Tres legisladores en funciones aseguran que no tienen idea de cómo sus nombres constan en el informe de la Superintendencia de Compañías, que fue desclasificado como parte de la investigación del caso ‘Gran Hermano’.
Los legisladores Xavier Santos y Dalton Bacigalupo, los dos de la Izquierda Democrática; así como Fernando Cedeño, del correísmo, negaron que tengan participación societaria en empresas que estén relacionadas con albaneses en Ecuador.
Sus nombres fueron divulgados por el también asambleísta Ricardo Vanegas (Pachakutik), quien afirmó que es información que consta en el informe que le fue entregado por el Superintendente de Compañías, cuya reserva la levantó el Pleno, en sesión del martes.
En el informe desclasificado constan los nombres de alrededor de 40 personajes políticos, entre asambleístas, exasambleístas, ministros, alcaldes y concejales de varias localidades. Sin embargo, el propio Vanegas manifestó que el hecho de que consten en ese informe no significa que sean parte de “alguna mafia”, o que hayan cometido alguna irregularidad o delito, sólo que son “amigos de albaneses”.
Agregó que los albaneses llegaron al país, compraron o constituyeron empresas y vendieron acciones y que, en ese movimiento societario, aparecen los nombres de los políticos que constan en el listado, empresas que operarían en Guayas, Manabí y Cotopaxi. Información que ya fue presentada en la Fiscalía, para que inicie investigaciones.
Los supuestos involucrados
Santos aseguró que no es amigo de ninguna mafia y que no tiene, ni él ni su familia, alguna empresa y que tampoco tiene acciones societarias. Informó que en el 2002 tuvo pequeños emprendimientos con amigos, pero que los tuvo que cerrar porque no prosperó la iniciativa.
Indicó que ha pedido a la Superintendencia de Compañías que le remita toda la información laboral y mercantil donde se le vincula con empresas de albaneses. Descartó, además, que hayan podido tomar su nombre, por lo que exige a la Superintendencia que le explique dónde aparece ese supuesto vínculo y cómo lo estableció.
En cambio, Cedeño desmintió lo dicho por Vanegas y aseguró que no posee acciones en alguna empresa. El legislador, al igual que Santos, manifestó que entre el 2003 y el 2007 tuvo un emprendimiento que tampoco prosperó.
Para Cedeño, los objetivos de dar a conocer los nombres de los supuestos involucrados son: tratar de desviar la atención del caso Gran Padrino, tapar a quienes habrían participado en la trama de corrupción en las empresas públicas y “tirar lodo con ventilador”.
Según el asambleísta, la Superintendencia hizo un proceso de verificación de personas políticamente expuestas y, por eso, su nombre constaría en ese informe.
“Hay un afán de grupos interesados, ligados al Gobierno, que tratan de desviar la atención del caso ‘Gran Padrino’, que quieren enlodar a todos los actores políticos y sostener en el cargo a Lasso”, manifestó.
Mientras que Bacigalupo dijo desconocer cómo fue a parar su nombre en ese informe y que las únicas empresas que tiene son de índole familiar, y que nunca ha participado con socios extranjeros en alguna empresa o con gente que haya cometido irregularidades.
¿Para qué la información?
La oficialista Ana Belén Cordero manifestó que la información sobre la que se levantó la reserva podría servir para que una de las comisiones de la Asamblea pueda atribuirse la investigación de la documentación, con lo que cuestionó que en la resolución que el Pleno tomó no haya constado que debía ir a una determinada mesa legislativa para que haya un pronunciamiento institucional al respecto.
Agregó que en el aspecto jurídico, tener una vinculación societaria o comercial con un extranjero, de la nacionalidad que sea, no constituye un delito. “La Fiscalía debe determinar si esos vínculos societarios o comerciales tienen alguna implicación jurídica o de índole legal que pueda implicar a los asambleístas. Caso contrario, es una información más, como la que se maneja en la Asamblea”, manifestó.
Cordero mencionó que en el informe de la Superintendencia, en ningún lado se menciona a mafias, por lo que es necesario profundizar la información, ya que si los albaneses cumplen con actividades lícitas en el país, no hay inconveniente en que algún asambleísta tenga acciones en esas compañías.
Mientras que Luis Almeida, del Partido Social Cristiano, agregó que un accionista no responde por las actividades de otro, ya que las responsabilidades son personales. “En todo caso, la Fiscalía tiene que actuar urgentemente, caiga quien caiga”, manifestó.
Parte de los nombres que constan en el informe de la Superintendencia
Asambleístas y exasambleístas
Dalton Bacigalupo (Izquierda Democrática)
Xavier Santos Sabando (Izquierda Democrática)
Fernando Cedeño (Revolución Ciudadana)
Hugo Cruz (Movimiento Construye – fallecido en septiembre de 2022)
Daniel Mendoza (exasambleísta de Alianza PAIS, cumple condena de cuatro años de prisión por delincuencia organizada en el caso Hospital de Pedernales)
Tanlly Vera (exasambleìísta de CREO y exministra de Guillermo Lasso)
Mariano Zambrano Vera (exasambleísta por Alianza PAIS – Unidad Primero)
Carlos Bergmann (exasambleísta de Alianza PAIS – Unidad Primero)
María Cristina Álvarez (no identificada)
Alcaldes
Agustín Intriago – Manta
Erasmo Morán – Paján
Tyrone Vega – Urcuquí
Álex Zambrano – Balzar
Óscar Arcentales – Pedernales
Washington Arteaga – Montecristi
Carlos Barcia – Quinindé
Rodolfo Cantos – El Empalme
Elba González – Tosagua
Walter Cevallos – Calceta
Otros funcionarios
Ronald Cedeño – exdirector nacional de Estrategias de Prevención del Ministerio de Salud
Darío Herrera – ministro de Transporte
Jorge Hidalgo – exministro de Transporte en el Gobierno de Lenín Moreno
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