Encontrones, peleas por una oficina, la Policía resguardando todo, vuelos de última hora… Entérese de todo lo que pasó en esta atípica jornada.

Mientras los concursos de selección de autoridades siguen paralizados, el Consejo de Participación Ciudadana terminó este día con dos presidentes: Sofía Almeida y Hernán Ulloa; y dos vicepresidentes: David Rosero y María Fernanda Rivadeneira.

Todos ellos en una intensa disputa política-administrativa-jurídica, que tuvo su punto máximo esta mañana, cuando la nueva mayoría, integrada por Ulloa, Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, reinstaló por su cuenta la sesión ordinaria 003, removió del cargo a Almeida y eligió a Ulloa para reemplazarla. 

Lo mismo sucedió con Rosero, a quien removieron del cargo de Vicepresidente por, según la mayoría, haber demorado 13 días en reinstalar la sesión, y designaron en su lugar a Rivadeneira. 

Con el pedido de poner fin a las disputas, de reorganizarse y transparentar los concursos de selección, Ulloa ocupó el sillón de la Presidencia, aquel por el que desde 2019 han pasado José Carlos ‘el cura’ Tuárez, Christian Cruz y Sofía Almeida. 

Luego, el presidente elegido por la nueva mayoría salió del salón de sesiones y se dirigió al despacho que, en teoría, debía ocupar de acuerdo con su nuevo cargo, para reunirse internamente con los consejeros que le eligieron.

Pero la puerta estaba cerrada con llave. Saludó a los guardias y a los policías que resguardan esa oficina, se presentó como el nuevo Presidente y les pidió que abrieran la puerta.

Ellos le contestaron que no tenían las llaves, ni tenían idea de quién podía tenerlas, ya que no son esas sus funciones. Resignado, Ulloa regresó a la sala de sesiones, cerró la puerta y, cuando la prensa pudo entrar, había salido por la escalera de emergencia para dirigirse al parqueadero.

Almeida, que se encontraba en Guayaquil, desde donde había dado una rueda de prensa en la mañana, al ver lo sucedía en el Pleno tomó un avión y llegó a Quito horas más tarde.

Fue directo a su despacho y dijo que la mayoría había cambiado las chapas sin autorización para poder ingresar.

Aseguró que la mayoría se está tomando por asalto el Consejo de Participación y que Ulloa no podía actuar por estar recusado. “Esto es un golpe de estado, en complicidad con la Policía Nacional”, aseguró.

Esto, porque la Policía estuvo resguardando la sede del organismo durante todo el día. En la oficina tuvo una “cara a cara” con Ulloa, a quien acusó de usurpar funciones y le pidió que se retirara de su despacho.

Él respondió que su elección fue legal, tomada en sesión pública y con el voto de cuatro consejeros. Mientras que Almeida, para evitar nuevas sorpresas, dijo que se mantendría en su despacho. 

Los “dos presidentes” terminaron por ofrecer una rueda de prensa al mismo tiempo y en el mismo despacho, donde cada uno defendió su punto de vista y la legalidad de sus actuaciones. 

El origen del conflicto

Durante la sesión ordinaria 003, del 26 de enero, Estupiñán apeló la presidencia de Almeida, lo que fue aceptado con cuatro votos a favor.

Rosero asumió la conducción de la sesión, que por pedido de Ulloa fue declarada permanente. En esa sesión se logró aprobar la moción de cambio de orden del día para tratar la remoción de la presidencia de Almeida.

A pesar de haberse declarado sesión permanente y de los pedidos de los consejeros de mayoría para que se reinstalara, esto no ocurrió. 

Almeida convocó para hoy a la sesión ordinaria 005, de forma virtual. Sin embargo, los cuatro consejeros de mayoría acudieron al lugar, con el objetivo de presionar para que se reinstalara la sesión 003.

Ante este panorama, Almeida suspendió la sesión convocada, lo que no impidió que los cuatro consejeros de mayoría sesionaran amparados en el artículo 12 del reglamento de sesiones, que señala que ante la falta del Presidente y el Vicepresidente, los demás consejeros pueden nombrar entre ellos a quien dirija la sesión, lo que recayó en Francisco Bravo.

Ante la falta del secretario titular, designaron a Nelson Silva, asesor de Bravo, como secretario Ad hoc. 

Los consejeros de mayoría manifestaron que era necesario dar continuidad a la sesión; sin embargo, ese momento circuló la convocatoria para que esta se cumpliera el próximo martes.

Ulloa y el resto de consejeros calificaron de argucias a esa convocatoria y procedieron a sesionar para remover a Almeida y a Rosero, este último por no haber convocado para la reinstalación de la sesión. 

Rosero, quien participó luego vía Zoom, explicó que no había convocado a la reinstalación de la sesión ya que está pendiente el fallo judicial sobre las medidas cautelares a favor de Almeida para evitar su remoción, cuya audiencia se cumple mañana.

Rosero calificó a la sesión de los cuatro consejeros como una reunión de amigos y dijo que cualquier resolución que tomen carece de validez, ya que no hay la figura de remoción ni en la Ley del Consejo ni en los reglamentos. 

Para Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sin embargo, lo actuado por la mayoría está amparado por el Código Orgánico Administrativo, que faculta al Pleno del Consejo nombrar o remover a sus autoridades.

Agregó que la aplicación del Código tiene el aval de la Procuraduría General del Estado, que absolvió una consulta en ese sentido en diciembre del 2019.

Por la noche, circuló en redes un documento en el que supuestamente el Ministerio del Trabajo reconoce la designación de Ulloa; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, esa cartera de Estado no había confirmado o negado esa información. 

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