.
• Que los presos cumplan la totalidad de las penas dentro de las cárceles. Se refiere a quienes hayan sido sentenciados por uno de estos delitos: financiación del terrorismo; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos; secuestro extorsivo; producción ilícita de drogas; actividad ilícita de recursos mineros; armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados; tenencia y porte no autorizado de armas; extorsión; revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido; tráfico de influencias; oferta de realizar tráfico de influencias; testaferrismo.
• Tipificación del delito de tenencia y porte de armas, entre otros, que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
• Que las armas, sus partes, piezas, explosivos, municiones, entre otras, que hayan sido usadas en un delito, se destinen al uso inmediato de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas.
• Que el Estado proceda a ser el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. 

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