En el segundo debate el proyecto de Ley se aprobó con 75 votos y para ratificarse se necesitan 92. En la Asamblea aseguran que el veto del Ejecutivo impone en el proyecto de Ley la visión personal del mandatario.

El veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de violación fue cuestionado por varios asambleístas, entre ellos Alejandro Jaramillo (ID), presidente de la Comisión de Justicia, donde se elaboraron los informes para primero y segundo debate. 

El veto plantea 61 observaciones a un proyecto de 63 artículos; es decir, a casi la totalidad del proyecto aprobado por la Legislatura.

“Es una burla para la Asamblea, para las niñas, jóvenes y mujeres decir que es un veto parcial. Es un veto personal del Presidente de la República. (…) En la página 3 da su opinión, su postura personal, su postura religiosa, por lo que hay que recordarle que él gobierna para 17 millones de ecuatorianos y no para sectores”, dijo Jaramillo. 

Desde ayer corren los 30 días de plazo que tiene la Asamblea para examinar el veto y allanarse a las sugerencias del Ejecutivo o ratificarse en lo aprobado por ellos. Lo hará con base en el informe no vinculante que presente la Comisión de Justicia, que analizará cada observación.

La Comisión puede sugerir al Pleno que se allane en todo o en parte; o ratificarse en todo o en parte. Jaramillo considera que el veto es la versión de Guillermo Lasso de la Ley, por lo que ve difícil emitir un informe que recomiende allanarse a alguna de las recomendaciones del Ejecutivo. “Se ha cambiado absolutamente todo”, manifestó. 

El veto establece, por ejemplo, que la temporalidad para la práctica del aborto sea de 12 semanas en todos los casos, excepto en mujeres con discacidad mental.

La Asamblea había aprobado que sea de 12 semanas para mujeres mayores de edad y hasta las 18 semanas en casos de menores de edad, mujeres indígenas y del área rural. Además, el veto contempla requisitos como la denuncia obligatoria y que la objeción de conciencia pueda ser personal, colectiva o institucional. 

¿Misión imposible? 

La normativa establece que para allanarse se necesitan los votos favorables de la mayoría de los asistentes a la sesión. La situación se complica para la Asamblea si quiere ratificarse en lo aprobado, ya que en ese caso necesita de 92 votos (mayoría calificada). 

El informe para segundo debate se aprobó con 75 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones. Es decir, en el supuesto de que se mantengan los mismos votos a favor que se consignaron en el segundo debate, necesitan convencer a por lo menos otros 17 asambleístas para lograr los 92 votos necesarios para la ratificación. 

La asambleísta de UNES Jhajaira Urresta considera que los legisladores y las diferentes bancadas deben revisar las cifras de la problemática de la violación, del aborto clandestino, del embarazo producto de incesto en niñas menores de 14 años para tomar una decisión responsable y no con base en criterios personales.

“Eso no puede ser normalizado y esperamos que sean sensibles y que prevalezca el humanismo”, expresó.  Las bancadas dieron libertad de voto en el segundo debate y se espera que se repita en el análisis del veto.

Urresta asegura que no entrarán a la negociación por la temporalidad, ya que considera que los plazos establecidos en el proyecto de Ley se ajusta a la sentencia dictada por la Corte Constitucional en abril de 2021 cuando despenalizó el aborto por violación, por lo que la respuesta del Ejecutivo debía dirigirse también a ese organismo.

En ese sentido, no se descarta que se presente una demanda de inconstitucionalidad por parte de las organizaciones feministas.

Por su parte, el asambleísta independiente Bruno Segovia dijo que el Presidente tiene el derecho constitucional de vetar el proyecto y que es legal, pero no está de acuerdo y defiende lo actuado por la Asamblea, ya que asegura que no es una Ley que promueva el aborto. Segovia dice que espera analizar a profundidad el documento para definir su voto. “Dependerá de la conciencia de cada uno”, dijo.

Un tercer escenario legislativo que se presenta es que el informe que elabore la Comisión no tenga los votos ni para allanarse ni para ratificarse, lo que implicaría que el veto se publique en el Registro Oficial y se aplique tal cual lo remitió el Ejecutivo.

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