Una veintena de activistas se declararon vigilantes de los procesos de selección de presidentes de cortes provinciales a desarrollarse a inicios del 2024. Expertas señalan que las mujeres deben vigilar que se apliquen las normas y leyes que garanticen sus derechos.

¿Es posible revertir en apenas tres meses los problemas históricos que han impedido a las mujeres acceder a altos cargos en la justicia en Ecuador? Más de 20 líderes de organizaciones y colectivos de defensa de los derechos de las mujeres creen que en tan corto tiempo sí se pueden dar pasos realizables y concretos frente a semejante desafío. 

Y para ello, los líderes de estas organizaciones y colectivos se reunieron hoy en Quito para acordar medidas concretas y realizables, ante el concurso de selección de presidentes de las cortes de justicia previstos para inicios del próximo año.

La primera medida fue declararse vigilantes del mencionado proceso de selección a cargo del Consejo Nacional de la Judicatura. La segunda fue constituirse como un grupo con la misión de presentar hasta el próximo 7 de diciembre un conjunto de reformas al reglamento del propio concurso para establecer medidas eficaces que garanticen transparencia y, sobre todo, igualdad de oportunidades.

Al frente de esta convocatoria se encontraba Ana Gómez, representante de la organización Mega Mujeres, quien confirmó la participación de una veintena de académicas universitarias, funcionarias judiciales, coordinadoras de iniciativas y de organizaciones de mujeres de diferentes provincias del país e incluso delegados del Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública y Ministerio de la Mujer.

Gómez señaló que la propuesta que busca presentar este “grupo núcleo” intenta que se aplique el denominado principio de “paridad” de género, es decir garantías de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, para que puedan acceder de forma justa y equilibrada a altos cargos de representación.

En el caso de la justicia, por ejemplo, dijo Ana Gómez, el artículo 176 de la Constitución no establece que sea obligatoria, sino opcional la antes mencionada paridad, con lo cual su aplicación depende de la voluntad de las autoridades y no de una exigencia a cumplirse.

Artículo 176: “Los requisitos y procedimientos para designar servidoras y servidores judiciales deberáncontemplar un concurso de oposición y méritos, impugnación y control social; se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres.Con excepción de las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, las servidoras y servidores judiciales deberán aprobar un curso de formación general y especial, y pasar pruebas teóricas, prácticas y psicológicas para su ingreso al servicio judicial.”

“Sobre la conformación de las cortes, la Constitución dice que se debe propender a la paridad, pero lamentablemente el término propender está utilizado de manera voluntaria, es decir, se está utilizando de manera opcional. Entonces, planteamos que eso deje de ser una opción, por eso, planteamos unos reglamentos de la selección de jueces y designación de presidentes de cortes, que serán expuestos al Consejo de la Judicatura”, señaló Gómez.

Este cambio en los mencionados reglamentos son indispensables y urgentes ante la inminencia de la renovación de cortes, pero no es suficiente ante el irrespeto de la paridad en el acceso de las mujeres a altos cargos en casi todas las cortes provinciales y en la Corte Nacional, consideró la representante de Mega Mujeres, al insistir en la necesidad de una reforma en el Código Orgánico de la Función Judicial.

“Queremos que esto se establezca en el Código Orgánico de la Función Judicial, que actualmente dice, por ejemplo, que la subrogación en las cortes provinciales recaerá sobre el juez más antiguo, con lo cual volvemos a lo mismo, porque los más antiguos son hombres”, detalló. 

Estas declaraciones de intenciones de Ana Gómez y de la veintena de colectivos de mujeres que ayer se reunieron en Quito no son nuevas. En 2005, organizaciones de mujeres también expresaron similares propósitos e inclusive se sumaron a iniciativas nacionales e internacionales para vigilar el proceso de selección de los 31 magistrados de la entonces Corte Suprema de Justicia.

Ana Abril, una las dos únicas mujeres que fueron seleccionadas como magistradas, recordó que para ese concurso no se recogieron ni aplicaron las recomendaciones de organismos internacionales, precisamente, de que se apliquen criterios que garanticen la igualdad de oportunidades de participación de hombres y mujeres. 

“En el año 2005 teníamos las calificaciones puras y simples y, a pesar de que hubo una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que se nombre con paridad a los jueces de la Corte Suprema, no se pudo dar por criterios de quienes confirmaban la comisión de selección”, sostuvo Abril.

Con una frase simple, pero potente de que “a igual trabajo, debe haber igualdad de oportunidades”, Ana Abril insistió en que la sociedad exija cambios.

Sobre lo que significa para una mujer desarrollar su carrera profesional en el mundo de la justicia en Ecuador, la jueza de familia de Quito, Cecilia Pareja, señaló a Ecuador Chequea que “ha sido una lucha incesante no sólo para ingresar, sino para mantenerse cada día en la Judicatura, lo que implica una constante preparación y un sacrificio familiar”.

Lo dijo luego de recordar que, en sus inicios, hace casi dos décadas, era prácticamente usual escuchar expresiones de autoridades de la función judicial que descalificaban y desacreditaban el trabajo de las profesionales del derecho por el solo hecho de ser mujeres.

El testimonio de Pareja no es un caso aislado, según las estadísticas de organizaciones que han investigado la realidad laboral de la justicia en Ecuador, de acuerdo con lo presentado hoy por Mega Mujeres, en la primera reunión de su “grupo núcleo” de vigilancia de la renovación en las cortes. 

Uno de los datos más preocupantes de estas investigaciones señala que en la actualidad sólo 3,8 de cada 10 jueces de las cortes de justicia son mujeres y que esa cifra experimenta una tendencia a la baja.

El 50% de los 11.599 cargos administrativos en la función judicial corresponde a mujeres, lo cual no se refleja en los altos cargos: sólo cinco de los 21 magistrados de la Corte Nacional de Justicia son mujeres y sólo tres de sus salas son presididas por mujeres.

El resultado de otra investigación que presentaron los colectivos de mujeres menciona que, Ecuador ha obtenido una calificación de apenas 29,2 sobre 100 posibles “en el indicador que mide la presencia de las mujeres en la administración de justicia y en el ámbito electoral”.

SOLUCIONES

Para la académica y activista Gabriela Alvear, la desigualdad de acceso y desarrollo de carrera de las mujeres en la función judicial responde a que hay “una institucionalidad que ha sido  y que está al servicio de los hombres en el ejercicio de un poder, que no ha sido puesto al servicio de los ciudadanos en general”.

Alvear lamentó que “en pleno siglo 21”, en la sociedad ecuatoriana siguen manifestándose expresiones y estereotipos que relegan a las mujeres a papeles y funciones secundarias no sólo en la función judicial, sino en otros ámbitos laborales. Ante esta situación, dijo, es necesario que las propias mujeres se organicen no sólo para proponer cambios, sino para que se vigilen que se apliquen las normas y leyes que garanticen sus derechos.

Ercilla Castañeda, líder de las comunidades Natabuela, Caranqui, Otavalo y Cayambe, en la provincia de Imbabura, señala que las desigualdades sociales que más impactan a la gente son, precisamente, las “brechas de desigualdad de género”, a tal grado que apenas el 10% ha logrado acceder a trabajos, pero  mal remunerados, que en el mejor de los casos llegan a $237 mensuales.

En este sentido, explicó, que una de las soluciones que las propias comunidades han logrado idear, con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales es la de crear una escuela de formación en liderazgo para 20 mujeres jóvenes de cada comunidad durante un año.

“Que esta formación sirva para que las nuevas líderes actúen en la vida pública con coherencia con sus comunidades”, dijo Ercilla, luego de recordar que en las cuatro antes mencionadas comunidades, las mujeres han sido las personas más afectadas por la falta de acceso a una educación de calidad.