Serían preguntas que no requieren de control constitucional y, sumadas a las presentadas ayer, serían 10. Algunos grupos sociales cuestionan la consulta popular, mientras el Gobierno la defiende como un camino para mejorar la institucionalidad y la seguridad. 

El Ejecutivo podría incluir dos preguntas más a las ocho propuestas para la consulta popular, cuyo documento entregó ayer a la Corte Constitucional para su dictamen sobre la vía que se debe seguir. Durante un conversatorio con medios de comunicación, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que podrían ser máximo dos: una en materia de seguridad y otra de índole institucional.

El Ministro aseguró que no se incluyeron en el paquete que se anunció ayer porque no necesitan control constitucional, como las ocho presentadas. «Siempre se pensó en 10 preguntas, pero, en el análisis, ocho eran de referéndum y dos de consulta popular. Se está analizando si nos quedamos con las dos y se presentarán luego», afirmó.

Karen Sichel, funcionaria de la unidad administrativa de la Presidencia de la República, agregó que las dos preguntas adicionales no son enmiendas o reformas a la Constitución, sino más bien de carácter legislativo, que tienen un desarrollo normativo distinto.

El ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, informó que una de esas preguntas podría estar relacionada con el contrato por horas, para dar mayor facilidad en ese tema y combatir el desempleo. 

La oposición se pronuncia 

Representantes de organizaciones sociales, indígenas y de trabajadores anticiparon su oposición a la consulta popular. Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, calificó a la consulta como un «saludo a la bandera», ya que no incluye temas profundos, como si se quiere o no la venta del Banco del Pacífico. 

«Nosotros no queremos que los delincuentes ecuatorianos sean juzgados en otro país; entonces ¿para qué tenemos Justicia? Si no creemos en nuestra Justicia y no tenemos la capacidad de mejorar nuestro sistema, cerrémosle», manifestó. 

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, aseguró que el Gobierno no tiene legitimidad de preguntar nada y que lo único que busca es «oxigenarse». Agregó que las preguntas en materia ambiental no resuelven nada y que le resulta contradictorio que, a la vez que presenta ese tipo de preguntas, “está abriendo 39 bloques petroleros sin garantizar lo que dicen la Constitución y los instrumentos internacionales respecto a la consulta previa, libre e informada”. «No es verdad que quieran salvaguardar los intereses del ambientalismo y la ecología. Es una mentira, una falacia», dijo Iza. Añadió que lo que pretende el Régimen es controlar todos los espacios de poder. «Eso significa dictadura, por lo tanto, no estamos de acuerdo con la consulta y vamos a ir de frente porque no resuelve el problema», añadió, al calificar las preguntas de «vacías». 

Jiménez respondió que en el sistema político es muy fácil descalificar antes que promover. «A mí me gustaría saber cuál es su propuesta, me encantaría escucharlo», dijo el Ministro. Agregó que la propuesta de consulta popular está llena de contenido y que lo mejor sería remitir a Iza una copia de las 470 páginas que se entregaron a la Corte para que las analice con detenimiento. «Luego me encantaría volver a escucharlo», aseguró.

Pero otros grupos sociales se unen al rechazo expresado por el movimiento indígena. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, dijo que la consulta no tiene mayor trascendencia y sólo pretende distraer la atención de los ecuatorianos de los principales problemas que atraviesa la sociedad, como salud, educación y pobreza. 

«Hemos decidido convertir está consulta popular en un plebiscito en contra del Gobierno del banquero presidente (Guillermo) Lasso», manifestó Erazo. 

Ángel Sánchez, presidente del FUT, coincide que no se consultan temas fundamentales para el país, pero primero analizará con el equipo jurídico de la organización sindical el contenido de las preguntas para emitir un pronunciamiento oficial. Asegura que la consulta no resolverá el problema de inseguridad en el país y que lo que se gastará en el proceso se debería invertir en el área social. 

El rol del CNE

José Cabrera, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró que la fecha de la consulta depende del pronunciamiento de la Corte Constitucional, que tiene hasta 20 días para emitir su dictamen. «Nosotros, según la Ley, tenemos 15 días para convocar al proceso y 60 días más para realizarlo», dijo. Añadió que si la consulta se cumple junto a la elección de autoridades seccionales, el costo económico sería menor, entre 15 y 20 millones de dólares más de lo presupuestado al momento, pero en el plano operativo implicaría mayor carga para los miembros de las juntas receptoras del voto, ya que tendrán que llenar ocho actas, a las que se sumarán las de elección de autoridades seccionales y del Consejo de Participación. 

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