Con ese dinero, se podrían haber construido 30 escuelas, dos hospitales, cuatro universidades como la de Santo Domingo. Las cifras salieron del informe de la Comisión que analiza la propuesta oficial de quitar el financiamiento estatal a los partidos.
POR: Hugo Constante
Desde 2008, el Estado ha desembolsado alrededor de 200 millones para organizaciones políticas, ya sea para su funcionamiento o para la promoción de sus candidaturas en época electoral. Según las cifras de los funcionarios del Ministerio de Finanzas, proporcionadas en el proceso de construcción del informe, en estos 17 años son aproximadamente 160 millones de dólares lo que se ha entregado para promoción electoral y 40 millones para el financiamiento de las organizaciones políticas.
Así consta en el informe de la Comisión ocasional para el tratamiento del proyecto de reformas a los artículos 110 y 115 de la Constitución, propuesto por el presidente de la República, Daniel Noboa, cuyo primer debate se cumplió hoy, en el Pleno de la Asamblea.
Con ese dinero, se podrían haber construido alrededor de 30 escuelas, al precio de las escuelas del Milenio; dos hospitales como el de IESS en el sur de Quito; y poco más de cuatro universidades como la de Santo Domingo.
El artículo 110 —vigente— establece la obligación del Estado de entregar asignaciones a los partidos y movimientos políticos legalmente reconocidos para su financiamiento, que deberán ser invertidos, por ejemplo, en capacitación de sus militantes.
El 115, en cambio, establece la obligación del Estado para, a través de los medios de comunicación, garantizar de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Se los conoce como fondo partidario y fondo de promoción electoral, respectivamente, y Noboa propone su eliminación.
La disyuntiva
La presidenta de la Comisión Ocasional que tramita esta reforma, Lucía Posso (independiente), manifestó que se ha presentado un informe para primer debate que recoge las posturas de los diferentes sectores, tanto de los que están a favor de la eliminación del financiamiento, como de los que consideran necesario mantenerlo.
Manifestó que, tras escuchar a expertos en materia electoral, a representantes de organizaciones políticas, de la sociedad civil, de los promotores de la propuesta, de los organismos de control, entre otros, surge la inquietud de si se debe eliminar la entrega de esos recursos o si el problema radica en que no exista un debido control del uso de esos recursos.
Posso indicó que es una problemática que necesita un análisis profundo, ya que, por un lado, se ha identificado que los organismo de control no ejercen su labor con rigurosidad; y, por otro lado, los procesos electorales han demostrado que los partidos no están usando los recursos en capacitación de su militancia porque presentan candidatos que no salen de sus filas, sino que son “cuadros” externos a la organización política. “En muchos casos candidatizan a aventureros de la política, aquellos que aparecen una vez en una papeleta, no sacan ni el 1% de la votación y desaparecen”, reflexiono Posso. Añadió que una preocupación que se presenta es si, al eliminar el fondo estatal de promoción electoral, este pueda ser reemplazado por fondos de origen ilícito.
La asambleísta oficialista Nataly Morillo considera que, para evitar ese “aventurerismo político”, ya sea de partidos o de candidatos a costo de los recursos públicos, es necesario eliminar ese financiamiento estatal para el que quiera candidatizarse se presente a las elecciones con sus propios recursos. “Las últimas elecciones dan cuenta de que la ciudadanía está harta de tantas organizaciones políticas, muchas de ellas que son alquiladas por personajes que no son parte de ellas”, dijo Morillo.
Por su parte, Gissela Garzón, asambleísta correísta, manifestó que la última campaña electoral mostró la necesidad de que exista control estatal de la asignación de recursos ya que hubo, dijo, una campaña desigual. “No es cuestión de que el que tenga plata sea candidato”, dijo Garzón. Defendió la asignación estatal, ya que pueden existir excelentes candidatos que no tienen recursos para promocionarse. “Mientras más gruesa la campaña, más irregular la campaña. La última campaña dio muestras de esto: entrega de cocinas de inducción, ministros puestos el color del partido, entrega de bonos…”, reclamó Garzón.
Los organizaciones ‘chicas’
Los que más se oponen a esta reforma constitucional son los asambleístas de movimientos pequeños. Jaime Guevara, asambleísta del movimiento Unido por Pastaza, dijo que en países como Ecuador, para fortalecer la democracia es necesario la “mano solidaria del Estado”. Añadió que eliminar la asignación de esos recursos podría acarrear que el financiamientos provenga de “fondos oscuros” del crimen organizado. Guevara aseguró que el fondo de promoción electoral es el que permite que lleguen a cargos de elección popular a representantes de organizaciones pequeñas que no cuentan con la maquinaria económica para realizar campaña. “¿Qué va a pasar con los partidos y movimientos emergentes provinciales, cantonales y parroquiales que nutren nuestra democracia en cada una de nuestra provincias? ¿Tendrán que aliarse con esos del crimen organizado? Eso no está bien”, dijo Guevara.
Por su parte, el director del movimiento Pueblo, Igualdad, Democracia (PID), Arturo Moreno, sospecha que la verdadera intención tras este proyecto de reforma es favorecer a los partidos grandes, a pesar de que los actuales legisladores, aseguró, nacieron en organizaciones pequeñas que fueron creciendo. Moreno, cuyo partido auspició en las últimas elecciones las candidaturas de varias personas que tenían compromisos con la Ley, dijo que el movimiento oficialista, que hoy promueve la reforma, nació como una pequeña organización. En el 2023 el PID y el movimiento Mover formaron la alianza ADN para promover la candidatura de Daniel Noboa para la campaña de las elecciones anticipadas, ya que a esa fecha el movimiento de Gobierno no tenía personería jurídica.
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