Maribel Barreno y Juan José Morillo fueron llamados a juicio por presunto tráfico de influencias. Hay orden de prisión preventiva sobre Barreno, quien solicitó 30 días de licencia con cargo a vacaciones. 

Luego de más de 12 horas de audiencia y cerca de tres horas de deliberación, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, resolvió esta madrugada llamar a juicio a dos vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, así como al juez de Pichincha Vladimir Jhayya, por el presunto delito de tráfico de influencias. Barreno y Morillo están procesados en el grado de coautores y Jhayya como cómplice. 

Además, por pedido de la fiscal general, Diana Salazar, el juez dictó prisión preventiva contra Barreno y dispuso que se gire la boleta de localización y captura. Según lo manifestado en la audiencia, la prohibición de salida del país y presentación periódica de la vocal, como medidas cautelares no garantizan su presencia en el juicio, por lo que se hace necesario su detención para que, además, no interfiera en el normal desarrollo del juicio. 

El juez también ordenó la inhabilitación en sus cargos de todos los procesados, lo que implica que los dos vocales deberán dejar sus funciones mientras se desarrolle el juicio. 

Macías solicitó remitir los oficios al Ministerio del Trabajo para que ejecute la inhabilitación de los involucrados. 

El juez nacional también dictó medidas de protección a favor de Wilson Toainga y Jefferson Aquieta, fiscales que están actuando o actuarán en el caso y están bajo el control disciplinario del Consejo de la Judicatura.

Cumplida la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la Corte Nacional de Justicia deberá integrar el Tribunal que lleve adelante el juicio y, de ser encontrados culpables, la sanción va de entre tres y cinco años de prisión. 

El caso, conocido como ‘vocales’ se refiere a una presunta injerencia de los vocales de la Judicatura en los jueces que a la fecha de los hechos estaban por conocer una acción de protección, solicitado por la asambleísta Guadalupe Llori. El objetivo era, según la Fiscalía, que la acción de protección salga a favor de Llori para se mantenga como presidenta de la Asamblea.

La Fiscalía anticipó que llamará a cerca de 30 testigos. Similar número de comparecientes se presentarán por cada uno de los tres sindicados. Inclusive el abogado de Jhayya, Jesús López, pidió también que se llame como testigo al presidente de la república, Guillermo Lasso.

La Judicatura no ha emitido, hasta el momento, un pronunciarlmiento sobre la separación de sus dos vocales y quienes serían sus reemplazos. Morillo integró la terna de la Defensoría Pública y Barreno la terna de la Fiscalía General del Estado. 

En un oficio dirigido al presidente de la Judicatura, fechado el 27 de septiembre, Barreno informó que tomarán 30 días de licencia con cargo a vacaciones, entre el 28 de septiembre y el 27 de octubre del presente año.