Desde mañana corren los 10 días de plazo para elaborar el informe no vinculante que se deberá presentar al Pleno de la Asamblea.

Hasta el 6 de mayo, la Comisión de Fiscalización deberá remitir al Presidente de la Asamblea, para conocimiento del Pleno, el informe no vinculante en el que especifique las razones por las cuales recomiende o no el enjuiciamiento político al Presidente de la República, Guillermo Lasso, acusado de responsabilidad política en un presunto peculado en el caso Flopec. 

Son 10 días de plazo improrrogables que comienzan a correr desde mañana. “El equipo técnico de la Comisión elaborará un borrador que será sometido a votación de los asambleístas (miembros de esa instancia). El plazo final para votar el informe es el sábado 6 de mayo y luego será remitido al Presidente de la Asamblea para que continúe con el proceso”, dijo la asambleísta oficialista Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión. 

El informe no es vinculante, por lo que sea que se recomiende el juicio político o no, la decisión final le corresponde al Pleno de la Asamblea. La redacción del informe iniciará una vez que hoy concluyó en la Comisión la etapa de actuación de pruebas de cargo y de descargo, incluidas las comparecencias, como parte de la sustanciación del proceso.   

Para el especialista en temas legislativos, Roger Celi, en estos 10 días, la Comisión tendrá que analizar si los hechos que constan en la acusación han sido probados y si se sujetan al dictamen de la Corte Constitucional que menciona como única causal el presunto peculado. Agregó que en este caso en particular no hay posibilidad de presentar un informe de minoría. 

Posiciones confrontadas

La asambleísta del correísmo,  Viviana Veloz, una de los cuatro proponentes de la interpelación, aseguró que han presentado más de 100 pruebas tanto documentales como testimoniales que comprobarían la responsabilidad política del primer mandatario en el presunto delito de peculado por lo que corresponde, dijo, que sea censurado y destituido. “El juicio político no está caído, está más vivo que nunca”, aseguró Veloz, quien presentó sus alegatos en representación de todos los proponentes, al ser su delegada. 

Cuestionó que Cordero, encargada de dirigir la sesión de la Comisión al estar apelada la presidencia de Fernando Villavicencio (independiente), no haya dado paso a la comparecencia virtual de Johnny Estupiñán, ex gerente de Flopec, testigo clave del correísmo para impulsar la acusación a Lasso, y dijo que lo presentará ante el pleno. 

Estupiñán estuvo convocado el 19 de abril  para dar su versión del supuesto perjuicio económico en Flopec, del tráfico de influencias y, que de esto tenía conocimiento Lasso sin hacer nada por remediarlo.  Pero a través de una carta remitida a la Comisión se negó a asistir asegurando que no se prestará al “espectáculo político y mediático”, ya que dudaba de la imparcialidad con la que lleva el proceso la mesa legislativa. 

Por ser el testigo en el que el correísmo basa todo el proceso, los legisladores de esta agrupación insistieron hoy, en que sea escuchada su versión ya que no había asistido porque estaba fuera del país. Pero Cordero recordó que fue Estupiñán el que se negó a asistir y que no solicitó que se reagende su comparecencia, por lo que no procedía convocarle cuando ya se había cerrado los alegatos de las partes.  

La defensa de Lasso

Por su parte el abogado de Lasso, Édgar Neira, dijo al cierre de su alegato de descargo, que no se ha podido comprobar la responsabilidad política del mandatario en el delito de peculado, ni que haya existido esa infracción, por lo que solicitó a los comisionados que en el informe no recomienden el juicio político. 

Recordó que a lo largo de esta etapa y a través de las comparecencias quedó demostrado que la gestión cuestionada de Flopec, observada por la Contraloría, corresponde al 2020, antes de que Lasso sea presidente. Agregó que no hubo informe con indicios de responsabilidad penal y que los resultados de esa auditoría, aunque se aprobó en 2021, fue remitida al gerente de Flopec de esa época, por ser la entidad observada,  y no a Lasso, ya que no era de su competencia conocer ese documento. 

Indicó también, que un informe de Estupiñan en el que alertaba de las supuestas irregularidades fue dirigida a la asambleísta Mireya Pazmiño, separada del bloque de Pachakutik, en su calidad de presidenta de la Comisión de Régimen Económico, a pesar de lo cual esa Comisión, con el apoyo de Pazmiño y de los legisladores correistas que la integran más el del Partido Social Cristiano (PSC), aprobaron meses más tarde un informe destacando la gestión de Floquec, los resultados económicos beneficiosos para el país y la necesidad de que se mantengan los contratos con otras empresas. 

Según Neira, Flopec tuvo pérdidas por cerca de 86 millones de dólares entre 2017 y 2020, y su recuperación económica se dio a raíz del actual Gobierno.

El tema de un presunto peculado en Flopec no quedó a nivel del juicio político, ya que hoy Pazmiño puso en la Fiscalía una denuncia penal en ese sentido en contra de Lasso.     

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