El colectivo que busca mantener el petróleo del Yasuní bajo tierra aún no ha bajado los brazos, a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, la llegada de este caso a nivel internacional les da un nuevo envión
Una demanda presentada en el 2014 por el colectivo Yasunidos, fue admitida a trámite por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los integrantes de este grupo ambientalista ofrecieron esta mañana una rueda de prensa en la que aseguraron que el tema incluso podría llegar a la Corte-IDH y traer consecuencias para el Estado.
¿De qué se trata este caso? Un breve recuento:
El 15 de agosto del 2013, Rafael Correa, entonces presidente de Ecuador, salió en cadena nacional y pronunció esta frase: “El mundo nos ha fallado”. Con ella, anunciaba que su pedido a la comunidad internacional de entregarle al país 3.600 millones de dólares a cambio de no explotar petróleo dentro del Yasuní ITT, había fracasado.
Desde ese momento, el colectivo Yasunidos comenzó la búsqueda de las 583.000 firmas que necesitaba para llamar a consulta popular y preguntar a los electores si estaban de acuerdo en que el petróleo se mantuviera, de todas formas, bajo tierra. En total, consiguieron 756.000 firmas en seis meses; pero el CNE de Domingo Paredes —cercano al Gobierno de Correa— invalidó y anuló el 60% de esas firmas y la consulta no se llevó a cabo.
Pero Yasunidos nunca dejó de pelear, al considerar que fue una decisión arbitraria. En diciembre del 2021, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la cual estableció que el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) vulneraron los derechos del colectivo y abrieron de nuevo la posibilidad de la consulta. Algo tarde, porque la industria petrolera entró al Yasuní en septiembre del 2016.
En septiembre del año anterior, el TCE ordenó al CNE que reconociera la legitimidad de Yasunidos y que enviara a la Corte Constitucional la pregunta, para su análisis. Y luego, el CNE entregó un certificado, confirmando que Yasunidos sí cumplieron con el número de firmas para la consulta. Aún se espera la resolución de la Corte.
¿Y qué tiene que ver la CIDH?
Esta mañana, en Guápulo, los miembros de Yasunidos se mostraron contentos al saber que la CIDH admitió a trámite su caso, tras una denuncia puesta 9 años atrás, según la cual el Estado ecuatoriano violó los siguientes derechos:
– A tener normas y procedimientos para garantizar una Consulta Popular.
– Los derechos políticos, no sólo del colectivo, sino de todas las personas que tienen derecho a pronunciarse.
– El derecho a la igualdad y a la no discriminación.
– El derecho a la protección judicial.
Los abogados de este colectivo hicieron énfasis en que la demanda busca que se declare la violación de derechos políticos contra las 757.623 personas que respaldaron con su firma la celebración de una consulta popular.
El abogado del colectivo, Ramiro Ávila, asegura que esta admisión en la CIDH significa que “los hechos que han denunciado los Yasunidos, son creíbles y están demostrados”. Ahora corresponde hacer un análisis de fondo para que se demuestre jurídicamente que estos derechos han sido vulnerados y él cree que el caso podría ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él asegura que lo que buscan en la CIDH es que “se declare una vulneración en los derechos denunciados”, además de que se haga una reparación integral por estos “más de 10 años”.
Silvia Bonilla, también abogada del colectivo, asegura que han sido 5 las instituciones del Estado que reconocen que se han vulnerado derechos en todo el proceso: la Defensoría del Pueblo, El Consejo de Participación Ciudadana, el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral. “Ha sido una lucha emprendida para poder preguntarle a la ciudadanía, si está de acuerdo con mantener el petróleo bajo tierra en el bloque 43, conocido como Yasuní”, afirma Bonilla.
¿Qué pasa actualmente?
Yasunidos asegura que, en octubre del 2022, la Corte Constitucional resolvió hacer un nuevo sorteo de este caso, otorgarle un nuevo número para procesarlo, pero aún no se ha pronunciado. El colectivo dice que todo está en manos de esta entidad y exigen que se dé un dictamen de favorabilidad para poder dar paso a la pregunta. “Exigimos que se pronuncie de forma inmediata, que dictamine constitucional la pregunta y de paso a la consulta popular”, aseguran.
La CIDH tiene ahora dos alternativas:
- Declarar la violación de los derechos y presentar a la Asamblea de la OEA.
- Presentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El abogado Ramiro Ávila, dice: “Estoy casi seguro de que este caso, si es que no se repara integralmente en el Ecuador, va a ir a la Corte Interamericana de Derechos”.
Yasunidos sigue en pie de lucha, la semana pasada volvieron a ir a la Corte Constitucional, pero siguen sin obtener ninguna respuesta.
Para Ávila, los procesos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son lentos, pues se dedican a evaluar varios casos a la vez. “El nuestro tomó 9 años, pero fue aceptado, no todos lo son”, asegura.
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