Entre medidas cautelares, planes de autoconvocatoria y cambios del orden del día, la pugna por la Presidencia del Legislativo impide que se traten leyes como la del uso progresivo de la fuerza o la de libre expresión. ¿Cuándo volverán la legislación y la fiscalización?

La pugna por la continuidad de Guadalupe Llori (PK) como presidenta de la Asamblea dio un giro. El asambleísta Esteban Torres (PSC) rechazó el fallo de un juez de Quito, que ordena al Pleno que se abstenga de tratar el informe de la Comisión pluripartidista que recomendaba su destitución y dispone que se conforme otra Comisión de manera “democrática”, para que trate la denuncia de Torres en contra de Llori por presunto incumplimiento de funciones.

El legislador socialcristiano considera que la Asamblea no debería acatar esa medidas cautelares. “Esto significa que, cuando exista la oportunidad, este informe deberá ser conocido y votado por el Pleno”, manifestó. 

Sin embargo, amparada en esas medidas cautelares, Llori devolvió al presidente de la Comisión pluripartidista el informe, “por cuanto viola derechos constitucionales, atenta al debido proceso y seguridad jurídica, principios fundamentales consagrados en la Legislación ecuatoriana”. Además, difundió a la totalidad de los asambleístas el fallo judicial. 

Torres y otros legisladores de oposición a Llori aseguraron que la salida que les queda es la autoconvocatoria, o incluir una moción de cambio del orden del día. Ellos tienen claro que la Presidenta de la Asamblea no pondrá el tema en debate del Pleno.

Salvador Quishpe (PK), uno de los dos legisladores que solicitaron las medidas cautelares, aseguró que no están defendiendo a una persona, sino el logro de su bancada, al haber obtenido en este periodo la Presidencia de la Asamblea, a través de Llori. “Es el resultado de la lucha indígena, junto con muchos sectores de la sociedad civil y no vamos a permitir que con pretextos quieran quitarnos ese espacio”, aseguró. Agregó que acudirán a todas las instancias políticas, legales y sociales para que Pachakutik mantenga esa Presidencia. 

En esa meta tienen el respaldo de la bancada oficialista, cuyo coordinador, Juan Fernando Flores, manifestó que el proceso inició y terminó mal. Agregó que los asambleístas son los primeros que deben cumplir la Ley y acatar los fallos de jueces competentes en la materia. “Aquellos asambleístas que tengan una postura de querer hacerse los rebeldes, que también tengan esa misma rebeldía cuando tengan que enfrentar sus responsabilidades”, dijo Flores. El  oficialista informó que ha convocado a una reunión de jefes de bancadas para mañana a las 11:00, para buscar una solución a esta pugna, que lleva ya tres meses sin solución.  

Las repercusiones 

La Asamblea se encuentra nuevamente en un callejón sin salida, que podría trabar las futuras nuevas sesiones del Pleno. La autoconvocatoria y la moción de cambio del orden del día son opciones que a la oposición legislativa no le han dado resultado. Dos veces han intentado autoconvocarse para tratar el tema de Llori, sin ningún éxito. En el segundo intento, el 20 de abril, lograron 89 firmas de respaldo, de las 92 requeridas. 

Mientras que para mocionar un cambio del orden del día es obligatorio que se lo hagan en una sesión nueva, no en continuaciones, cuando ya el orden del día está aprobado. Cuando la oposición ha intentado recurrir a esta figura para tratar temas de destitución de Llori o de sus allegados, la Presidenta de la Asamblea no ha tenido problema en suspender las sesiones, en muchas ocasiones en medio de incidentes. 

Quishpe asegura que su coidearia ha tomado esa medida porque “los revoltosos sólo gritan y arman el desorden” en la Asamblea. “En medio de ese caos, de ese griterío, no queda más que  suspender”, dijo. 

Pero esas suspensiones han retrasado el tratamiento de Leyes como, por ejemplo, la de Libre Expresión. Y si la oposición insiste en mocionar el cambio del orden del día en una sesión nueva para que se trate el informe de la comisión pluripartidista, igual situación podría generarse por el proyecto de Ley de uso progresivo de la fuerza, cuyo informe para segundo debate está listo y sólo se espera la convocatoria a sesión del Pleno. 

Este es un proyecto reclamado por muchos sectores de la sociedad, como un insumo para combatir la creciente inseguridad y violencia que vive el país.

El asambleísta  Ramiro Narváez (ID), presidente de la Comisión de Seguridad, que trabajó en el informe, reconoce que, por problemas internos de la Asamblea, el primer debate de esta normativa se postergó por seis semanas. Luego, superado el primer debate, la Comisión aceleró la construcción del informe para segundo debate y lo aprobó hace 10 días en el seno de esta Mesa. “Hasta hoy no hay una convocatoria o fecha con hora para que este tema sea tratado en el Pleno. Nuevamente, esta Comisión tiene que lamentar que los problemas, las disputas internas frenen una Ley tan importante”, manifestó Narváez. 

Flores aseguró que ha remitido un oficio a Llori en el que pide que convoque de manera inmediata a debatir ese proyecto de Ley para que la Asamblea cumpla con su responsabilidad de legislar en materia de seguridad.   

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