¿Logrará o no el correísmo los 92 votos que necesita para ratificar su ‘mordaza’? Es la pregunta que marcará el tratamiento del veto del Ejecutivo a la reforma a la Ley de la Comunicación, que fue parcial y no total, como pedían los periodistas. 

El futuro del proyecto de reforma a la Ley de Comunicación, impulsado por el correísmo, queda nuevamente en manos de la Asamblea, a merced de los diálogos y acuerdos políticos que puedan darse en esta instancia, tanto a nivel interno como con el Gobierno. 

El Ejecutivo, a pesar de los exhortos para que vete totalmente este proyecto, remitió a la Legislatura su objeción parcial, con la esperanza de que, a pesar de tener una Asamblea en contra, este poder del Estado no logre los 92 votos para ratificarse en el texto original. 

Son 51 artículos, de un total de 69 disposiciones, las que objeta el presidente de la República, Guillermo Lasso. De ellas, 17 objeciones son por inconstitucionalidad parcial, cuyo tratamiento corre a cargo de la Corte Constitucional, que tendrá 30 días para pronunciarse. Las 34 objeciones restantes deberán ser tramitadas por la Legislatura, en un plazo de 30 días luego de que la Corte Constitucional emita su dictamen.

Virgilio Saquicela (independiente), presidente de la Asamblea, aseguró que es la oportunidad para ahondar en el diálogo iniciado con el Gobierno para buscar consensos y no perjudicar a nadie, ni a los periodistas ni a la ciudadanía. “La idea es que la Ley sea productiva para el Ecuador”, dijo.

Por su parte, el Partido Social Cristiano, a través de un comunicado, informó que no está de acuerdo con el veto parcial y mixto, y que la mejor alternativa era el veto total. Esteban Torres, asambleísta de esta bancada, aseguró que el texto aprobado por la Asamblea no es totalmente malo, pero presenta algunos problemas que si son corregidos en el veto deberá ser avaluado por su bancada. 

Mientras que Nathalie Arias, asambleísta oficialista, indicó que el veto asegura el derecho de los ecuatorianos a opinar y expresarse, y se respalda el periodismo de investigación, dejando sin sustento los lineamientos de la “Ley mordaza”, que recoge el texto original. 

Antes de que llegue al Pleno, el veto tiene que pasar por un primer filtro, que es la Comisión de Relaciones Internacionales, que deberá elaborar un informe no vinculante. Una Comisión donde el correísmo tiene tres representantes, el oficialismo tres, y el PSC una representante. Completan la comisión dos legisladores de Pachakutik, con la salvedad de que en este caso uno de ellos (Salvador Maita) se ha alineado con el proyecto del correísmo.

Juan Fernando Flores, asambleísta del oficialismo y presidente de esta Comisión, espera que la oposición no logre los 92 votos. Confía en bloques como el de la Izquierda Democrática para que se sumen al respaldo al veto parcial, más la abstención del bloque socialcristiano, lo que dejaría al correísmo con sus 47 votos y lo que pudiesen provenir del ala rebelde de Pachakutik, al que pertenece Maita, pero sin completar lo requerido para la ratificación. Y en medio de este escenario el oficialismo le apuesta también a que el veto entre por el Ministerio de la Ley; es decir, que no haya los votos ni para ratificarse ni para allanarse. 

La visión del Ejecutivo 

Durante la firma del veto parcial, en Guayaquil, Lasso aseguró que el país necesita una prensa libre, responsable, que investigue y que contraste la información. “No reviviremos una ley mordaza que persiga a quien piense y opine diferente a nosotros, ese fue mi compromiso y lo estoy cumpliendo”, aseguró el mandatario. Agregó que el veto parcial recoge el aporte de periodistas, representantes de medios de comunicación y organismos internacionales que promueven la libertad de expresión.

Entre las 17 objeciones por inconstitucionalidad por considerar que vulneran derechos están: eliminación de la “opinión» del contenido comunicacional; definición del derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión; prohibición de censura previa dentro de los medios de comunicación; definición amplia y ambigua de la responsabilidad ulterior, entre otros. 

Mientras que la objeción parcial, que deberá ser resuelta por la Asamblea, contempla la de suprimir la participación excesiva de la Defensoría del Pueblo, fortalecer mecanismos de protección del trabajo periodístico, mantener e incentivar mecanismos de autorregulación, eliminar la censura en internet y redes sociales. 

Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia, aseguró que el veto por inconstitucionalidad permitirá que no se vuelvan a resucitar los fantasmas de la censura ni los “zombies” administrativos “que pretenden convertirse en policía de la verdad”.  Agregó que no optaron por el veto total, porque no creyeron que fuera la mejor solución, ya que implicaba extender el problema por un año y al regresar a la Asamblea, ahí sí sin posibilidad de modificar el texto original. 

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