Las fechas para hacer proselitismo por los procesos del Yasuní y del Chocó Andino serán las mismas. Hasta el lunes podrán inscribirse las organizaciones que quieran participar y el Estado no podrá tomar partido. Conozca los detalles.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de cadena nacional, realizó las convocatorias para las consultas populares sobre el Yasuní —que busca mantener el petróleo de esa zona en el subsuelo—, de carácter nacional; y sobre el Chocó Andino —prohibición de explotación minera—, consulta que aplica sólo para Quito. Las dos se cumplirán el 20 de agosto, junto al proceso para elegir Presidente y Vicepresidente, además de asambleístas.
De acuerdo con el cronograma aprobado, desde hoy y hasta el lunes están abiertas las inscripciones para organizaciones sociales y políticas que tengan previsto hacer campaña por el ‘Sí’ o por el ‘No’. La calificación de las organizaciones que cumplan los requisitos será entre el 27 y el 30 de junio, para que la campaña como tal se realice entre el 29 de julio y el 17 de agosto. Calendario que aplica para las dos consultas.
De acuerdo con Luis Bonifaz, coordinador de logística del CNE, la papeleta para la consulta popular del Yasuní será verde, y la del Chocó Andino será bicolor: rosado y morado. En este último caso, explicó Bonifaz, en un lado de la papeleta irán las preguntas y en el otro el mapa de lo que comprende el Chocó Anadino, para referencia del elector, ya que en el dictamen de la Corte Constitucional cuando dio paso a esta consulta en particular, especificó que “el mapa oficial de las parroquias sobre las que tendrán efecto dichas medidas, elaborado por el Municipio de Quito, constituye información referencial para efectos de la consulta”.
Al estar definidas las dos consultas populares, el contenido de las preguntas y los diseños de las papeletas, estas ya se podrán mandar a imprimir en el Instituto Geográfico Militar cuando las autoridades lo dispongan y se hayan suscrito los contratos, dijo Bonifaz.
La campaña
El consejero del CNE José Cabrera aseguró que el Estado, a través de sus instituciones, como por ejemplo Petroecuador y el Ministerio de Energía y Minas, involucrados directamente en el tema de la explotación petrolera, no puede participar en la campaña a favor o en contra de las consultas populares. “Es obligación calificarse en el CNE para lo que es promoción por el ‘Sí’ o por el ‘No’”, dijo Cabrera.
Sin embargo, Fernando Muñoz, del colectivo Yasunidos, que promueve esa consulta, considera que la campaña será un escenario complejo, ya que, como promotores del ‘Sí’ deberán enfrentarse a todo el aparataje estatal que está detrás de la explotación petrolera. “Es algo que ya lo vimos en estos 10 años de lucha por lograr la consulta popular, lo vimos nuevamente en la audiencia ante la Corte Constitucional porque ahí estuvieron todos los poderes del Estado dando los argumentos del porqué no se debía dar paso a esta consulta popular”, dijo el activista.
Se refiere a declaraciones públicas de las autoridades, como la de mayo de este año durante una rendición de cuentas de cuentas de Petroecuador, donde su gerente, Ramón Correa, aseguró que la estatal petrolera y el Estado dejarían de percibir unos 16.470 millones de dólares en los próximos 20 años, si se aprueba la consulta popular en el tema del Yasuní. Mientras que el ministro de Energía, Fernando Santos, en una entrevista con Ecuavisa, dijo que la pérdida sería de 1.200 millones de dólares al año.
Muñoz considera que las cifras que han circulado estas últimas semanas no corresponden a la realidad y, como alternativa de ingresos para reemplazar esos recursos, es necesario promover el turismo comunitario local y de pequeña escala, mejorar el cobro de impuestos, entre otros.
En cuanto a la no explotación minera en el Chocó Andino, la Cámara de Minería del Ecuador asegura en un comunicado que la prohibición será una medidas que no soluciona los problemas de fondo de la zona, como la incursión de la minería ilegal, la contaminación del agua por falta de tratamiento de aguas servidas en zonas altas, el tráfico de especies y la tala ilegal. Considera que la minería responsable puede convivir de manera armónica con otras actividades productivas.
Lizeth Escobar, de la Mancomunidad del Chocó Andino, considera positivo que se haga la campaña para demostrar los impactos que la minería causa en el medio ambiente. “Queremos preservar y conservar esta zona. Acá la mayoría de personas conocemos el tema, lo hemos socializado y sabemos que la minería no es tan recomendable cuando la intención es tener algo natural”, dijo Escobar. Agregó que la zona vive básicamente del turismo y de actividades agrícolas y ganaderas que se contraponen, aseguró, a la actividad minera.
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