La solución a la crisis energética, el bajón económico, las elecciones, la inseguridad y el cambio climático son temas sobre los que el país deberá caminar aceleradamente el próximo año. Aquí un análisis con los principales retos para el nuevo año.
POR: Juan Camilo Escobar
Ecuador encara un panorama complejo para 2025, marcado por cinco problemas interrelacionados que se agravan mutuamente. Una crisis energética prolongada ha paralizado la economía, que registró una caída del 2,4% en el tercer trimestre de 2024.
Los efectos del cambio climático afectan cuencas hidrográficas críticas, reduciendo severamente los niveles de producción de las principales centrales hidroeléctricas.
El cambio climático expone la fragilidad de un sistema energético altamente dependiente de las centrales hidroeléctricas. La inseguridad afecta las actividades productivas, mientras que los conflictos políticos desvían la atención del gobierno de las demandas nacionales más urgentes.
La proximidad de las elecciones, del 9 de febrero, añade una capa adicional de incertidumbre. Así, el próximo período electoral podría convertirse en un punto de inflexión para el país.
- CRISIS ENERGÉTICA
La raíz de la crisis energética que vivió Ecuador en 2024 es una combinación de factores profundamente arraigados durante años: la falta de inversión en el mantenimiento y renovación de la infraestructura energética, un sistema demasiado dependiente de la energía hidroeléctrica, y la falta de diversificación en las fuentes de energía. Así, Ecuador cuenta con más de 2.100 megavatios de capacidad de generación térmica, pero gran parte de estos equipos están fuera de servicio, sin el mantenimiento necesario.
Al cierre de este año, el Cenace no ha actualizado su informe técnico sobre la indisponibilidad del parque térmico. El informe del 2023 da cuenta que la potencia indisponible promedio de las unidades generadoras térmicas alcanzó el 56%, un incremento del 40% en comparación con el 2022.
Entre las causas de esta disminución, el informe destaca fallas técnicas, mantenimientos programados, de emergencia y no programados, así como la falta de combustible y problemas relacionados con terceros. Además, se registraron eventos fortuitos que contribuyeron a la ineficiencia del sistema.
Consultado sobre este complejo panorama, el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Azuay, Diego Morales, indicó que, más allá de las contrataciones de de emergencia que este 2024 registraron considerables retrasos, el desafió para los gobernantes en el 2025 será empezar a implementar el postergado Plan Maestro de Electricidad, el cual busca incrementar la capacidad de generación eléctrica mediante la incorporación de fuentes renovables y no renovables, así como mejorar las redes de transmisión y distribución para garantizar un servicio eléctrico confiable y de calidad.
Asimismo, indicó, este desafío plantea la necesidad de diseñar una política pública con una visión estratégica del sector eléctrico para las próximas décadas, mediante la cual se vuelva a crear el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, así como exigir transparencia y eficiencia en la gestión de las empresas distribuidoras que registran “pérdidas técnicas” de un promedio de 20%. “La generación también debe abrirse a la inversión del sector privado para que todos los caminos estructurales se den urgentemente”, indicó.
- LA ECONOMÍA DEBILITADA POR LOS APAGONES
Las promesas de recuperación económica tras la pandemia chocaron contra una dura realidad: la crisis de inseguridad y la crisis energética. En los últimos meses, el Producto Interno Bruto (PIB) del país ha seguido en caída libre, registrando una contracción del 2,2% en el segundo trimestre de 2024 y un 2,4% en el tercero, comparados con similares períodos del año anterior, según los últimos datos del Banco Central.
Los racionamientos trajeron consecuencias devastadoras para la economía. En varios recorridos por zonas comerciales e industriales, constatamos que la imagen es la misma: fábricas paradas, empresas que funcionan a medias y una productividad que ha caído por debajo de los mínimos.
Los gremios productivos han evaluado que los apagones que empezaron en septiembre incrementaron las pérdidas económicas a un ritmo alarmante, alcanzando 18 millones de dólares por hora, en comparación con los 12 millones de dólares por hora reportados en los apagones de abril. Este agravamiento de la crisis energética está afectando a sectores clave de la economía, como la industria y el comercio, reduciendo la competitividad y aumentando los costos operativos, lamentó la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Tania Pazmiño.
El empresario y analista económico Diego Landázuri advirtió que uno de los mayores desafíos para la economía ecuatoriana en 2025 será establecer incentivos efectivos para la producción local y atraer inversión extranjera directa.
“Es fundamental consolidar un modelo económico claro para los próximos años. Tras años de estancamiento, la economía no ha logrado crecer. El sector productivo sigue siendo poco competitivo y el sector exportador carece de una oferta que agregue valor”, señaló Landázuri.
El analista destacó que no existen incentivos para la inversión privada, mientras que el Estado, debilitado, tiene limitaciones para ejecutar proyectos de inversión pública. “No hay expectativas de un mayor gasto público, una variable clave para impulsar el crecimiento económico. Además, los últimos gobiernos no han alcanzado un consenso que permita a los sectores público y privado trabajar con un mismo objetivo”, afirmó.
Landázuri recordó que la economía ecuatoriana continúa dependiendo de la exportación de petróleo como principal motor de crecimiento.
En este contexto, estima Landazuri, las elecciones presidenciales de febrero y el inicio del nuevo gobierno en 2025 generarán una pausa en las inversiones nacionales y extranjeras. “La transición de gobierno genera cuatro meses de incertidumbre económica, con poco dinamismo en inversiones y gasto público”, concluyó.
- ELECCIONES Y LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Las elecciones convocadas para el 9 de febrero de 2025 marcarán un hito en la historia reciente de Ecuador. Por primera vez, se elegirá a un presidente para reemplazar a otro que fue electo en comicios anticipados. Daniel Noboa, el actual mandatario, asumió el poder tras la disolución de la Asamblea Nacional por parte de su predecesor, Guillermo Lasso, quien enfrentaba un juicio político.
La incertidumbre también afecta el encargo constitucional de la Vicepresidencia. Desde que Rosalía Arteaga asumió la Presidencia por sólo cinco días en febrero de 1997, no se había vivido una situación similar. Verónica Abad, vicepresidenta que sufrió una suspensión por 150 días sin sueldo, ordenada por el Ministerio del Trabajo bajo el criterio de la “sana crítica” y sin respaldo en una norma legal específica.
En estas elecciones la Revolución Ciudadana, heredera del correísmo, busca regresar al poder con un mensaje de redención y restauración. Al otro lado, el oficialismo de Noboa intenta convencer, con microvideos en TikTok, a una población joven.
Estas elecciones no sólo designarán al presidente y vicepresidente para el período 2025-2029, sino que también renovarán la Asamblea Nacional con la elección de 151 legisladores; y cinco parlamentarios andinos. La campaña electoral comenzará oficialmente el 5 de enero y se extenderá hasta el 8 de febrero.
Expertos consultados por Ecuador Chequea consideran que estas elecciones son las más importantes desde el retorno a la democracia en 1978. Manuel Martínez, coordinador del Pacto por la Niñez y la Adolescencia en Ecuador, subrayó que, en el actual deterioro institucional, la democracia sólo será efectiva si se cumplen dos condiciones: que los votantes pidan propuestas serias a los candidatos y que los ciudadanos estén informados para elegir la opción más adecuada.
“Estas elecciones serán significativas en la medida en que se presenten planes de trabajo y políticas públicas en beneficio de la población”, afirmó Martínez. Recalcó que los programas de gobierno deben ser “precisos, claros y verídicos”, y no simples formalidades. “Aquí nos pasan mintiendo sin asumir responsabilidad”, criticó.
Gabriela Alvear, analista política y vocera de Diálogo Diverso, destacó el reto que tienen los votantes de tomar decisiones basadas en propuestas concretas y en fomentar alianzas entre distintos sectores económicos, políticos y sociales.
Alvear alertó sobre el peligro de repetir errores pasados, como confiar en el carisma de un líder individual en lugar de promover coaliciones amplias. “El fracaso de la democracia ocurre cuando el manejo del poder se concentra en una sola persona, quien cree tener todas las respuestas, algo imposible”, afirmó. “Nos estamos jugando la estabilidad democrática entre la paz y las violencias”.
- LA INSEGURIDAD
Ecuador continúa enfrentando una de las tasas de homicidios más altas de este siglo, pese a una reducción en los asesinatos reportados en 2024. Expertos en seguridad califican la situación como crítica y compleja, advirtiendo sobre la necesidad de mayores esfuerzos para combatir la violencia.
En 2023, Ecuador alcanzó una tasa de homicidios de 44,5 por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto del país en este siglo, lo que lo posicionó como el país más violento de América Latina y el cuarto en la región, si se incluyen las naciones del Caribe, según un informe de InSight Crime, una organización dedicada al análisis de índices de inseguridad.
Hasta octubre de este año, Ecuador reportó 5.552 homicidios, lo que equivale a una tasa aproximada de 31,02 por cada 100.000 habitantes. Si se compara con los 6.530 homicidios registrados entre enero y octubre de 2023, esto refleja una reducción del 14,97%. Sin embargo, el registro actual sigue siendo el segundo más alto desde el año 2000.
En octubre, considerado el mes más violento del año, se registraron 679 muertes violentas, lo que representa una disminución del 16% en comparación con las 809 reportadas en el mismo mes de 2023, según datos oficiales.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Lyonel Calderón, indicó que la reducción de homicidios intencionales en los primeros 11 meses de 2024 es del 17,3%, y no del 18%, como se reportó inicialmente en el informe presentado durante el primer año de gobierno del presidente Daniel Noboa.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, entre enero y el 24 de noviembre de 2024 se registraron 6.052 homicidios en el país. Esta cifra representa una disminución del 17,3% respecto de los 7.318 homicidios ocurridos en el mismo periodo de 2023.
La de violencia vinculada al crimen organizado que afecta al país ha seguido reflejadose durante este año en las cárceles, en particular en la Penitenciaría del Litoral, que ha sido escenario de algunos de los enfrentamientos más sangrientos entre internos. En esta cárcel, catalogada como la más peligrosa del país y que se supone que se encontraba bajo control militar, se produjo el 12 de noviembre anterior una masacre que dejó al menos 15 muertos y 14 heridos.
La tragedia contrasta con las imágenes difundidas el 9 de febrero por las Fuerzas Armadas, en las que militares fuertemente armados aparecían imponiendo orden en la cárcel, apenas un mes después de que el gobierno declarara la existencia de un conflicto armado interno. A pesar de esta intervención, los enfrentamientos entre internos han continuado, evidenciando una crisis de seguridad persistente en el sistema penitenciario.
El hacinamiento en las prisiones es uno de los factores que complican la situación. Entre enero y septiembre de 2024, la población penitenciaria de Ecuador creció un 9,5%, pasando de 30.762 internos el 5 de enero a 33.669 el 27 de septiembre, lo que representa un incremento de 2.907 personas, según cifras oficiales.
Carla Álvarez, especialista en seguridad nacional, señaló que, debido a la complejidad de los problemas de inseguridad en el país, no existe una única prioridad, sino varias que deben abordarse simultáneamente.
Sin embargo, la experta subrayó que el primer paso en materia de política pública es construir un sistema de datos sólidos y actualizados, que aborde no solo la violencia vinculada al crimen organizado, sino también el lavado de activos y otros factores sociales, como la violencia intrafamiliar. Este sistema debe ser clave para diseñar estrategias eficaces.
Álvarez advirtió que, sin un sistema de información robusto, las políticas de seguridad carecerán de la precisión necesaria y seguirán siendo ineficaces, lo que prolongará la crisis que afecta tanto a las calles como a los hogares del país.
“Es crucial analizar qué parte de la violencia está relacionada con el crimen organizado y qué parte se debe a otros factores sociales, como las riñas callejeras o los conflictos familiares. Es necesario hacer esa distinción para implementar estrategias diferenciadas, ya que no es lo mismo el sicariato que el femicidio. Antes de todo, debemos comprender la violencia más allá del contexto criminal”, dijo Álvarez.
La especialista también señaló que, en la lucha contra la criminalidad, uno de los desafíos más grandes es la creciente exportación de cocaína. “Es fundamental implementar controles en los puertos de salida y en toda la cadena de valor que facilita el tráfico. Además, es necesario combatir el lavado de dinero, ya que, al final, es este el principal motor que impulsa a las organizaciones a cometer delitos”, explicó.
- LA CRISIS CLIMÁTICA
El ciclo anual de reducción de lluvias en las cuencas que abastecen a las principales hidroeléctricas de Ecuador se adelantó y alcanzó niveles de intensidad inéditos este año. El resultado fue un país altamente dependiente de la energía hidráulica, sumido en más de tres meses de apagones. Y mientras la nación se oscurecía, se hacía aún más evidente, como tantas veces antes, la cruda realidad del cambio climático que está golpeando con fuerza a Ecuador.
Sin embargo, este fenómeno fue solo una de las manifestaciones más visibles de un problema más amplio. El cambio climático también fue un factor clave en las afectaciones a fuentes de agua, lo que obligó a implementar racionamientos en Quito y otras ciudades. Además, los incendios forestales se propagaron con mayor rapidez en amplias zonas secas, donde la falta de lluvias durante meses había dejado un paisaje vulnerable.
Antes este complejo panorama, Elizabeth Bravo, ambientalista y profesora universitaria de impacto humano en el medio ambiente, advierte que la situación no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia preocupante.“Ya no podemos hablar de cambio climático sino de crisis climática porque las consecuencias excedieron todas las previsiones. Y la crisis que vivimos en el 2024 también la vamos a vivir en 2025, por ejemplo las sequías prolongadas o las lluvias prolongadas por fuera de todo pronóstico, que producen desastres”.
En este sentido la experta señaló que existe un gran desafío, no sólo del Estado, sino de la sociedad, en corregir prácticas que alteran los ecosistemas. “Este cambio climático está ligado al mal manejo de ecosistema y cultismos así como la expansión de la minería”.
En un diagnóstico contundente, el Banco Mundial advirtió que Ecuador enfrenta un sombrío panorama, si no toma acciones decisivas frente a los efectos del cambio climático. Según el informe ‘Clima y Desarrollo’ (CCDR, por sus siglas en inglés), presentado el 19 de septiembre, en Quito, el producto interior bruto (PIB) per cápita del país podría caer hasta un 4% para 2050.
El informe, que vincula la acción climática con el desarrollo económico, subraya que los recientes eventos extremos han evidenciado la vulnerabilidad del país. Las prolongadas sequías que paralizaron centrales hidroeléctricas, los incendios forestales que devastaron miles de hectáreas y los racionamientos de agua en grandes ciudades muestran el alto costo humano y económico de la inacción.
El Banco Mundial insta a Ecuador a implementar un enfoque integral que incluya:
- Aprovechamiento sostenible de recursos mineros: maximizar los ingresos de la minería sin comprometer el medio ambiente.
- Promoción de una agricultura sin deforestación: priorizar prácticas agrícolas que protejan los ecosistemas naturales.
- Diversificación de fuentes de energía renovable: reducir la dependencia de la generación hidroeléctrica y explorar otras opciones sostenibles.
- Fomento de un entorno favorable para la inversión privada: atraer capital extranjero mediante marcos regulatorios estables y competitivos.
Para materializar estas acciones, el organismo internacional enfatizó la necesidad de reformas institucionales sustanciales y de una coordinación eficiente entre el sector público y el privado. Implementar estas medidas requerirá un esfuerzo financiero considerable. Issam Abousleiman, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, estimó que entre 2025 y 2050, Ecuador necesitará invertir un promedio de USD 3.700 millones anuales, equivalentes al 3,5% del PIB. Estas inversiones no sólo apuntarían a mitigar los efectos del cambio climático, sino que, si son acompañadas por reformas estructurales, podrían liberar el potencial productivo del país y fortalecer su resistencia frente a futuras crisis económicas y ambientales.
Adrián Soria, ambientalista y especialista en la conservación de páramos andinos, advirtió que Ecuador debe adaptarse con urgencia al cambio climático, mediante la implementación de nuevos planes de trabajo enfocados en proteger a los agricultores, quienes son vulnerables a los efectos de la crisis climática.
El especialista criticó que las alertas internacionales sobre el cambio climático se concentren en aspectos económicos, dejando de lado la educación, un componente que considera esencial para involucrar a la ciudadanía en las medidas de adaptación.
“El cambio climático debería ser un eje transversal en todas las carreras universitarias, pero hasta ahora la Senescyt no ha implementado esta medida. Este tema se limita a las ciencias de la tierra, cuando debería estar presente en todas las disciplinas”, afirmó.
Soria destacó la necesidad de preparar a profesiones como la ingeniería y la arquitectura para enfrentar los desafíos climáticos. “Estas carreras carecen del conocimiento necesario para adaptar sus proyectos a los efectos del cambio climático. Lo mismo ocurre en otras áreas, donde se necesita comprender qué es el cambio climático y cuáles son sus consecuencias”, señaló.
El ambientalista subrayó que las acciones humanas, desde las decisiones industriales hasta las políticas públicas, pueden mitigar o agravar la crisis climática. “Es fundamental que todas las profesiones incluyan esta perspectiva para que el país pueda enfrentar este desafío global de manera integral”, concluyó.