Esta noche, el Pleno del CNE decidirá qué modalidad de sufragio se aplicará en el exterior, tras el fracaso del voto telemático, el 20 de agosto. Hay más de 400.000 ecuatorianos empadronados fuera del país, que podrían ejercer su voto facultativo.
Los 409.250 ecuatorianos residentes en el exterior y que se encuentran empadronados podrían ejercer su derecho al voto facultativo el 15 de octubre, durante la segunda vuelta presidencial, sin necesidad de inscribirse previamente y de manera presencial.
Sería una de las consecuencias directas de la resolución tomada anoche por el Pleno del Consejo Nacional (CNE), en la que derogó del reglamento para la realización de las elecciones anticipadas 2023, la modalidad de votación telemática en todas las zonas electorales del exterior.
Esto, debido a que en la primera vuelta del 20 de agosto el sistema sufrió ataques cibernéticos que dejaron sin posibilidad de votar a más de la mitad de compatriotas inscritos. “Mi voto a favor de reformar el reglamento (…) e implementar de esta manera la votación presencial en las tres circunscripciones del exterior, como los hemos hecho siempre, de manera tradicional”, dijo, en su momento, la presidenta del CNE, Diana Atamaint.
Sin embargo, la nueva modalidad de votación deberá ser resuelta esta noche por el Pleno y se aplicará tanto para la elección del binomio presidencial, a realizarse el 15 de octubre, como para la repetición de la elección de asambleístas nacionales y del exterior, que fueron anuladas precisamente por las fallas en la votación telemática, pero que aún no tienen fecha.
El coordinador de Procesos Electorales, Fernando Toledo, explicó que, si bien se derogó la votación telemática del reglamento, sigue constando en el Código de la Democracia como una alternativa, por lo que podría ser un sistema combinado.
El artículo 113 del Código señala que: “A fin de promover y garantizar la mayor participación electoral de los ecuatorianos en el exterior, el CNE priorizará el empleo de métodos electrónicos o telemáticos de votación, garantizando las seguridades y facilidades suficientes. Asimismo, podrá facilitar el voto anticipado por correspondencia, de conformidad con la normativa que dicte para el efecto y que garantice que el voto sea secreto y escrutado públicamente”. “Eso lo decidirán las autoridades”, dijo Toledo.
Implicaciones del voto presencial
Toledo aseguró que están listos operativamente para ejecutar el voto presencial en el exterior si así se decide. Esa modalidad implica que los migrantes puedan ejercer su voto en las oficinas consulares o en espacios arrendados, como coliseos, dependiendo del tamaño de la junta. “Todo depende del número de electores y de juntas receptoras del voto que tenemos en el exterior. Por ejemplo en España tenemos una zona que tiene 84 juntas, por lo tanto necesita de un espacio bastante grande para que se realice el proceso”, dijo.
Otro tema que se debe tomar en cuenta será la integración de las mesas, que no se hizo en la primera vuelta.
Las juntas en el exterior estarán integradas por ecuatorianos inscritos en el Registro Electoral del correspondiente consulado. Se integrarán con un mínimo de tres vocales y un máximo de cinco. Y para repetir la elección de asambleístas nacionales y del exterior se tendría que realizar la impresión de esas papeletas por parte del Instituto Geográfico Militar, a través de contratos complementarios.
Se vienen acciones legales
Enrique Pita, vicepresidente del CNE, aseguró que era necesario interponer acciones legales ante la Fiscalía por los errores registrados en la votación telemática, ya que el ataque a la integridad de servidores informáticos es tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que también sanciona a la persona que altere los resultados de un proceso electoral o impida su escrutinio. Atamaint agregó que se pondrá en conocimiento de la Contraloría y, de ser el caso, de la Fiscalía, los términos del contrato suscrito con la empresa Anteproyectos para la implementación de esa plataforma.
Las autoridades han evitado pronunciarse sobre las implicaciones económicas y legales de ese fallido sistema. Según el informe técnico, el contratista no contempló las medidas necesarias para asegurar la continuidad del proceso electoral en el exterior con la finalidad de que se desarrolle según lo planificado. El contrato se adjudicó el 29 de junio por un valor de 756.000 dólares, sin incluir IVA.
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