10 a 1. Esa es la relación entre los reos y quienes los controlan. El Viceministro del Interior informó que el control de las cárceles está a cargo de 1.677 policías y 1.630 agentes penitenciarios. Se ofrecen 1.300 más para este año.
Autoridades del Centro de Inteligencia Estratégica, del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Derechos Humanos comparecieron ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea para informar sobre los recientes motines ocurridos en la cárceles de Cotopaxi y en la Penitenciaria del Litoral.
El director del Centro de Inteligencia, Fausto Cobo, manifestó que la crisis penitenciaria es de índole estructural y que atrás están el narcotráfico y el crimen organizado, que controlan las cárceles y se constituyen en una amenaza para el Estado.
Freddy Ramos, viceministro del Interior, informó que 1.677 policías están destinados a brindar apoyo a la vigilancia de las cárceles, mientras que el Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI) cuenta con 1.630 funcionarios destinados a esa labor. Es decir, para vigilar a más de 32.500 presos distribuidos en 36 cárceles, hay 3.200 personas. Al momento hay 1.300 aspirantes a agentes penitenciarios que están en proceso de capacitación. Esto, aunque el presidente, Guillermo Lasso dijo anoche en una entrevista que la cifra de nuevos agentes sería de 1.400 este año.
Según las cifras presentadas por esta institución, desde el 1 de enero hasta el 9 de octubre de este año la Policía realizó 3.771 operativos ordinarios, 205 extraordinarios basados en alertas, 7 especiales y 901 en conjunto con las Fuerzas Armadas, para un total de 4.884 operativos.
El trabajo
Ramos aseguró que la labor de Inteligencia en las cárceles es fundamental y ha permitido incautar 13.110 municiones, 13 artefactos explosivos, 24 tacos de dinamita, 16.293 dólares, 1.884 celulares, 3.195 accesorios, 32 kilos de droga, 3.361 armas cortopunzantes, 107 armas de fuego. Además, producto de esos operativos se han abierto nuevos procesos a 352 internos o personal cercano.
Con relación a los motines de la Cárcel de Cotopaxi y en la Penitenciaria del Litoral, el funcionario aseguró que en la de Cotopaxi la banda que tiene más afinidad es la de Los Lobos y que el motín registrado en la Penitenciaria podría deberse a una represalia a los ocurrido en Cotopaxi, donde uno de los asesinados fue Leandro Norero, uno de los principales narcotraficantes del país y aliado de varias bandas que operarían en las prisiones.
Tanto Cobo como Ramos señalaron la necesidad de contar con una Ley específica en materia de Inteligencia.
Otra comparecencia
Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos, aseguró que el censo penitenciario está avanzando y que, al momento, se ha logrado realizar el proceso en 30 de los 36 centros de rehabilitación social. Manifestó que cumplen las recomendaciones que realizó la CIDH y otras instituciones para atender a los familiares de presos asesinados en los motines.
También estuvo convocado el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, pero se excusó de asistir. El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, dijo que, en su momento, apoyaron la creación de una entidad que articulara y coordinara las acciones y políticas de seguridad pero que, hasta el momento, esa Secretaría no ha demostrado trabajo.
Informó que el proyecto de Ley de Inteligencia está en análisis por parte de su Comisión. Criticó que funcionarios no quieran revelar más detalles bajo el concepto de que es información reservada. «Es necesario transparentar la información que recibe no solo la Asamblea sino el pueblo», aseguró. Por su parte el legislador Javier Jurado dijo que es evidente que el Estado ha fallado en el control de las cárceles ya que hoy están en poder de los delincuentes.
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