Representantes de estos niveles rurales de gobierno de todo el país lograron el ofrecimiento del Gobierno de entregar los recursos atrasados de septiembre y octubre. Hubo una importante presencia de manifestantes en el centro de Quito.
Autoridades del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) destacaron los resultados que obtuvieron hoy con su movilización hacia el Palacio de Gobierno, en demanda de recursos atrasados desde septiembre de este año.
Según Pabel Cantos y Lady Cedeño, presidente y vicepresidente de la organización, tras la reunión que mantuvieron con delegados de los ministerios de Finanzas y de Gobierno, se logró la firma de un compromiso para que hasta el este viernes se pague la alícuota correspondiente a septiembre y hasta el 27 de noviembre lo correspondiente a octubre. Son cerca de 36 millones de dólares lo que el Gobierno nacional debe a las juntas parroquiales.
Además, los dirigentes están preocupados por el recorte de asignaciones económicas a las juntas que ha implementado el Gobierno, a través de los acuerdos ministeriales 027 y 062, de la Cartera de Finanzas, por lo que otro de los compromisos es organizar mesas técnicas para analizar la derogación de esos acuerdos. “No nos vamos totalmente satisfechos, ya que nuestra intención era que ahora haya el compromiso rotundo para derogar esos acuerdos, para que nosotros tengamos la certeza de que vamos a recuperar los recursos que se redujeron”, dijo Cedeño.
Por su parte, Cantos agregó que estarán pendientes para que se cumplan los compromisos firmados en las actas, y para preparar una especie de transición con el nuevo Gobierno, que presidirá Daniel Noboa, para que tenga certezas de cuántos recursos económicos deben desembolsar a las juntas parroquiales.
Medida de presión
La falta de transferencias y reducción de presupuestos también está afectando a municipios y prefecturas, según informaron sus representantes. Sin embargo, el Conagopare, que aglutina a 821 juntas parroquiales rurales, decidió recurrir a la movilización de sus bases como medida de presión al Gobierno. En el parque de El Arbolito se concentraron delegaciones de las 24 provincias y se movilizaron de forma pacífica hacia la Plaza Grande, para ser escuchados por las autoridades nacionales.
Los presidentes de las juntas expresaron la importancia de este nivel de gobierno, por la cercanía con la ciudadanía, y defendieron la gestión que realizan. Andrei Iza, presidente de Pichincha, aseguró que no hay justificativo para el atraso en la entrega de sus recursos ni en la reducción del porcentaje que les corresponde en asignaciones: “La afectaciones son muchas: paralización de obra pública, de la obra social, incapacidad para pagar sueldos”.
Wilson Segura, de Esmeraldas, agregó que la ruralidad es un motor de la economía, por lo que es necesario que reciba los recursos que le corresponden. David Romero, de Cañar, aseguró que en muchos casos les corresponde realizar la obra que deberían ejecutarla los municipios y las prefecturas. “Con poco presupuesto hemos sido eficientes”, manifestó. Criterios con los que coincidieron otros dirigentes, quienes además se mostraron preocupados, ya que dijeron que en pocas semanas más se sentirán los efectos del Fenómeno de El Niño y ellos son la primera respuesta de mitigación pero no tienen recursos.
La transición
Los dirigentes de las juntas parroquiales están conscientes que al Gobierno de Guillermo Lasso le quedan pocas semanas de gestión y que en su reemplazo asumirá Daniel Noboa, de quien esperan que determine el monto real de la deuda y que Sariha Moya, anunciada como futura Ministra de Economía, dialogue con la directiva del Conagopare para establecer sus necesidades económicas.
Xavier Vinueza, de Napo, dijo que estos temas ya no deberían ser tratados con el equipo de Lasso, por estar de salida, sino con el mandatario entrante. “Este Gobierno está por irse. La voz que levantamos acá tiene que escuchar el nuevo Gobierno”, dijo.
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