Migrar no limita los derechos de nadie: la protección a la vida y la dignidad, a la salud, la educación, la no discriminación, la libertad, la seguridad, la protección de su familia. Todas estas —y más— son condiciones que se debe garantizar.
La Organización de Estados Americanos (OEA) es clara al momento de establecer que existen más de una veintena de convenios internacionales que reconocen a la migración como un derecho y establecen, a su vez, los derechos que tienen las personas que se encuentran en movilidad humana. Entre estos está el Pacto Mundial Sobre Migración, suscrito por todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, de la que Ecuador es miembro, salvo Estados Unidos.
Este texto es el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los migrantes indocumentados alrededor del mundo. El pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos. Entre esas metas está la cooperación para abordar las causas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal. Pero también hay compromisos concretos, como medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo como última opción o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino.
Por otro lado, según el derecho internacional, los migrantes tienen derechos como la protección de la vida y la dignidad, la prohibición de la expulsión y devolución colectiva, la no discriminación y el derecho a la libertad y la seguridad. También tienen derecho a la protección de su familia y al respeto de la unidad familiar. Estos se describen en varios textos internacionales, incluidos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Pero las normas no sólo quedan ahí. En el caso de Ecuador, la Constitución, en su artículo 66, establece que “todas las personas tienen derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la Ley”. Además, aclara que “las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas” y “prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros”, destacando que todos “los procesos migratorios deberán ser singularizados”.
Por otro lado, la Ley de Movilidad Humana vigente en el país reconoce la ciudadanía universal. Esta consiste en “la potestad del ser humano para movilizarse libremente por todo el planeta” e “implica la portabilidad de sus derechos humanos independientemente de su condición migratoria, nacionalidad y lugar de origen, lo que llevará al progresivo fin de la condición de extranjero”.
Este mismo texto legal establece los derechos que rigen en el país para extranjeros. Estos incluyen el derecho a la libre movilidad responsable y migración segura. “Los extranjeros en Ecuador tendrán derecho a migrar en condiciones de respeto a sus derechos, integridad personal de acuerdo con la normativa interna del país y a los instrumentos internacionales ratificados por Ecuador. El Estado realizará todas las acciones necesarias para fomentar el principio de la ciudadanía universal y la libre movilidad humana de manera responsable”.
A estos se suman:
- Derecho a solicitar una condición migratoria, derecho a la información migratoria.
- Derecho a la participación y organización social.
- Acceso a la justicia en igualdad de condiciones, derecho a la integración de niños y adolescentes en sistemas educativos, derecho a la participación política.
- Derecho al registro de títulos.
- Derecho a la salud.
- Derecho al trabajo y a la seguridad social.
Asimismo, esta misma Ley establece las obligaciones de los extranjeros en el país:
- Registrar el ingreso y salida a través de los puntos de control migratorio oficiales;
- Permanecer en Ecuador con una condición migratoria regular;
- Respetar las leyes, las culturas y la naturaleza;
- Portar sus documentos de identidad o de viaje durante su permanencia en el Ecuador;
- Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente;
- Los residentes registrarán su domicilio o residencia habitual en el Registro Civil. Los turistas voluntariamente podrán informar su lugar de estadía y acceder al sistema de comunicación que para el efecto fije la autoridad rectora de turismo;
- Contar con un seguro de salud público o privado por el tiempo de su estadía en el Ecuador, excepto para el caso de las personas en necesidad de protección internacional.
Del dicho al hecho
Para William Murillo, presidente ejecutivo de 1800-MIGRANTES en Estados Unidos, el hecho de que exista un marco jurídico a nivel global no garantiza que los estados tomen medidas para garantizar que se cumplan estos derechos para los migrantes. Esto debido a que las políticas y la tendencia a nivel internacional tienden a ser cada vez más restrictivas con los migrantes.
“Pasa en Ecuador, pasa en México, en Panamá, en Estados Unidos, en Europa. Los estados no garantizan que las personas viajen y se movilicen de forma libre por los territorios, ponen cada vez más trabas”, dice.
“Solo hay que ver a las personas que piden refugio. Estas son obligadas a revictimizarse una y otra vez para poder ver si se puede acceder a un refugio o un asilo, no existen facilidades”, dice. “En la teoría, los estados deberían estar obligados a garantizar una vida digna de los migrantes, pero esto no pasa”.
Pone como ejemplo las políticas implementadas en estados como Nueva York y California, en el caso estadounidense, donde sí existen soportes para estas personas que están en condiciones de vulnerabilidad. “Pero esto no es así en la mayor parte del mundo”.
Para Daniel Rueda, presidente de la Fundación Alas de Colibrí, especializada en migración, esto se da porque existe una discriminación estatal que viene de la mano con los estigmas contra los migrantes.
“No sólo es xenofobia, sino aporofobia (relacionada con la pobreza) porque las autoridades mantienen la retórica de que los migrantes roban o matan y esto se generaliza. Esto ahonda aún más en las condiciones de vulnerabilidad que viven los migrantes y juega en contra de la migración”, dice.
Por esto, destaca, es necesario que los estados garanticen estos derechos sin estigmas ni juzgamientos.
De igual manera, Gabriel Tinajero, sociólogo, explica que estas dinámicas se ven reflejadas en la población porque los discursos estigmatizantes se vuelven una realidad para las personas.
“Así, la discriminación que llega desde el Estado se refleja en la discriminación que da la sociedad a las personas migrantes, haciendo que sea cada vez más difícil incluirlos a la sociedad, ya no solo por leyes sino por esta discriminación estructural”, explica.
Un par de testimonios de migración
Manchas negras se vislumbran sobre las grietas húmedas de su rostro, sudorosas por el fuerte sol de mediodía. Aún así, Fernando Hernandez, de 42 años, luce un saco abrigado que cubre todo su torso y brazos, una gorra y una gran maleta en la que ha metido su vida, o al menos lo necesario para emprender esta larga travesía.
“Yo soy venezolano”, se presenta con un tono fuerte, aunque cansado. Y es que, sólo hoy, ha caminado casi media ciudad para cumplir con su misión diaria: vender lo suficiente para poder comer, mientras piensa en continuar su viaje.
En sus manos, bacheadas por los obstáculos del camino, sostiene una funda multicolor donde posan dulces, caramelos surtidos, que se han convertido en su herramienta de trabajo. Los vende a 10 centavos o los entrega a cambio de las contribuciones de algunas personas.
“Salí de mi país hace tres meses porque las condiciones de vida ya no daban para más. Decidí salir y me ha tocado, desde Colombia, caminar porque el dinero se acabó”, dice.
Él es licenciado en Administración y, en su país, trabajó en una empresa durante varios años. Sin embargo, las condiciones económicas que vivió allá y las limitaciones legales para el surgimiento del sector privado obligó a cerrar su lugar de trabajo, por lo que se quedó “en la calle”.
“Intenté conseguir trabajo, pero al final no salió nada. Llegó un punto donde ya no podía dejarle todo a la fe y, pues, unos primos me dijeron que fuera para Perú. Así que aquí me ves, intentando salir”, explica.
Él dejó a su esposa y a su hija en Venezuela, pues prefirió que ellas no tuvieran que pasar lo que vive ahora. Su objetivo actual es llegar hasta el sur para cruzar la frontera. Aunque extraña a su familia, ésta ha sido el motor que le permitió continuar. “Cada paso me ha costado, caminar tanto es duro, pero no puedo dejar de pensar en ellas. Ya allá quiero trabajar y mandarles dinero hasta poder traerlas”.
En Ecuador, Hernández ha intentado ponerse en contacto con instituciones que puedan brindarle apoyo para continuar con su camino de manera humana. Sin embargo, su esfuerzo ha sido en vano; haber ingresado por pasos irregulares y su falta de papeles le han impedido acceder a un proceso ágil, que le permita planificar su salida pronta.
“Hemos ido a hablar, dicen que nos van a ayudar, pero nada. Nunca pasa nada, así que dejé de ir y creo que me tocará seguir vendiendo y seguir el viaje a pie, hasta que pueda conseguir algo”, dice.
En el camino se ha encontrado con otros compatriotas, algunos han acompañado sus pasos temporalmente. Muchos han tenido que vivir su misma realidad, día con día, buscando una nueva oportunidad, “una luz en este túnel”.
Luego de contar esto, Hernández, con su ropa en la espalda y el afán de continuar sus ventas, sigue su camino tras un apretón de manos. Él es uno de los alrededor de 200 mil migrantes venezolanos que están en Ecuador, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y de la Cancillería.
Como él, varios extranjeros llegan al país en condiciones de vulnerabilidad luego de haber salido de sus propios territorios, sea por problemas económicos o por otros motivos. Muchos esperan durante su estancia, otros tienen que recurrir a espacios, como el de Hernández, que los colocan en una condición de vulnerabilidad aún más profunda.
***
Karla Berbín tiene 22 años y, junto a un coche de bebé que se ha convertido en el hogar de su hijo en los días, espera a que los carros paren en una intersección ubicada entre la avenida 6 de diciembre y calle Santa Lucía, en el norte de Quito.
Una funda de chupetes acompaña su paso por las ventanas de los carros cuando el semáforo se pone en rojo. Este se ha convertido en su trabajo, de 09:00 a 18:00 todos los días, “menos cuando llueve mucho, porque el bebé se enferma”.
Con unas sandalias algo rotas por el uso, ella intenta “ganarse el pan” de esta forma. Esto, después de haber llegado a la ciudad desde hace unos dos años desde Venezuela.
Una vez en el país, intentó conseguir trabajo y lo logró. Sin embargo, luego de haber laborado por más de dos semanas no recibió pago alguno. Y es que su jefa “se aprovechó de que no tenía papeles”.
“Me dijo que no podía pagarme más de $15 porque no había trabajado bien y después me mandó”, dice.
Esto la llevó a buscar en qué ocupar sus días y, con una amiga que conoció aquí, optaron por vender dulces en las calles del norte de la ciudad. Berbín vive ahora en un cuarto compartido con dos personas más y su esposo. Él trabaja como reciclador mientras ella busca hacer sueltos en los semáforos. Esto, de momento, le ha alcanzado para poco y, aunque ha buscado ayuda de todo tipo, esta no ha llegado.
“Mandan a hablar en un lado y en otro. Espero que puedan ayudarme algún día, pero no ha funcionado y hemos tenido que seguir trabajando así porque, si no, cómo comemos”, dice.
Con la llegada de las nubes y la luz ocultándose difusa, Berbín empuja nuevamente el carrito de su bebé antes de emprender rumbo a casa. Hoy no ha ganado más de $2, con lo que aspira a comprar pan y esperar que su esposo haya conseguido algo más.
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