Allegados del asesinado candidato presidencial señalan de presunta omisión a Lasso y altos cargos policiales y civiles y exigen a la Fiscalía que determine sus grados de participación. El Gobierno pide que no se politice el caso y se defiende.
Tras una semana del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, sus familiares señalan al presidente, Guillermo Lasso, y a altos funcionarios policiales y civiles de cometer varias omisiones que, para ellos, permitieron el magnicidio el 9 de este mes. Esto generó la respuesta del Gobierno, rechazando estas aseveraciones.
En una rueda de prensa convocada la mañana de hoy, los familiares demandaron a la Fiscalía General que determine el grado de participación que tuvieron en este magnicidio el presidente Lasso; el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas; el Jefe de Inteligencia policial, Manuel Samaniego, entre otros altos cargos.
“Dejaron en el abandono a un candidato a Presidente de la República, cuando todo el país sabía el grado de riesgo que tenía”, cuestionó el abogado de la familia, Marco Yulema, luego de recordar que la propia Policía determinó, previamente, que Villavicencio tenía un riesgo del 97%, lo cual obligaba a establecer medidas de protección mucho mayores que otras personas.
Yulema cuestionó, además, que, a pesar de la vulnerabilidad que tenía Villavicencio, las autoridades se limitaron a “enviarle tres policías sin preparación, sin acordonamiento a un mitin político, sin inteligencia previa y, aparte de eso, sin un carro blindado fue enviarle prácticamente a una muerte segura”.
En esta misma rueda de prensa, los familiares de Villavicencio dejaron en claro su desconfianza en la actuación tanto de la Policía como de la justicia frente al asesinato, al cual se refirieron como un crimen de Estado.
Un ejemplo de esto, mencionaron, fue que no se aguardó la llegada del auto blindado destinado al traslado de Villavicencio, sino que fue conducido hacia una camioneta sencilla sin ninguna protección, a través de la parte delantera del lugar de concentración al que asistió.
Dado este nivel de desconfianza, adelantaron que no descartan llevar este caso ante instancias internacionales.
La respuesta oficial
Tras varias horas, por la tarde, la administración de Lasso rompió el silencio a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno, en el cual califica como inaceptable considerar como «premeditadas» las actuaciones de Lasso y del comandante Salinas, con el propósito de «abandonar a un candidato presidencial», tal como lo afirmaron algunos miembros de la familia y un candidato a asambleísta, a quien no se nombra.
“El Gobierno Nacional expresa su total rechazo a las denuncias presentadas tanto por una parte de la familia de la víctima como por un candidato a la Asamblea Nacional, y solicita que no se politice el caso y se permita al sistema de justicia avanzar con las investigaciones y llegue a una verdad procesal”, señala el documento.
En horas de la mañana, el ministro del interior, Juan Zapata, había anticipado que respeta la decisión de la familia de Villavicencio, pero que el Gobierno y la Policía, responderán “con la base jurídica” que asegura tener.
En una rueda de prensa convocada para otro tema, Zapata respondió preguntas de periodistas sobre cuál es su reacción frente a la demanda de la familia Villavicencio.
«Respetamos como el que más la decisión de la familia, estamos en un país que garantiza derechos, en un Estado de derecho. Por lo tanto, si han creído que es necesario poner esta denuncia no podemos más que responder a través de la base jurídica que nosotros tengamos. Sin embargo, vuelvo a insistir, hay informes e investigaciones que nos darán qué es lo que exactamente ocurrió. No podemos extendernos más en aquello, es un derecho que tienen y lo respetamos», señaló.
Zapata también insistió en la versión oficial que maneja desde días atrás de que la Fiscalía es “la titular de la investigación”. Sin embargo, anticipó que para la próxima semana se esperaría tener los resultados de dos “investigaciones internas” con las cuales la propia Policía determinaría si se cumplieron o no los procedimientos de seguridad para Villavicencio.
“Creemos que la próxima semana podremos tener ya los resultados de este informe, en donde se determine, efectivamente, si se cumplió o no, o qué es lo que ocurrió en el tema de los procedimientos; en el tema específicamente de las acciones preventivas y todo lo que debían haber tomado los equipos”, agregó.
Sin este informe, dijo Zapata, no puede emitir un pronunciamiento más detallado.
Te puede interesar:
· El correísmo gana en las cárceles, según exit poll de Cedatos
