A pesar de ligeras mejoras, la lucha contra la desnutrición infantil y el acceso a la salud y la educación siguen siendo temas pendientes. Con más del 53% de trabajadores informales, el empleo también debe estar entre las preocupaciones del nuevo presidente.
POR: Juan Camilo Escobar
En pocos días, los ecuatorianos volverán a las urnas tras escuchar, una y otra vez, promesas para resolver los problemas que afectan al país; entre ellos, los que corresponden al campo social. Con cada ofrecimiento electoral, los 16 candidatos a la Presidencia buscan convencer al electorado de que tienen la respuesta adecuada para estos desafíos, asegurando en muchas ocasiones tener claras las acciones a tomar.
Sin embargo, expertos advierten que las soluciones no son tan simples. La socióloga Natalia Sierra destacó que los problemas sociales más graves de Ecuador son el resultado de múltiples factores interrelacionados, derivados de estructuras sociales de largo plazo, como la falta de acceso a la educación, la salud, la seguridad y el empleo. Según Sierra, estos problemas requieren un enfoque integral que involucre a varias instituciones, como los ministerios de Salud, Economía, Educación, Inclusión Económica y Social, además de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Señaló que la pobreza y el abandono escolar se agravan cuando los niños y adolescentes sin acceso a educación y salud, y con padres que luchan por encontrar empleo formal, son captados por bandas criminales para participar en actividades ilegales.
Ante esta realidad, Sierra propone cuatro prioridades en materia social para el próximo gobierno:
- Combatir la desnutrición como estrategia de salud integral: Sierra enfatiza que una adecuada nutrición en la niñez es fundamental para evitar problemas de salud graves en la adolescencia, juventud y adultez, lo que, a su vez, genera costos altos en salud curativa. «La nutrición debe verse como una inversión en salud preventiva», afirmó. Además, destacó que una sociedad educada también debe fomentar hábitos alimenticios saludables.
- Garantizar acceso a la educación y prevenir el abandono escolar: La deserción escolar, según Sierra, genera problemas adicionales, como la exclusión de niños y jóvenes de los sistemas de protección social, exponiéndolos al reclutamiento por bandas criminales.
- Mejorar el acceso a trabajos dignos: La socióloga señaló que una gran parte de la población económicamente activa se encuentra en el trabajo informal, o en empleos que no cumplen con los estándares del salario básico. «Incluso las personas con empleo formal en ocasiones ganan por debajo del salario mínimo», dijo.
- Garantizar la seguridad como base del desarrollo social: Para Sierra, la seguridad debe ser vista no sólo como una intervención de las fuerzas del orden, sino como una política integral que aborde las tres prioridades anteriores, fomentando la creación de espacios comunitarios y actividades culturales y deportivas que contribuyan al bienestar colectivo.
En este contexto, el empleo se posiciona como una prioridad en lo social. “Personas con educación tienen mayores posibilidades de acceder a más y mejores espacios laborales”, señala la socióloga Sierra.
Pero, ¿Cuál es la situación del empleo, según las estadísticas oficiales más recientes disponibles?
El 53,5% de los trabajadores en Ecuador se desempeña en el sector informal, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), actualizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) a noviembre de 2024. Esta cifra muestra 0,7 puntos porcentuales menos, respecto al 54,2% registrado en el mismo mes de 2023, una disminución leve.
El sector informal, definido por la ausencia de contratos, seguridad social y eludir las regulaciones laborales, sigue representando un obstáculo en el mercado laboral, con marcadas diferencias entre áreas urbanas y rurales: el 41,3% de los trabajadores urbanos se encuentra en la informalidad, mientras que en las zonas rurales la cifra asciende a 77%, según el INEC.
Además de la informalidad, el panorama laboral en Ecuador está marcado por niveles preocupantes de desempleo y subempleo.
La Enemdu puntualiza algunos indicadores correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024:
– Desempleo aumenta un 9,7%
En noviembre de 2024, el número de desempleados alcanzó las 322.001 personas, un aumento del 9,7% en comparación con noviembre de 2023, cuando la cifra fue de 293.581.
– Empleo adecuado disminuye en 4,3%
El empleo adecuado, que comprende los trabajos formales y bien remunerados, también presentó una caída significativa. En noviembre de 2024, 2’905.637 personas se encontraban en empleo adecuado, frente a los 3’037.803 registrados en noviembre de 2023. Se trata de una reducción del 4,3% de puestos de trabajo de calidad, lo que agrava la situación económica de muchas familias.
– Subempleo crece un 9,8%
El subempleo, que incluye a aquellos trabajadores que no tienen suficientes horas laborales o realizan tareas en condiciones precarias, creció un 9,8% en noviembre de 2024. Un total de 1’958.120 personas se encontraban en esta situación, comparado con las 1’783.421 del año anterior.
– ‘Otro empleo no pleno’ aumenta un 3,1%
La categoría de «otro empleo no pleno», que agrupa a trabajadores informales y aquellos con condiciones laborales inestables, también mostró un aumento. En noviembre de 2024, 2’471.645 personas se encontraban en esta situación, frente a 2’396.809 en el mismo mes de 2023, lo que representa un crecimiento del 3,1%.
Consultada sobre el tema, la abogada Elisa Lanas, especialista en temas laborales, señaló que la alta tasa de informalidad, junto con los niveles de desempleo y subempleo, deben ser tratados como una prioridad para el próximo Gobierno. Lanas argumentó que, si bien la leve disminución de la informalidad es un paso positivo, es fundamental implementar políticas públicas que aseguren la formalización del empleo, mejoren las condiciones laborales y garanticen la protección social para los trabajadores en todo el país.
“Se debe implementar una respuesta estructural para mejorar las condiciones laborales. La informalidad y el subempleo implican la falta de garantías laborales, protección social y salarios adecuados. Las pequeñas y medianas empresas, que son las principales generadoras de empleo en Ecuador, necesitan medidas específicas para fortalecer su capacidad de crear más puestos de trabajo”, explicó Lanas.
La especialista también propuso explorar alternativas, como los emprendimientos asociativos, que podrían ofrecer mayor estabilidad a largo plazo. Según Lanas, estas iniciativas tienen más probabilidades de sostenibilidad, en contraste con los negocios individuales, que enfrentan dificultades por falta de recursos y conocimientos técnicos.
Lanas también advirtió sobre el impacto negativo de la crisis energética, que afectó a las empresas y la productividad del país con múltiples apagones entre octubre de 2023 y diciembre de 2024. Subrayó la importancia de que los gobiernos futuros tomen medidas preventivas en materia energética para garantizar condiciones mínimas de empleo, destacando que el empleo es vulnerable a factores internos y externos, como crisis económicas globales, la pandemia de Covid-19 y la crisis energética local.
“El Estado debe prever cómo enfrentar estos desafíos para garantizar un entorno laboral más estable y proteger los empleos en todo el país”, concluyó Lanas.
Desnutrición, reducción nacional leve, pero aumentos preocupantes en provincias
La desnutrición crónica infantil —en menores de dos años— mostró una leve disminución en el último año, según las últimas estadísticas del INEC: la tasa nacional pasó de 20,1% en julio de 2023 a 19,45% en agosto de 2024, es decir, una disminución del 0,8%.
A pesar de esta reducción a escala nacional, el informe destaca que varias provincias registraron aumentos preocupantes. Chimborazo experimentó el mayor crecimiento, pasando de 35,1% a 40,1%. Imbabura también mostró un aumento significativo, con su tasa subiendo de 16,2% a 22,3%, lo que representa 6,1 puntos porcentuales más. Santa Elena también registró un aumento, pasando de 29,8% a 32,6%.
En contraste, algunas provincias lograron reducciones significativas en sus tasas de desnutrición crónica infantil. Loja redujo su tasa de 22,6% a 12,1%, mientras que Zamora Chinchipe logró una disminución de 18,6% a 11,7%. Por su parte, El Oro mantuvo la tasa más baja del país, estable en 9,8%, y Los Ríos redujo su cifra a 10,5%
Manuel Martínez, representante del Pacto por la Niñez y Adolescencia, que agrupa a 25 organizaciones y 20 defensores de derechos humanos, calificó los resultados de esta encuesta como una realidad muy triste. Según Martínez, aunque el tema de la desnutrición infantil ha sido contemplado en la agenda de varios gobiernos en años recientes, los esfuerzos no han sido efectivos ni han cumplido con las expectativas de la sociedad ecuatoriana.
“La desnutrición crónica infantil ha sido uno de los temas más atendidos en los últimos años, y eso es positivo, porque era alarmante que Ecuador tuviera uno de los índices más altos en América Latina. Sin embargo, muchos de los esfuerzos no han arrojado los resultados esperados. En provincias como Chimborazo y Santa Elena, donde los niveles históricamente han sido altos, el impacto ha sido limitado”, afirmó Martínez.
¿Qué hacer? El representante responde que es necesario priorizar la desnutrición infantil en la política pública y en la asignación de recursos financieros. “Hemos revisado los planes de gobierno de los 16 candidatos a la Presidencia y encontramos que el tema está contemplado. No obstante, es crucial que esto trascienda del papel y se refleje en acciones concretas y financiamiento adecuado”, agregó.
Martínez también hizo un llamado a los gobiernos locales para que asuman un papel más activo, particularmente en temas como el acceso a agua potable. “La desnutrición crónica infantil está vinculada a factores que competen a los gobiernos locales. Es fundamental evaluar qué están haciendo los gobiernos de Chimborazo y Santa Elena para mitigar este problema”, puntualizó.
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