Algunos de los suplentes están de candidatos a la reelección y otros se han negado a posesionarse. La sentencia de la Corte Constitucional que destituyó a todo el Consejo deja una cola enorme. Los detalles. 

El Pleno de la Asamblea deberá convocar en los próximos días a los candidatos que participaron en el 2019 para la elección del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), de acuerdo con el orden de votación que obtuvieron, certificado por el Consejo Nacional Electoral, para que integren ese organismo. Esto, luego de que la Corte Constitucional destituyó a los siete consejeros principales por incumplimiento de sentencia, al no haber designado de manera célere al presidente del Consejo de la Judicatura. 

Los consejeros destituidos son Hernán Ulloa (presidente), María Fernanda Rivadeneira (vicepresidenta), Ibeth Estupiñán, Sofía Almeida, Javier Dávalos, David Rosero y Francisco Bravo. 

Al momento, debido a que cinco de ellos se encontraban con licencia por ser candidatos a la reelección, sólo tres suplentes están posesionados: Mónica Moreira, Gina Aguilar, por la lista de mujeres; y Olindo Nastacuaz, por la lista de pueblos y nacionalidades, el único que queda de esa lista. Sin embargo, sólo Aguilar y Nastacuaz han acudido al organismo, pues Moreira se excusó de participar, ya que también busca la reelección.

Por lo tanto, la Legislatura deberá posesionar a cinco suplentes más, para que el CPC cuente con el número de autoridades que fija la Ley. Aparte de Aguilar y Nastacuaz, los que siguen en votación obtenida y que podrían ocupar los cargos son: Carlos Figueroa, Aland Molestina y Teddy Tama, por la lista de hombres. Pero Tama también es candidato a la reelección, por lo que su puesto sería ocupado por Mauricio Gallardo. 

Y de la lista de mujeres que siguen en votación son: Graciela Mora y Marcela Montesinos. La suplente Karina Ponce renunció al cargo hace pocas semanas. Ellos permanecerán en el cargo hasta mayo de este año, cuando se posesionen las autoridades electas en los comicios del 5 de febrero. 

Las reacciones

El asambleísta Esteban Torres (PSC) manifestó que habrá que ver quiénes mismo pueden actuar, debido a que hay quienes van por la reelección y otros que han renunciado, como el caso de Ponce. Por su parte, Mireya Pazmiño, separada del bloque de Pachakutik, recordó que algunos de los suplentes se han negado a posesionarse cuando la Asamblea los ha convocado, como el caso de Molestina. 

Mientras que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, manifestó que están analizando el dictamen de la Corte antes de tomar una resolución. “Hay que revisar quiénes están de candidatos, no sólo al Consejo de Participación, sino a dignidades seccionales, por lo que hemos pedido una certificación al CNE y luego de este análisis tomaremos la decisión”, dijo Saquicela. Agregó que este proceso podría tomar una o dos semanas. 

Pero el auto de seguimiento de sentencia de la Corte Constitucional podría tener otro efecto. De los siete consejeros destituidos, Rosero, Estupiñán, Bravo, Dávalos y Rivadeneira están de candidatos a la reelección. Constitucionalistas como Ismael Quintana y Emilio Suárez, aseguran que sus candidaturas son irrenunciables y se mantendrán en las papeletas, pero en caso de ganar las elecciones no pueden volver al sector público y menos al Consejo de Participación Ciudadana.  Citan el artículo 15 de la LOSEP, que menciona que el servidor público legalmente destituido no podrá reingresar al sector público en un periodo de dos años desde la fecha de su destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado de la que fue destituido. 

Para Rosero la norma no es aplicable en este caso, ya que asegura que no se refiere a cargos de elección popular por lo que su candidatura, dice, está en firme. 

Los otros involucrados  

Ulloa acató de inmediato el dictamen de la Corte Constitucional, aunque reconoció que el fallo le tomó por sorpresa. “En verdad, esperaba más coherencia en torno a lo actuado por la Corte Constitucional”, dijo. Ahora espera que el organismo constitucional actúe de la misma manera y con la misma celeridad con la Asamblea, que ha incumplido una sentencia del 2019, aseguró, y tampoco ha posesionado al Superintendente de Bancos. “Que esa rigurosidad, esa diligencia que se ha tomado en contra del Consejo de Participación Ciudadana, en torno al principio de igualdad y no discriminación, también sea tomada en contra del organismo (Asamblea) que en ha desorganizado la administración pública”, aseguró. 

Otra parte del auto de seguimiento de sentencia ordena que se nombre a Álvaro Román como presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Fausto Murillo, quien se venía desempeñando como Presidente temporal del organismo, aseguró que se preparó el proceso de transición para que Román asuma el cargo y se mostró dispuesto a apoyarlo en todo lo necesario. 

Murillo, quien regresará a su cargo de vocal de la Judicatura, manifestó que es necesario ejecutar un cambio en la administración de justicia. “Estábamos preparados para anunciar que se debe evaluar íntegramente a todos los jueces; hay que llevar adelante los concursos, continuar con el proyecto de modernización de justicia y una serie de proyectos que están planificados”, dijo. Sin embargo aclaró que no pueden observar las sentencias, alguna de ellas cuestionadas últimamente, ya que son los jueces superiores los que tienen que ejercer su facultad correctiva y declarar, si es el caso, la existencia de dolo o negligencia de los jueces inferiores. 

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