El CPC está por designar al nuevo Procurador, quien una vez posesionado deberá resolver si los candidatos a la reelección para ese organismo son sujetos del juicio político que está en marcha en la Asamblea.
Las exposiciones de los planes de trabajo de los tres postulantes a Procurador General del Estado quedaron en segundo plano, frente a la grave polémica que se generó en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) por un presunto conflicto de intereses en esa designación.
Juan Izquierdo, Yolanda Salgado y Juan Carlos Larrea integran la terna que el presidente, Guillermo Lasso, remitió al CPC para que proceda a la designación de quién reemplazará a Íñigo Salvador, quién se encuentra en funciones prorrogadas.
La exposición de los planes de trabajo de cada uno de los postulantes se cumplió hoy en sesión del Pleno, tras lo cual el organismo tiene 24 horas para nombrar al nuevo funcionario, que deberá ser posesionado por la Asamblea.
Los elementos de la polémica
En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea está en marcha el proceso de sustanciación del juicio político planteado contra los siete consejeros: Hernán Ulloa (presidente), María Fernanda Rivadeneira (vicepresidenta), Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo (mayoría); David Rosero, Sofía Almeida y Juan Xavier Dávalos (minoría).
De ellos Rivadeneira, Estupiñán, Bravo, Rosero y Dávalos presentaron sus candidaturas para la reelección en febrero de 2023.
Ayer a la medianoche, en otra sesión del Pleno, los consejeros de mayoría, únicos asistentes a esa sesión, aprobaron la resolución de consultar a la Procuraduría si cabe el juicio político, una vez calificadas las candidaturas; y si es posible continuar con el trámite de solicitud de juicio político contra los dos que no van a la reelección (Ulloa y Almeida) y suspender los que están planteados contra el resto, tomando en cuenta que la interpelación es en contra de los siete consejeros.
Son preguntas que deben ser resueltas por el nuevo Procurador del Estado que salga de la votación que se cumpla entre hoy y mañana, por parte del Consejo de Participación Ciudadana.
Una moción presentada por Dávalos para que se suspenda la exposición de los planes de trabajo, así como la designación del nuevo funcionario, y se espere la respuesta del Procurador en funciones, no tuvo acogida en el Pleno. La mayoría votó en contra y la minoría a favor, por lo que las exposiciones continuaban hasta el cierre de esta nota.
Cuestionamientos
Rosero tuvo un fuerte cruce de palabras con Ulloa. Dijo que la resolución de la mayoría se tomó entre «gallos y medianoche» y que continuar con el proceso generaría conflicto de intereses, ya que el Procurador que sea designado tendría presiones anticipadas para pronunciarse a favor de la consulta por los votos que recibiría para su nombramiento.
El consejero añadió que no teme presentarse a la interpelación en la Asamblea y dijo que la normativa que manda a suspender procesos legales a los candidatos calificados es sólo para juicios penales, no políticos. Criterio al que se sumaron el resto de consejeros de minoría.
Sin embargo, Ulloa respondió que quien tiene conflicto de intereses es Rosero y aseguró que la consulta a la Procuraduría se debe a que hay ese vacío en la normativa: si se suspende sólo en casos penales o también en juicios políticos.
Por su parte, Bravo dijo que lo único que busca la minoría es retrasar el proceso de designación del Procurador del Estado.
La sesión continuaba al cierre de esta nota.
Te puede interesar:
· Universitarios, a las juntas receptoras del voto
· El mar se retira de una playa en Indonesia, la gente piensa que es tsunami
