La Cámara de Minería y voceros del gremio insisten en severas afectaciones de la aplicación de esta medida. Desde la lógica ambiental, ¿sirve una tasa como la impuesta?
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POR: Juan Camilo Escobar
La tasa de fiscalización minera implementada por el Gobierno, con la que busca recaudar un monto equivalente a la inversión extranjera directa recibida en 2024, enfrenta cuatro demandas de inconstitucionalidad: tres interpuestas por empresas mineras y una por la Cámara de Minería del Ecuador, según confirmaron voceros de la agremiación.
Los demandantes solicitan a la Corte Constitucional la suspensión inmediata de la medida y demandan que el alto tribunal dé prioridad al análisis del caso, no con base en el tradicional orden cronológico de ingreso —un criterio que, advierten, podría postergar el trámite durante años—, sino en función de la gravedad e impacto social. También argumentan que la norma pone en riesgo “todas las operaciones legales de miles de mineros del país”.
Según una resolución de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), publicada el 20 de junio en el Registro Oficial, los pagos de la nueva tasa se realizarán en dos cortes: el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año. Las fechas límite de recaudación serán el 31 de julio y el 31 de enero del año siguiente, respectivamente. La normativa establece un esquema de pago semestral para la mediana y gran minería, así como para las licencias de comercialización, y un pago anual para la pequeña minería.
El abogado constitucionalista Emilio Suárez, quien representa legalmente a la Cámara, afirmó que la resolución de la Arcom incurre en vicios formales y materiales. “No cumple los requisitos para ser considerada una tasa. En realidad, debió haberse tramitado como un impuesto mediante ley aprobada por la Asamblea Nacional, a iniciativa del Ejecutivo”, dijo durante una rueda de prensa. “Se trata de un impuesto encubierto, lo cual constituye un grave vicio de inconstitucionalidad”.
Además, reiteró que en la demanda se ha solicitado la suspensión inmediata de la vigencia de la norma, ya que el cobro es inminente y afectaría particularmente a las que se encuentran en fase de exploración. “Esta tasa ya se encuentra vigente. Se han iniciado notificaciones y se han anunciado procesos coactivos para quienes no paguen”, señaló.
Según el Gobierno, la nueva tasa busca recaudar 229 millones de dólares anuales de todos los regímenes y fases mineras. Esta cifra es apenas 3 millones de dólares menos de los 232 millones de dólares que reportó en 2024 el Banco Central como inversión extranjera en el país.
Las primeras compañías notificadas han sido de gran minería y deberán cancelar, hasta el 31 de julio, un prorrateo por el periodo que entró en vigencia la resolución, el 20 de junio anterior.
‘Impacto enorme’ en exploración
El economista Santiago Caviedes, autor de un estudio reciente sobre la carga tributaria del sector, quien estuvo presente en la rueda de prensa de la Cámara de Minería, advirtió que la medida afecta directamente a la exploración minera, considerada por el gremio como el motor del desarrollo futuro de la industria. “En 2024 se invirtieron apenas 67 millones de dólares en exploración. Con esta tasa, el costo por hectárea podría llegar hasta 375 dólares, lo que hace prácticamente impagable mantener una concesión”, dijo.
Recordó que Ecuador ya tiene uno de los costos más altos de la región para mantener derechos mineros: 12,5 dólares por hectárea, frente a 3 en Chile o 4,5 en Perú. “La medida vuelve infructuosa la apertura del catastro minero, que estuvo cerrado siete años. Ahora se abre, pero con una carga que espanta a los inversionistas”, aseguró.
Caviedes señaló que, pese a las dificultades, el sector minero generó 1.100 millones de dólares en regalías e impuestos en 2024, convirtiéndose en el quinto mayor contribuyente del país. A su juicio, la nueva tasa amenaza esa estabilidad.
“No podemos pagar”
El presidente de la Cámara Cantonal de Minería de Zaruma, Óscar Loor, hizo un llamado directo al presidente, Daniel Noboa. “¿Es tan difícil reunirse con nosotros para discutir este tema? La minería no es delincuencia, es industria, ciencia y desarrollo social”, expresó. “Estamos en el mismo barco. No nos negamos a pagar, pero esta tasa no es legal y nos está estrangulando. No podemos pagar”.
En la misma línea, Guillermo Godoy, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Minería del Ecuador, advirtió que la medida pone en riesgo no sólo la inversión, sino la sostenibilidad de miles de empleos. “Muchas empresas no podrán declarar utilidades, y otras se verán forzadas a cerrar. Esto fomentará la minería ilegal, que ocupará las áreas que los operadores legales abandonen por no poder pagar”, sostuvo. “Estamos dispuestos a dialogar. No nos oponemos al control, pero esta tasa nos está aniquilando”.
Advertencia internacional
La presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, señaló que la tasa llega en un momento crítico, justo cuando se había reabierto el catastro minero. “Hay compañías internacionales que llevan años esperando entrar al país y ahora ven una oportunidad. Pero también nos dicen que están nerviosas por estas medidas tributarias inesperadas y desproporcionadas”, afirmó.
Silva aseguró que hay casos críticos en los que las empresas evalúan vender activos para cumplir con el pago. “Esto no solo afecta a los actores actuales, sino que envía un mensaje negativo a los potenciales inversionistas. Ecuador no es el único país con recursos minerales. Nuestros vecinos también los tienen, pero ofrecen condiciones más estables”, advirtió. “Este tipo de decisiones debilita la imagen de Ecuador como un destino responsable para la inversión”.
Al ser consultada sobre si ya se ha recibido reportes de suspensión de inversiones en exploración, la dirigente gremial, indicó que es una pregunta difícil de contestar porque “hay un intangible que no se puede cuantificar”.
Silva recordó que la tasa va desde el 25% hasta el 100% de un salario básico unificado por hectárea, dependiendo de la fase del proyecto. “Estamos hablando de costos que pueden llegar a 150 dólares por hectárea o más, lo que representa un impacto enorme en una industria que ya carga con los tributos más altos de la región”, afirmó.
La otra cara
Sin embargo, consultado sobre este tema, el biólogo y experto en manejo ambiental Paúl Paredes manifestó que la a imposición de nuevas tasas a las empresas mineras es insuficiente por parte del Estado para controlar el impacto ambiental, no sólo de las actividades mineras legales así como para frenar o erradicar las actividades mineras ilegales, cuyos impactos negativos son incluso mayores.
En este sentido, dijo, se necesita una política integral de control y manejo ambiental para evitar un deterioro ambiental aún más profundo, impulsado por el crecimiento de la minería sin control.
Además del daño ecológico, el biólogo señaló que la falta de regularización impide la vigilancia efectiva del Estado, pues en algunos casos las comunidades —que pueden obtener beneficios de la minería informal— protegen a los operadores ilegales e impiden la entrada de autoridades de control.
Frente a estos impactos, el biólogo consideró que el cobro de tasas adicionales a los proponentes mineros no sólo desincentiva la regularización, sino que tampoco frena la expansión ilegal. “Ya pierden el interés en regularizarse. Si así, teniendo interés, se demoraban tres o cuatro años, ahora con ese coste adicional el interés va a bajar”, señaló. El resultado es un escenario donde las áreas con potencial mineral, pero no regularizadas, quedan expuestas a la ocupación ilegal.
Lo que sigue en la Corte
La demanda de inconstitucionalidad iniciará un trámite en la Corte Constitucional que podría durar varios meses. En una primera etapa, el tribunal deberá decidir si admite la demanda, si concede la medida cautelar de suspensión solicitada y si prioriza el caso dentro de su cronograma.
“Estamos agotando todas las vías institucionales. Esta tasa no solo es inconstitucional, también es inviable económica y socialmente. Pedimos que se suspenda y se reabra el diálogo con todos los actores del sector”, concluyó Suárez.
CIFRAS
El sector minero ecuatoriano aportó una recaudación fiscal acumulada de US$5,537 millones entre 2010 y 2024, según un estudio de las firmas Aequus y Humboldt Management. Sólo en 2024, el Estado recibió US$1,002 millones en impuestos provenientes de la minería, un crecimiento de 6,2 veces respecto a los niveles de 2010.
En paralelo, las exportaciones mineras alcanzaron los US$3,000 millones en 2024, lo que equivale al 8,9% del total exportado por Ecuador. Este desempeño ha sido impulsado principalmente por los yacimientos de Fruta del Norte y Mirador, los dos proyectos mineros de gran escala actualmente en operación. No obstante, el país cuenta con una robusta cartera de proyectos en distintas etapas de desarrollo, lo que podría ampliar significativamente el peso del sector en la economía nacional en los próximos años.
El estudio también destaca el fortalecimiento de los encadenamientos productivos del sector minero con otras ramas económicas. En 2023, cada dólar invertido en minería generó 41 centavos de valor agregado en otras industrias, frente a los 18 centavos que se generaban en 2018. Asimismo, para producir un dólar en minería, se requirieron insumos por 73 centavos provenientes de otras actividades productivas, lo que evidencia un efecto multiplicador creciente.
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