La Asamblea tiene 30 días para tratar el veto parcial. Uno de los temas polémicos es el uso de caballos y perros por parte de las fuerzas del orden, ya se consideran muy importantes en la lucha contra el narcotráfico.
21 observaciones incluyó el presidente de la República, Guillermo Lasso, a la Ley de Uso progresivo de la fuerza, aprobada en segundo debate por la Asamblea el 7 de junio. El Ejecutivo remitió ayer la objeción parcial a la Legislatura, dentro del plazo límite que le da la Ley para hacerlo.
Según el texto del veto parcial, regular el uso legítimo de la fuerza es indispensable para respaldar la labor de la fuerza pública frente a la delincuencia y la violencia. Señala que el proyecto de Ley es positivo, pero que, al haberse fusionado varias propuestas de normativa, hay algunas disposiciones que van en contra del objetivo general, como, por ejemplo, la prohibición de utilización de caballería o unidades caninas, “esenciales en la lucha contra el narcotráfico”.
El Ejecutivo asegura que el veto parcial busca armonizar los textos para evitar contradicciones que puedan ser interpretadas negativamente con “relación al objetivo de tener una nación más segura”.
Entre las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo al texto aprobado por la Asamblea constan las siguientes:
- El texto original señala que las instituciones relacionadas con la seguridad podrán realizar acciones (…) complementarias en el ámbito de sus competencias. El veto señala que podrán realizar acciones de apoyo y coordinadas con otras instituciones del Estado; y elimina la palabra “complementarias” para evitar, precisamente, el conflicto de competencias.
- Observa la definición que el Legislativo le da a la “amenaza o peligro letal inminente”. Se argumenta que no se consideran aspectos técnicos; se pide que se cambie la palabra bala por munición. En esta misma observación, el Ejecutivo sugiere que cuando haya alteraciones del orden en las cárceles que ameriten la intervención de la Policía o de los militares, sea el director del centro de detención el que realice el análisis y solicite la intervención de la fuerza pública. En el texto de la Asamblea, esa potestad se le otorga a la Policía.
- De los principios para el uso progresivo de la fuerza, el veto elimina lo relacionado con la rendición de cuentas, ya que considera que eso corresponde a la exigencia que tienen las autoridades contempladas en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
- Solicita reformar el artículo relacionado con la amenaza, resistencia y agresión, ya que cree que se confunden con el orden de los niveles del uso legítimo de la fuerza, que deben ser acatados de manera obligatoria.
- Uno de los cambios que generará controversia es el artículo 44. La Asamblea recogió el planteamiento de colectivos defensores de los derechos de los animales y en el proyecto de Ley se prohíbe, explícitamente, a la fuerza pública el uso de animales para el restablecimiento del orden público, intervención y control en ocupaciones arbitrarias, en aquellos casos que pueda verse “vulnerado su bienestar”. El Ejecutivo pide reformar este artículo y sugiere como texto alternativo que las fuerzas del orden “podrán hacer uso de animales (…), siempre y cuando cuenten con el debido adiestramiento (…) y con el equipo de protección necesario para salvaguardar su bienestar”.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, informó que ya remitió el veto a la Comisión de Seguridad para que prepare el informe no vinculante. La Asamblea tiene un plazo de 30 días para el tratamiento de la objeción parcial y puede allanarse de forma total o parcial a las sugerencias del Ejecutivo con el voto favorable de los asistentes a la sesión del Pleno. También puede ratificarse total o parcialmente en los textos originales, con el voto favorable de 92 legisladores. Si en el plazo establecido la Asamblea no trata la objeción parcial, se considerará que se allana a las sugerencias y el Presidente de la República dispondrá la publicación de la Ley en el Registro Oficial.
Los argumentos
El coronel (sp) Mario Carrillo, experto en seguridad, considera que el veto parcial es positivo y que mejora los textos aprobados por la Asamblea. Agrega que hay observaciones de fondo y de forma. Entre las primeras menciona que el Ejecutivo trata de armonizar el proyecto de Ley con normativas como el Código Integral Penal y con las leyes que regulan a las Fuerzas Armadas y a la Policía.
Destaca que se permita, bajo ciertas condiciones, el uso de caballos y perros, estos últimos necesarios para el combate al narcotráfico, por lo que le extraña que la Asamblea intente prohibir la utilización de esos animales. “Una de las herramientas de las que se dispone para detectar la droga son los perros. Por ahí hay una mano oscura que no quiere que se usen”, mencionó.
En temas de forma, dice que con el veto se pone los términos correctos, como municiones en vez de balas. Para Carrillo, lo que hace falta es que esta Ley se complemente con una de seguridad privada, que considera podría haberse incorporado en esta misma normativa, ya que, según sus cifras, hay 80 mil guardias de seguridad privados que podrían realizar tareas de apoyo, sobre todo cuando algunos delitos se cometen en los alrededores de instituciones financieras.
Por su parte, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, manifestó que es una buena Ley y que las observaciones sólo son de forma a artículos relacionados con enunciados y principios que necesitan ser revisados.
El jefe de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, agregó que el texto busca enfrentar la inseguridad en el país y que son observaciones mínimas las realizadas por el Ejecutivo relacionadas con la garantía que debe tener la labor de la fuerza pública en el combate a la delincuencia.
Tanto Carrillo como Flores coincidieron en señalar que la finalidad de la Ley no es restringir el derecho a la protesta social pacífica.
Te puede interesar:
· Uso de mascarilla por el aumento de Covid-19
· La subvariante Centaurus infecta a personas vacunadas o que sufrieron la enfermedad