Las organizaciones políticas deben entregar sus informes 90 días después del proceso electoral. El CNE asegura que no puede investigar, solo remitir información a la UAFE.
El fantasma de la narcopolítica y del financiamiento ilegal a la campaña electoral crece en Ecuador. El Frente Parlamentario Anticorrupción presentó a la Fiscalía General del Estado nueva documentación para que investigue posibles casos de candidatos a autoridades seccionales que estarían relacionados con el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Según el documento, Wagner Castillo Cortez, candidato a concejal del cantón Río Verde (Esmeraldas) por el movimiento Revolución Ciudadana, fue procesado en el 2015 por el delito de asesinato y estaría vinculado a grupos delincuenciales internacionales que operarían en esa localidad.
En cambio, Mauricio Gutama, candidato por la Izquierda Democrática a la junta parroquial de Molleturo, en Cuenca, aparentemente formaría parte de un red de tráfico de migrantes en Azuay. Una red que estaría también integrada por Dennys Bermeo Muevecela, candidata a la concejalía rural de Cuenca por la misma organización política.
El asambleísta Fernando Villavicencio, del Frente Parlamentario Anticorrupción, aseguró que Río Verde está a expensas del hampa y de criminales que se han tomado este cantón.
Por su parte, la legisladora Sofía Sánchez agregó que la Izquierda Democrática ha tenido líderes importantes que seguramente no saben lo que ocurre con alguno de sus candidatos, que buscan un camino político para ocupar dignidades de elección popular. Aseguró que el candidato Gutama es, además, dueño del prostíbulo “El Trébol” ubicado en Cuenca. “Esto no puede ser una actividad ilícita pero recordemos todo lo que conlleva tener este tipo de negocios y cómo funcionan, todo lo que está alrededor de esto”, dijo Sánchez.
La normativa
Es la segunda denuncia que el Frente Parlamentario Anticorrupción entrega a la Fiscalía sobre posibles nexos entre la delincuencia organizada y candidatos a las elecciones seccionales. En la primera, el documento contiene alrededor de 20 nombres de candidatos, asesores y personas vinculadas a actividades ilícitas. Villavicencio expresó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene las herramientas para identificar el dinero ilícito y el financiamiento irregular de campañas, pero no lo hace.
En efecto, el Código de la Democracia, que norma el proceso electoral, contiene varias disposiciones para que el organismo electoral ejerza las funciones de control. Por ejemplo, tiene la potestad de controlar, fiscalizar y realizar exámenes de cuentas en lo relativo al monto, origen y destino de los recursos que se utilicen en las campañas electorales.
La norma prohíbe la recepción de aportes, contribuciones, o entrega de cualquier tipo de recurso de origen ilícito. Ordena, también, el desarrollo de herramientas tecnológicas e informáticas necesarias para implementar el Sistema Contable del Financiamiento a la Política a fin de que registren de manera obligatoria su plan de cuentas.
La Ley prohíbe la doble o múltiple contabilidad, así como la contabilidad transitoria o temporal y manda a desarrollar un sistema de interconexión de datos, que permita recabar la información depositada en cualquier organismo público o privado y que debía empezar a funcionar desde estas elecciones.
Una de las disposiciones que se incluyó en la reforma del 2020 al Código de la Democracia fue que, “con el propósito de garantizar la efectividad de las normas para el control del gasto electoral y del financiamiento de la política, en el Consejo Nacional Electoral se creará una unidad complementaria antilavado. Las organizaciones políticas serán sujetos obligados a informar y reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)”.
La realidad del control
El consejero electoral José Cabrera, informó que el sistema de interconexión de datos, de acuerdo a la Ley, debe estar completamente operativo en el 2025, para que las organizaciones políticas informen en línea los ingresos y egresos, por lo que aún se está trabajado con las instituciones para posibilitar esta interconexión, pero se aplicará un proyecto piloto en este proceso electoral. Mientras tanto, el reporte de financiamiento y gastos de campaña que rige al momento será de manera física y se debe realizar después de 90 días de cumplidas las elecciones.
Sobre la unidad para el control de la licitud de los recursos, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, aseguró que ya ha sido creada, pero que el organismo electoral no puede quitarle las competencias de investigación de este tipo de delitos a la Fiscalía. “Somos un apoyo para levantar alertas cuando rindan cuentas las organizaciones políticas. Cuando ya pase la campaña electoral y tengan que rendir cuentas de esos fondos podemos levantar las alertas, que es hasta donde llega nuestra responsabilidad: coordinar con la UAFE y poner a consideración de la Fiscalía esa información para que se pueda proceder”, dijo Atamaint. Y añadió que la unidad no realiza investigaciones de carácter penal.
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